En el cierre de la cuarta semana del #JuicioALaDeforestación, la Gobernación de Putumayo y 13 municipios tuvieron la oportunidad de mostrar los avances alcanzados en el cumplimiento de la Sentencia STC4360-2018. A la audiencia llegaron Orito, Puerto Guzmán, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Santiago, Villagarzón y Colón. Sin embargo, faltaron San Francisco, San Miguel, Sinbundoy y Puerto Caicedo, pese a que estaban citados.

En la sesión que se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de noviembre surgió una nueva preocupación entre los magistrados. Se trata de la existencia de planes de acción contra la deforestación aparentemente estructurados, pero imposibles de ser cumplidos por parte de los gobiernos locales debido principalmente a ausencia de personal, presupuesto, falta de apoyo del Gobierno nacional y condiciones de seguridad.

“No se trata de presentar aquí informes formales, sino de cuál es la realidad”, reiteraron los magistrados durante la audiencia, pues los municipios no pudieron responder a interrogantes como de dónde saldrán los recursos para poder dar cumplimiento a las promesas hechas en el papel. A raíz de esto, solicitaron a los municipios llevar cifras y necesidades puntuales para poder cumplir con la orden de la Corte Suprema de Justicia de proteger la Amazonía colombiana de la deforestación.

Los magistrados fueron más allá y exigieron más acciones en vez de quejas por la falta de presupuesto. “¿Existe un cronograma? ¿Cuál es el cronograma? «El papel aguanta todo (…) estos cumplimientos formales de la sentencia son muy bonitos, pero generan grandes inquietudes. Tienen que ser realistas”,”, cuestionaron y pidieron más transparencia a la hora de hacer promesas y más compromiso y celeridad con los planes para frenar la deforestación en los territorios.

Veeduría ciudadana, comprometida con el #JuicioALaDeforestación

Un hecho positivo de la sesión fue el compromiso de las comunidades con las rendiciones de cuentas de las autoridades locales. La sala de audiencias en Mocoa, desde donde intervinieron las autoridades locales, estuvo llena. Algunos ciudadanos y activistas asistieron para escuchar los avances e informes presentados.

Una de las organizaciones que hicieron presencia fue la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica ADISPA, que intervino y sostuvo que la explotación petrolera es un motor de deforestación importante en la Zona de Reserva campesina de Puerto Asís. Este detalle no había sido mencionado por ningún municipio pues, según los voceros, motores como los cultivos de coca y la ganadería extensiva son más determinantes para la deforestación en el departamento.

Según cifras publicadas por el Ideam, Puerto Leguízamo (3.343 hectáreas en 2018) y Puerto Guzmán (7.053 hectáreas en 2018) son los municipios más deforestados en el Putumayo. Según los voceros, el principal motor es la ganadería. La Gobernación también asegura que hay influencia de otros departamentos en esta problemática, pues se trata de municipios fronterizos con otras regiones.

Entre otras barreras para dar cumplimiento a la Sentencia, los municipios también denunciaron presuntas dificultades a la hora de sacar adelante los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) que contemplen medidas para frenar la deforestación. “Hemos tenido proyectos regionales y departamentales infructuosos. Aspiramos a que el departamento nos apoye, porque no se puede hablar de desarrollo, progreso y protección del medioambiente si no se tiene un esquema de desarrollo territorial acorde a las circunstancias”, aseguró el vocero de Santiago, Putumayo.

Frente a las solicitudes de articulación por parte de los municipios, la Gobernación insistió en la necesidad de crear un programa de sustitución de cultivos con un enfoque territorial andino amazónico para frenar la deforestación por cultivos ilícitos.

Durante la audiencia volvió a mencionarse el operativo militar contra la deforestación realizado en el Parque Nacional Natural La Paya en el que se denunciaron abusos de la fuerza pública a campesinos por medio de capturas y quemas de viviendas y pertenencias. En medio de esta discusión hizo falta presencia de Parques Nacionales, que no asistió a la audiencia.

Una vez más los accionantes hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a los entes de control para reiterar que la Sentencia de la Corte y las medidas que se tomen para el control de la deforestación no deben estar enfocadas a campesinos, quienes son el eslabón más débil en esta problemática.

El #JuicioALaDeforestación llega a su quinta semana y continúa este 13 de noviembre. Siga el cubrimiento a través de nuestras redes sociales @Dejusticia. Si usted desea exigirle al Gobierno que tome medidas definitivas para frenar la deforestación en el Amazonas colombiano, únase a la conversación en redes sociales con las etiquetas #JuicioALaDeforestación y #TodosSomosAccionantes.