La semana pasada, un juez de Lorica sacó de la cárcel a un ex alcalde sindicado de ‘parapolítica’ y lo hizo por medio de un fallo de tutela en el que se modificaba lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en relación con el delito de concierto para delinquir.

La decisión del juez de Lorica produjo un rechazo generalizado. Sin embargo, hubo desacuerdos sobre las causas que originaron ese fallo y sobre la manera como se deberían evitar ese tipo de decisiones judiciales disparatadas.

Para la mayoría, el mal radica en los jueces, en su deficiente formación, en su inexperiencia, o en su disposición a dejarse corromper. Para otros, en cambio, el problema está en la acción de tutela. Según estos últimos -allí están los voceros del Gobierno-, el problema está en que la acción de tutela les entrega poderes excesivos a los jueces. A mi juicio, ninguna de las dos opiniones tiene en cuenta la debilidad de la justicia en zonas que tienen presencia de actores armados. Esa, creo yo, es la principal causa de los males de la justicia.

Empiezo diciendo que el Gobierno tiene buenas razones para defender algunos de los resultados de su política de seguridad democrática, pero el fortalecimiento de los jueces no es uno de esos resultados, y mucho menos cuando se trata de jueces que operan en municipios afectados por el conflicto armado.

Durante los últimos meses he estado mirando los datos de oferta y demanda de justicia, es decir, lo que ingresa (demandas) y lo que sale (sentencias), en los juzgados que están en zonas de conflicto armado. Los resultados son alarmantes. Sin entrar en detalles, cuando hay presencia de actores armados, las cifras de lo que ingresa a los juzgados y de lo que sale se disminuyen a cerca de la mitad. Las cifras de la justicia penal son aún más preocupantes. En los municipios con presencia guerrillera, las sentencias condenatorias de hurto, por ejemplo, se reducen a la tercera parte y cuando hay presencia paramilitar, a la quinta parte. En relación con el homicidio simple, la oferta y la demanda se reducen a la tercera parte cuando hay actores armados. De otra parte, los jueces civiles que están en estos municipios violentos se dedican a resolver procesos de menor importancia y cuantía; muy pocos conflictos sobre tierras o propiedad pasan por sus despachos.

No basta con tener un juzgado para que exista justicia. Los jueces que están en zonas de conflicto armado -aproximadamente 400- operan con toda la apariencia de normalidad. Sin embargo, cuando se mira en detalle lo que hacen, se constata que allí lo que existe es, o bien una justicia oficial que compite con una justicia ilegal, o bien una justicia inocua, que no tiene trabajo porque no hay conflictos, y no los hay porque la población vive fajo la férula de un ejército de ocupación.

Nada de esto parece interesar al Ministerio del Interior, ni a la División de Justicia de Planeación Nacional y menos aún al Consejo Superior de la Judicatura. Para todos esos burócratas de la justicia lo importante es que los jueces estén nombrados. Esos funcionarios de escritorio se meten la mentira -y nos la meten a los ciudadanos- de que en los territorios donde operan los actores armados hay justicia por el simple hecho de que hay juzgados.
Pero, eso sí, cuando uno de esos jueces alcanza a tomar una decisión y la toma mal, como en el caso del juez de Lorica, le echan la culpa a la tutela.

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No es difícil armar una guerra a punta de palabras. Dos pueblos pueden llegar a matarse cuando sus gobernantes incendian los espíritus desprevenidos de la gente con un lenguaje desmesurado.