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Justicia opaca

Rodrigo Uprimny Yepes
noviembre 1, 2015

Publicado en: El Espectador

La reforma constitucional del equilibrio de poderes sustituyó al desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura por un nuevo Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), entre otras cosas, para lograr mayor transparencia en la justicia. Pero el remedio puede resultar peor que la enfermedad por la manera opaca y cuestionable como está siendo integrado este nuevo CGJ.

 

El asunto no es menor pues el CGJ es no sólo una especie de junta directiva de la rama en temas presupuestales, reglamentarios y administrativos, sino que además tendrá una influencia decisiva en quiénes serán los futuros jueces y magistrados en Colombia. Difícilmente tendremos una mejor justicia si ese CGJ no queda bien integrado y no es transparente.

La reforma constitucional estableció una composición de ese CGJ que algunos criticamos por corporativa, pues está integrada esencialmente por miembros de la rama: los tres presidentes de las cortes y dos representantes de los funcionarios y empleados judiciales. La respuesta a estas críticas fue ampliar el CGJ: los anteriores cinco miembros del CGJ elegirían a otros tres miembros permanentes, que tendrían buena formación para orientar las políticas públicas de la justicia y no provendrían obligatoriamente de la rama, con lo cual aumentaría la calidad técnica del CJG y habría voces distintas a las de los jueces y magistrados.

Infortunadamente esas promesas no se han cumplido y corremos el riesgo de que, en forma poco clara, los tres miembros permanentes electos sean de poca calidad técnica y provengan de la propia rama. Por límites de espacio, destaco sólo dos preocupaciones.

Primero, la convocatoria aligeró los requisitos para el cargo. La Constitución exige que sean personas con amplia “experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, modelos de gestión o administración pública”, pero ahora también pueden aspirar expertos en TICs o “profesionales con capacidades gerenciales”. La incorporación de estos requisitos alternos es no sólo jurídicamente discutible, pues una convocatoria no puede disminuir las exigencias constitucionales, sino que es inconveniente, pues implica una confusión de roles: una cosa es ser buen gerente o experto en TICs, y otra distinta es ser experto en políticas o modelos de gestión, que es lo que se requiere en el CGJ, que es un órgano de gobierno y no de administración, pues para eso está el gerente de la rama. Y un rumor es que esa flexibilización de los requisitos fue para permitir que aspiraran funcionarios de la rama.

Segundo, el procedimiento es cuestionable. Hoy hay 96 candidatos, pero sus hojas de vida no han sido divulgadas oficialmente. El martes la lista será reducida a 15, pero no sabemos con qué criterios se hará esa preselección. Y el jueves, luego de una entrevista pública de diez minutos, serán electos los tres miembros permanentes. En síntesis, un procedimiento atropellado y poco transparente, que impide cualquier control ciudadano.

Si no se introducen correctivos inmediatos, el nuevo CGJ estaría arrancando muy mal.

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