Injusticia ‘made in USA’

Por: César Rodríguez Garavitojunio 19, 2008

AHORA QUE LOS PARAS SE FUERON, todo el mundo ha puesto la fe en el acuerdo con Estados Unidos, que promete condenarlos allá por todo lo que hicieron acá.


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Le apuesta al dichoso pacto el Gobierno colombiano, que lo negoció y sigue siendo el único que lo conoce en el país. Y le prenden una veladora las víctimas, que no tienen otro remedio. Lo que no se ha dicho es que semejante “acuerdo jurídico-político”, si existe, es imposible de cumplir, tanto por razones jurídicas como por razones políticas.

Comencemos por las jurídicas. Cualquiera que haya visto cómo funciona el sistema judicial gringo sabe que los jueces no reciben órdenes de nadie, y mucho menos del Gobierno. Porque la independencia judicial allá es en serio y porque el sistema federal impide imponer desde Washington la agenda de los jueces que van a juzgar a los ‘paras’ en Nueva York o Florida. Y los fiscales estarán atados por la tarea que les imponen las órdenes de extradición: investigar a los ‘paras’ como narcotraficantes y no como otra cosa. Esto es lo que los juristas llaman el “principio de especialidad”.

Pero hay más: los jueces y el sistema jurídico estadounidense son alérgicos a emprender cruzadas universales de Derechos Humanos. Por motivos históricos y políticos, el derecho estadounidense está basado en una interpretación estricta del principio de jurisdicción nacional, que, traducido a cristiano, significa que los jueces no meten las narices en casos que suceden en otros países o no afectan directamente a sus ciudadanos.

Por eso allá no hay ni un sólo juez como el español Baltazar Garzón que desde su estrado haya perseguido por el mundo a dictadores y violadores de Derechos Humanos. Por eso también han naufragado casi todas las demandas contra compañías multinacionales estadounidenses por supuestas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en otros países. Para la muestra están el caso reciente de Chiquita y muchos otros en los que víctimas y ONG de todo el mundo han pedido sin éxito que se aplique una vieja ley (la Alien Tort Claims Act) que existe para el efecto.

Así que hay que bajarse de esa nube: la justicia norteamericana no va a abanderar la causa de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas que le correspondía y le quedó grande al Gobierno colombiano.

Las razones políticas nos terminan de aterrizar en el mundo real. No hay que ser experto en relaciones internacionales para darse cuenta de que Estados Unidos —como todas las potencias en todas las épocas— es el último interesado en liderar un sistema universal de castigo a las violaciones de Derechos Humanos, por la sencilla razón de que sus ciudadanos (comenzando por sus soldados) serían sometidos a él. De ahí que su gobierno se haya negado a endosar la Corte Penal Internacional y haya sido ambiguo en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a su “guerra contra el terrorismo”.

El resultado de todo esto no es culpa de los gringos, que tienen su propio sistema y sus propias prioridades. Pero sí del Gobierno colombiano, que debería tener otras. Los que salen perdiendo son las víctimas, que —a menos de que consigan los aliados, la plata y la visa para el trasteo al norte— no podrán seguir los juicios siquiera a distancia. Y, como van las cosas, se tendrán que conformar con ver a sus victimarios en los dibujitos de los ilustradores de las cortes gringas. Lo demás es engañar o pensar con el deseo.

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