Por primera vez en Colombia, conocemos estadísticas sobre la percepción de más de 600 periodistas, editores, colaboradores y directivos de medios de comunicación sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Desde la semana pasada, gracias a la encuesta más grande que se haya hecho hasta el momento, podemos aseverar, por ejemplo, que a la información pública se accede como un privilegio y no como un derecho, pues los funcionarios públicos manejan los documentos estatales como si fueran privados. El 39% de los encuestados acepta que se les exige irregularmente demostrar para qué quieren la información y 35% considera que con mucha frecuencia tienen trabas administrativas.

Sin embargo, Daniel Samper Pizano tiene otra percepción. En su columna del pasado 21 de abril en El Tiempo, basado en una antigua ley de 1912, estima que tenemos un sistema muy sano de acceso a la información y que no se requiere la ley que se tramita hoy en el congreso para regular el asunto. También opina Samper que contamos con un amplio sistema de consulta de archivos públicos y que no se justifica impulsar un órgano garante del derecho de acceso a la información. Y menos si es la Procuraduría, a quien llamó “la Gran Hermana” de Orwell, para luego anunciar con bombos y platillos en su columna Cambalache del pasado domingo 6 de mayo, que en el capitolio había sido abatido dicho monstruo orwelliano.

Si volvemos a la encuesta y nos comparamos con otros países de la región, podemos concluir que la situación de acceso a la información en Colombia está lejos de ser un jardín de rosas. Además, existen múltiples normas dispersas y mucha discrecionalidad en la divulgación informativa que a su vez genera opacidad y es caldo de cultivo de la corrupción. Para poner la casa en orden, hace falta pues que el gobierno se transparente mediante una ley estatutaria que establezca las reglas básicas del sector y un órgano que garantice su cumplimiento. Así lo ha reconocido la Relatoría para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública de la OEA y lo ha demostrado el éxito en México, Chile y Canadá de lo que Samper llama “la gran hermana”.

En Colombia, hay buenas razones para que este rol lo desempeñe la Procuraduría, que no debe confundirse con su actual representante. Por un lado, esta institución ya tiene funciones preventivas para garantizar y vigilar este derecho fundamental y por otro, de tiempo atrás cuenta con funciones disciplinarias (art. 277 CP). Así, se evitaría entonces más burocracia y más gasto público, al tiempo que se podría sancionar a quien impida ilegalmente que conozcamos lo que hace el Estado con nuestros impuestos. Además, el equilibrio de poderes contrarrestaría cualquier riesgo de gran hermana pues si en la ley se confirma que la garantía de este derecho se acompaña de tutela, los jueces de tutela controlarán judicialmente lo que la Procuraduría monitorea por vía administrativa. De manera que el congreso no puede crear este monstruo y tampoco puede abatirlo porque el proyecto de ley sólo recoge y organiza racionalmente reglas democráticas que ya existen.

Pero, más allá de monstruos y grandes hermanas – que conste que yo quiero mucho a las mías- es realmente muy bueno que Samper se haya sumado al gobierno abierto. Su posición, aunque podría ser más informada, en todo caso ha impulsado la corrección de otros errores que tenía el proyecto, lo que da fe de su experiencia de periodista investigativo y de su preocupación ciudadana. Y, gracias a sus llamados, el congreso se encuentra atento a un mejor proyecto de acceso a la información pública. Esperemos ahora que su columna siga sintonizada con el tema, ofreciendo beneficios a la construcción legislativa y a la transparencia.