El pasado 29 de octubre, el #JuicioALaDeforestación tuvo como centro de debate al Guaviare,  tercer departamento más deforestado del país en 2018, según el Ideam y donde el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia a la sentencia STC4360-2018 fue evidente.

Para entender el fenómeno de la deforestación en esta zona del país es necesario saber que ahí confluyen varios motores, como vías ilegales, cultivos de coca, ganadería extensiva, grupos armados, acaparamiento y especulación de tierras. El caso es complejo de enfrentar y algunas políticas departamentales se centran en eso. Sin embargo, la Gobernación no estuvo en capacidad de mostrar los alcances y resultados que ha obtenido.

“Es difícil encontrar una presentación más genérica que esta. Es preocupante. Nos van a obligar a tomar medidas”, reiteraron los jueces del #JuicioALaDeforestación, quienes aseguraron sentirse perplejos ante la falta de información, teniendo en cuenta la gravedad de la situación en el Guaviare.

Encuentre aquí todo lo relacionado con las audiencias en el Tribunal Superior de Bogotá en el #JuicioALaDeforestación

Durante la audiencia, el departamento no entregó información sobre quiénes podrían ser estos grandes deforestadores, pese a la creación de comités y mesas para discutir la problemática, la gobernación dijo no tener avances en formulación de estrategias para frenar la deforestación. Frente a esto, la Gobernación del Guaviare justificó que sus territorios “son de acceso difícil y están permeados por disidencias de las Farc. Son altamente peligrosos y hemos tenido pérdidas humanas”.

La Gobernación reconoció que su intervención no estuvo a la altura, se disculpó y solicitó tiempo para entregar unos informes más completos. “Nos faltó preparación para poder estar aquí con altura. Reconozco falencias”, aseguró el representante y denunció una falta de apoyo, acompañamiento y articulación con el Gobierno central.

Los interrogantes

Con la rendición de cuentas del Guaviare quedaron más dudas que certezas. La primera tiene que ver con el informe del diario El Espectador en el que se revelaron denuncias sobre la presunta relación del Gobernador del Guaviare Nebio Echeverry Cadavid con la deforestación del departamento. “Personas allegadas al señor Echeverry Cadavid venían, desde hacía varios meses atrás, apoderándose de los predios de algunas familias campesina”, reseñó el medio de comunicación.

“No puedo decir algo que no me consta. El principal degradante del departamento no es la Gobernación. Las acciones individuales son otra cosa”, respondió el representante frente a la investigación periodística.

El segundo interrogante que arrojó la audiencia fue sobre quiénes son los grandes deforestadores del departamento. Esto evidencia una desconexión del Gobierno Central y las autoridades locales pues, a pesar de que a nivel nacional se dice que están identificados, en el territorio acusan a un grupo de “inversionistas con una capacidad económica muy fuerte” de ser quienes deforestan, pero cuando se les pregunta por nombres propios, responden que no tienen esa información.

La falta de articulación también quedó expuesta en las denuncias de abandono a nivel de seguridad y presupuesto. “Si tuviéramos una presencia más fortalecida, con acompañamientos y recursos directos, tendríamos mejores resultados. Pero estamos solos en el territorio cumpliendo una orden con efectos inmediatos”, se quejó el representante del departamento. Tampoco hubo muestras de acciones precisas ni articuladas con los ministerios de Defensa y transporte para acabar con las vías ilegales.

Por otro lado, los entes de control y los jueces se mostraron sorprendidos por la falta de conocimiento de las autoridades frente a las comunidades étnicas del departamento. Esto conlleva a que no haya un mapeo de estos pueblos ni se adelante con ellos acciones para frenar la deforestación. “Quedamos perplejos. Esto es muy preocupante. Avanzan en planes de acción y proyectos, pero no dicen nada en cuanto a las consultas previas que obligatoriamente hay que desarrollar con esas comunidades”, se quejaron los magistrados.

La Defensoría del Pueblo también se mostró sorprendida ante la intervención: “Nos preocupa cómo se han gestado todos esos planes de los que hablan, si lo que se evidencia es un desconocimiento de sus territorios y sus gentes”. Aunque la Gobernación reconoce que existen focos de deforestación en el resguardo Nukak Makú, dice que no ha podido hacer presencia en territorios indígenas y no es claro cómo el departamento se ha articulado con la ANT para proteger estas zonas.

Los accionantes, por su parte, se cuestionaron por el avance de los cultivos de palma en la región y la Gobernación respondió que las plantaciones no se están fomentando desde la institución, pero no reseñó medidas para frenar esto.

Las certezas

La intervención de la Gobernación de Guaviare dejó algunas luces. La primera es que el fenómeno de la deforestación está ligado a un problema de orden público. Según ellos, disidencias de las Farc -comandadas por Gentil Duarte- fueron identificadas como uno de los grandes promotores de la deforestación.

Otra certeza es que, aunque en el departamento sigue habiendo coca, no es uno de los principales motores de deforestación. La Gobernación aseguró tener detectadas 4.000 hectáreas con cultivos ilícitos, esta cifra es menor si se compara con las 34.527 hectáreas deforestadas que reportó el Ideam en el departamento durante 2018. También quedó claro que no existe una radiografía completa del fenómeno de la concentración de tierras en el departamento y su relación con la deforestación.

Tras concluir la intervención, quedó claro que el delegado por el departamento del Guaviare no estuvo en capacidad de conectar el impacto de las políticas implementadas con la reducción de la deforestación. La Gobernación de Guaviare se comprometió a entregar el próximo 15 de noviembre la información y los documentos exigidos por los magistrados. También debe mostrar las evidencias de que ha solicitado ayuda al Gobierno Nacional para ingresar a las zonas de deforestación y que estas peticiones han sido negadas.

Los representantes de los municipios citados también denunciaron la falta de recursos y de acompañamiento por parte del Gobierno Central para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. “Hay un déficit de apoyo a los municipios por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA. Les pedimos que se adopten medidas especiales, porque municipios como Calamar no podrán actuar, pues se encuentran en unas condiciones de recurso humano sinceramente precarias”, solicitaron los magistrados.

Por último, los jueces solicitaron a las autoridades locales más detalles sobre las denuncias de abandono estatal. “Queremos que nos hagan llegar un informe con las dificultades que se han presentado, contándonos cómo ha sido la articulación con CDA y el Ministerio de Ambiente. Debemos saber cuáles son las deficiencias y cómo han incidido en el bajo adelantamiento de la sentencia. Tienen que pensar en una estrategia de financiamiento, porque sin eso no va a funcionar ningún plan”, puntualizaron.