El 30 de septiembre la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, una instancia de participación de diversas personas y organizaciones con interés en la promoción de los derechos humanos en los centros de reclusión del país, presentó su Primer Informe ante la Corte Constitucional, donde se dio respuesta a dos informes que previamente había presentado el Gobierno Nacional sobre el desarrollo de las órdenes de la sentencia.

Allí se realizaron observaciones generales sobre el manejo de la política criminal y penitenciaria pues se consideró que el nuevo Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria, trasciende los establecimientos mencionados en la sentencia, y que para superarlo es urgente el avance hacia un sistema coherente de políticas estatales e institucionales respetuosas de los derechos humanos.

Además, se expuso la situación particular de poblaciones LGBTI, mujeres, indígenas y presos políticos, y se declaró la falta de información e indicadores de goce efectivo de derechos para evaluar la idoneidad de las medidas implementadas por el Gobierno en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado. Finalmente, la Comisión ha solicitado una audiencia pública ante la Corte Constitucional con el objetivo de presentar el informe y resolver las dudas que éste haya generado.

La Comisión se constituyó como un espacio para la consulta de propuestas que permitan superar el ECI, convocando a parte de la sociedad civil a realizar un monitoreo del cumplimiento de las órdenes emitidas y un debate en torno a alternativas de política criminal.

Dejusticia, como parte de la Comisión, resalta la necesidad de abordar nuevas miradas y estrategias de intervención del fenómeno de la criminalidad, y el uso excesivo de la privación de la libertad en nuestra sociedad.

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