A  35 días  de las movilizaciones por el paro nacional, la Minga, el campesinado y la institucionalidad anuncian un consenso para desbloquear las vías en el Cauca; la Unión de Resistencia-Cali Primera Línea y la institucionalidad de esa ciudad instalarán una mesa de diálogo con garantías, y el Comité del Paro solicitó el desescalamiento de bloqueos. Estos grandes gestos de prevalencia del diálogo contrastan con el Decreto 575 de 2021 del Presidente Duque y su Ministro del Interior que ordena a ocho gobernadores/as y alcaldes/as de dos ciudades y 11 municipios coordinar con las autoridades militares y la policía el uso de “la asistencia militar” para controlar los bloqueos en esos lugares. 

En principio, los bloqueos están amparados por el derecho a la protesta pacífica (artículo 37 de la Constitución), por tratarse de una de las formas disruptivas de llamar legítimamente la atención sobre las demandas sociales en juego. Sin embargo, en las actuales condiciones, muchos de los bloqueos que persisten en el territorio nacional han empezado a generar afectaciones graves y desproporcionadas a derechos de terceros, bien sea por la persistencia del bloqueo, por la inflexibilidad en el mismo o por hechos de violencia sobreviniente. Cuando tienen lugar estos factores, la estrategia deja de estar protegida constitucionalmente. 

Desde Dejusticia creemos pertinente que los bloqueos desproporcionados cesen, sin que esto implique que termine la protesta o que se dejen de lado las demandas sociales por las que reclaman los manifestantes. El éxito del  paro nacional dependerá de que se cumplan sus objetivos y de que la protesta no sea estigmatizada en el futuro por sus efectos negativos sobre terceros. De allí la importancia de que quienes mantienen los bloqueos desproporcionados consideren su levantamiento e inicien procesos de diálogo con la institucionalidad. 

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Así las cosas, al emitir el decreto 575, el gobierno estaría buscando proteger legítimamente a quienes han visto afectados sus derechos de manera desproporcionada, pero bajo premisas problemáticas: 

Primero, deja de lado las vías democráticas para hacer frente a los bloqueos y adopta como única estrategia el uso de la fuerza. La protesta y los bloqueos deben gestionarse de manera democrática, privilegiando el diálogo y la negociación. El uso de la fuerza debe ser el último recurso para restablecer el orden, y cuando se justifique su uso debe ser proporcionado y cumplir con estándares legales, constitucionales y de derechos humanos. Sin embargo, el decreto no establece condiciones para el uso de la fuerza. 

Segundo, en lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. 

Tercero, el decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta.  

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En ese sentido, desde Dejusticia hacemos un llamado al presidente Iván Duque para que revise la pertinencia de sus órdenes e insista en el diálogo como la salida más adecuada para desescalar la violencia en las calles. Una concertación con los sectores que promueven el paro, y en la que el gobierno reconozca que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza, como se ha manifestado en los consensos logrados en el suroccidente del país y como lo han documentado distintos organismos y medios de comunicación, sería un gran paso hacia el fin de esta crisis. El malestar ciudadano también sería menor si el Gobierno dialogara con propuestas que permitan enfrentar las principales razones del descontento: pobreza agravada por la pandemia, desempleo juvenil, corrupción, abuso policial, entre otras. 

Nos dirigimos también a los alcaldes y gobernadores de los lugares en los que aplica el decreto para que desde sus funciones y posibilidades privilegien el diálogo y la negociación con los manifestantes por encima del uso de la asistencia militar, para concertar el levantamiento de los bloqueos que generan las más graves afectaciones a la población. 

Las marchas nos han concientizado sobre la necesidad de promover grandes cambios sociales cuya legitimidad democrática se alcanza y mantiene en un contexto de garantía y respeto a los derechos humanos, armonía y diálogo social.