Vivimos tiempos difíciles en los que la justicia está perdiendo espacio, incluso en las ilusiones de las personas. Estamos en medio de la confluencia de múltiples crisis de dimensiones globales. La emergencia climática amenaza las posibilidades de vida sobre el planeta para los humanos y otras especies. Además, las desigualdades se han profundizado en múltiples regiones y países alrededor del mundo. A estas crisis ambiental, climática y económica se ha sumado el regreso de guerras internacionales y su enorme saldo de víctimas y afectaciones, así como el aumento de regímenes con tintes autoritarios. Cada crisis genera injusticias que se acumulan y suelen afectar con mayor rigor a las personas y comunidades más empobrecidas, excluidas y discriminadas.

En un contexto como este, no es extraño que la justicia también haga parte de la crisis. Las instituciones establecidas para hacerla realidad enfrentan problemas profundos. En los últimos años, los sistemas judiciales nacionales se han debilitado. De acuerdo con el más reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el 66% de los sistemas de justicia civil y el 56% de los sistemas de justicia penal se debilitaron entre el 2022 y el 2023 en los países encuestados. Cada vez más personas sienten que los sistemas judiciales no logran responder a sus problemas. Así, mientras las necesidades de las personas crecen, por cuenta de las crisis globales que enfrentamos, la efectividad de los sistemas judiciales decrece.

Las razones que explican por qué la gente percibe que las instituciones judiciales se están debilitando son múltiples. Bajos niveles de acceso a la justicia, demoras en las decisiones judiciales, altos niveles de impunidad y corrupción hacen parte de ellas. En otras ocasiones,

Estos factores muestran que la crisis de la justicia no es únicamente un asunto de percepción, sino el resultado de problemas reales que tienen implicaciones serias en la vida de las personas. Nadie podría negar que un sistema judicial inaccesible y corrupto no tiene la vocación de responder a las necesidades de la población.

La crisis de la justicia no es la misma en todos los países y regiones. Hay variaciones importantes en la forma como se expresa el debilitamiento de los sistemas judiciales y en la profundidad de la crisis. En Guatemala, por ejemplo, el sistema judicial se debate entre la cooptación por parte de una red de corrupción política y económica y la criminalización y persecución de aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que se han opuesto a dicha cooptación. En todo caso, incluso países que fueron reconocidos por tener sistemas judiciales fuertes y con capacidad para garantizar derechos y enfrentar retrocesos democráticos están enfrentando problemas de legitimidad, y la confianza ciudadana en ellos se está erosionando. En Estados Unidos, por ejemplo, la confianza en el sistema judicial, que era el poder público con mayores niveles de credibilidad, comparado con el legislativo y el gobierno, ha disminuido en un 25% en los últimos veinte años.

Esta entrega de nuestro boletín global hace una invitación a pensar distintas dimensiones de los problemas de los sistemas judiciales y de la justicia tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo podemos pensar y lograr sistemas de administración de justicia en lo local, nacional e internacional que sean más democráticos y respetuosos de los derechos humanos? Esto implica, por supuesto, fortalecer su independencia e imparcialidad, pero siempre desde la transparencia y rendición de cuentas.

En nuestra primera entrada, Paola Molano y Paula Valencia reflexionan sobre la justicia para quienes han sido víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos por parte del gobierno Maduro en el contexto de protestas contra el régimen. Ante la falta de independencia del sistema judicial venezolano, las autoras analizan qué posibilidades tiene la Corte Penal Internacional (CPI) de brindar justicia a las víctimas.

Aunque las autoras se concentran en la investigación que abrió la CPI en Venezuela, su análisis nos deja varias preguntas relevantes: ¿Es posible que la justicia internacional sea un buen camino para quienes no pueden encontrar justicia en los sistemas judiciales nacionales y locales? y ¿en qué casos esto puede ser posible? Existe abundante literatura que nos alerta sobre las limitaciones de la Corte Penal Internacional. Aunque se estableció para buscar justicia frente a los crímenes más graves que afectan a la humanidad, su acción ha sido lenta y su falta de mecanismos de ejecución hace que dependa excesivamente de los vaivenes de la política internacional. Sin embargo, en lugares con bloqueos institucionales como Venezuela, sigue siendo una fuente de esperanza para quienes buscan justicia.

En el blog global de María Adelaida Ceballos y Kelly Giraldo, podrán encontrar una reflexión muy potente sobre la reforma judicial que instaura la elección popular de jueces y que recientemente fue aprobada en México. Esta reforma es el resultado de una profunda crisis en el sistema judicial de ese país, que durante años dio muestras de ser inoperante y poco transparente. Sin embargo, lejos de enfrentar los problemas estructurales de la justicia, esta reforma pone en riesgo sus valores más fundamentales, como la independencia, idoneidad e imparcialidad judicial.

Los sistemas de nominación y selección de jueces y magistrados son fundamentales para lograr buenos sistemas judiciales. De allí la importancia de pensar cuáles son los mejores sistemas de acuerdo con los estándares internacionales y los contextos específicos en donde deben implementarse. Además de invitarnos a pensar en las características de los mecanismos de selección dentro del sistema judicial, este blog nos deja preguntas sobre cuáles son las reformas y políticas que pueden ayudar a enfrentar las crisis de los sistemas judiciales, pues es claro que una mala reforma, en lugar de enfrentar la crisis, la puede profundizar.

El blog que co- escribí con Daniel Medina vuelve a situarnos en el caso de Venezuela, esta vez para analizar cómo el sistema judicial ha permitido y facilitado estrategias de represión frente a las protestas en las que se instrumentaliza la lucha contra el terrorismo como una forma de acallar a quien piensa diferente, incluso si se trata de niños, niñas y adolescentes. Este blog nos permite ver, por una parte, que el sistema judicial venezolano no ofrece garantías para los y las ciudadanas, pues no es independiente con respecto al régimen de Maduro. Por la otra, nos permite explorar la forma como el sistema judicial se convierte en un factor clave en el debilitamiento de la protesta y termina generando vulneraciones a los derechos humanos por cuenta de una lucha contra un terrorismo, en este caso inexistente.

El blog de Mauricio García Villegas nos hace una invitación a pensar los derechos humanos desde una perspectiva cosmopolita. En lugar de concentrarnos en las cosas que nos separan, se trata de trabajar en y por los derechos humanos de todos y todas las personas, más allá de las fronteras. Este llamado, aplicado a la lucha por el fortalecimiento de los sistemas judiciales, nos permite plantearnos visiones contemporáneas de los derechos humanos que nos puedan ayudar a avanzar en soluciones adecuadas para los problemas de los sistemas de justicia.  Soluciones que nos permitan luchar contra lo injusto y volver a una justicia que ilusione los corazones de las personas y se convierta en una realidad en sus vidas.