Jurado halla responsables a expresidente boliviano y a ministro de Defensa por ejecuciones extrajudiciales de indígenas

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín utilizaron fuerza militar para acallar protestas contra políticas del gobierno en el 2003. En ese momento las fuerzas de seguridad asesinaron a 58 personas e hirieron a más de 400, la mayoría de la comunidad indígena Aymara.

3 de abril, 2018, Fort Lauderdale, FL – Hoy, en una decisión emblemática, un jurado federal halló al expresidente de Bolivia y a su ministro de Defensa responsables por las ejecuciones extrajudiciales que realizaron los militares bolivianos, quienes mataron a más de 50 de sus propios ciudadanos e hirieron a más de 400 durante un período de disturbios civiles en 2003. La decisión llega después de una batalla legal de diez años dirigida por los familiares de ocho personas ejecutadas en lo que se conoce en Bolivia como “La Guerra del Gas.” Los familiares vinieron de Bolivia a testificar en el juicio civil que empezó el 5 de marzo. Es ésta la primera vez en la historia de los Estados Unidos en que un ex jefe de estado se sentó ante sus acusadoras(os) en un juicio civil en los EUA sobre derechos humanos. El jurado otorgó un total de $10 millones de dólares en daños y perjuicios a los demandantes.

Tanto el expresidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, como su antiguo ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, han estado viviendo en los Estados Unidos desde que huyeron de Bolivia después de la masacre de 2003. En Bolivia, cinco excomandantes militares cuyas acciones dependían de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron condenados en 2011 por sus roles en las ejecuciones de 2003. Tanto Sánchez de Lozada como Sanchez Berzaín fueron imputados en el mismo caso, pero no pudieron ser juzgados in abstentia según la ley boliviana.

“Después de muchos años de luchar por justicia para nuestros familiares y el pueblo de Bolivia, celebramos esta histórica victoria,” dijo Teófilo Baltazar Cerro, un demandante y miembro de la comunidad indígena aimara, quienes fueron víctimas de la decisión de utilizar fuerza militar masiva en contra de la población. “Quince años después de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron de la justicia, finalmente les pedimos cuentas por la masacre que ordenaron contra nuestra gente.”

En Mamani v. Sánchez de Lozada and Sánchez Berzaín, las familias de ocho bolivianos(as) ejecutados(as) entablaron una demanda contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en 2007, alegando que ambos planificaron y ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. El veredicto de hoy reafirma los reclamos de los demandados de que los demandantes eran legalmente responsables por las ejecuciones extrajudiciales y que decidieron desplegar fuerzas militares letales en comunidades civiles para aplastar violentamente la oposición a sus políticas. Además de las muertes, más de 400 personas civiles desarmadas fueron heridas por disparos.

El juicio de tres semanas incluyó el testimonio de 29 testigos de toda Bolivia que recontaron sus experiencias en la masacre de 2003. Veintitrés asistieron en persona. Ocho demandantes testificaron sobre la muerte de sus familiares, entre ellos: Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue ejecutada en frente de su madre con un solo disparo que entró por la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, fue ejecutada con una bala disparada a través de la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años de edad, estaba a la vera del camino cuando fue ejecutado de un disparo; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue ejecutado de un disparo mientras trabajaba en su chacra. Un testigo, un antiguo soldado en las filas de los militares bolivianos, testificó que se le ordenó disparar “a lo que se moviera” en una comunidad civil. Otro testigo contó haber visto a un oficial militar matar a un soldado de su propia tropa por rehusarse a seguir sus órdenes de disparar a civiles desarmados. Otros testificaron que el presidente y el ministro de Defensa se comprometieron a una opción militar en vez de dialogar con dirigentes comunitarios en pos de un acuerdo pacífico.

En 2016, una corte de apelaciones de los Estados Unidos sostuvo que los demandantes podían proceder con sus demandas según la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA, Torture Victim Protection Act), que autoriza juicios en la corte federal de los EUA por ejecuciones extrajudiciales. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín solicitaron entonces una revisión por la Corte Suprema de los EUA en 2017. La solicitud fue denegada y el caso fue devuelto a la Corte de Distrito de los EUA. Después de revisar la evidencia reunida por ambas partes, el 14 de febrero el juez James Cohn de la Corte de Distrito determinó que los demandantes habían presentado suficiente evidencia para proceder a un juicio.

“Los demandantes demostraron una inmensa valentía en buscar justicia implacablemente por más de una década,” dijo Judith Chomsky, abogada de cooperación para los demandantes del Center for Constitutional Rights [Centro de Derechos Constitucionales]. “Han sido un ejemplo para todos los que luchan por la rendición de cuentas por los abusos contra derechos humanos en todo el mundo.”

“Este éxito no solo es una victoria trascendental para los demandantes y el pueblo de Bolivia, pero afirma que nadie está encima de la ley,” dijo Tyler Giannini, codirector de Harvard Law School International Human Rights Clinic [Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de Harvard].

“La victoria de los demandantes envía una señal inequívoca a los perpetradores de todo el mundo de que se los puede responsabilizar por abusos contra los derechos humanos en los Estados Unidos,” añadió Susan Farbstein, codirectora de Harvard Law School International Human Rights Clinic.

Después de que el jurado anunció su veredicto, los demandados entregaron una petición pidiendo al juez que revoque la determinación del jurado de responsabilidad contra ambos acusados. Ambas partes presentarán información sobre este tema en las próximas semanas.

Los familiares están representados por un equipo de abogados de Center for Constitutional Rights, Harvard Law School International Human Rights Clinic, y los bufetes de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP, y Akerman LLP. Una integrante de Dejusticia es abogada de cooperación.

Para mayor información, visite la página del caso (case page) del Center for Constitutional Rights.

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