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Desde Dejusticia reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos del campesinado y los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra. | EFE

Justicia para el campesinado en Ecuador: Corte Constitucional protege sus tierras

Familias campesinas del cantón de Durán, en la provincia de Guayas (Ecuador), podrán permanecer en los predios que les fueron entregados y que han ocupado de buena fe hace más de una década. Un fallo judicial protegió los derechos del campesinado y su legítima tenencia de la tierra. Desde Dejusticia intervinimos en este proceso.

Por: enero 31, 2025

En Durán, cantón ubicado a orillas del río Guayas y que se ha convertido en una de las zonas más violentas de Ecuador, el campesinado obtuvo un triunfo importante que garantiza sus derechos a la soberanía alimentaria y a la tenencia de la tierra. A finales del año pasado, la Corte Constitucional profirió la sentencia 2572-22-EP/24, que protegió a las familias campesinas al desestimar las intenciones de un grupo empresarial de recuperar las tierras en las que han desarrollado sus actividades agrícolas hace más de una década.

Celebramos esta decisión, para la cual fue fundamental el impulso de asociaciones como ‘La Nueva Revolución’, ‘La Fe del Campesino’, Asovancon, entre otras afiliadas a ‘Unión Tierra y Vida’ y apoyadas por nuestros aliados de FIAN Ecuador. Desde Dejusticia, por invitación de esta última organización, participamos en este proceso con una intervención en la que nos centramos en señalar la obligación del Estado de proteger la legítima tenencia de la tierra bajo principios constitucionales.

El origen de este conflicto por la tierra

El caso tiene su origen en la incautación de bienes a los hermanos Isaías, un conglomerado empresarial, tras la crisis financiera de los años 90 en Ecuador. Durante años, dos predios en proceso de legalización a comunidades campesinas para garantizar su derecho al trabajo y a la soberanía alimentaria. Sin embargo, los hermanos Isaías iniciaron un proceso para recuperar estos y otros bienes, bajo el argumento de que sus derechos habían sido vulnerados.

El conflicto escaló cuando en las decisiones judiciales de primera y segunda instancia se ordenó la restitución de tierras, lo cual puso en riesgo los derechos de las familias campesinas que estaban en proceso de redistribución. No obstante, tras una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado y otras entidades públicas ecuatorianas, la Corte Constitucional revisó el caso y emitió el fallo que reafirma la seguridad jurídica y los derechos del campesinado.

¿Qué dijo la sentencia de la Corte Constitucional?

La sentencia anuló las decisiones judiciales que vulneraron la seguridad jurídica y el debido proceso, y ordenó el archivo definitivo del caso. Además, declaró que los jueces de primera y segunda instancia incurrieron en error inexcusable, instruyendo para iniciar un procedimiento sancionatorio e investigar posibles delitos de prevaricato.

En relación con el campesinado, el fallo estableció que no se debe proceder al desalojo de las tierras, reconociendo su importancia para la soberanía alimentaria y los derechos fundamentales de estas comunidades. La Corte destacó el principio de no desplazamiento forzoso, reiterando que las familias ocupan de buena fe los dos predios en cuestión y que cualquier decisión sobre tierras debe garantizar el respeto a sus derechos y su participación en el proceso.

Una decisión en línea con nuestra intervención

En enero de 2024, desde Dejusticia presentamos un amicus curiae en este proceso. En esta intervención argumentamos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger la legítima tenencia campesina bajo principios constitucionales e internacionales. Destacamos que el desalojo forzoso vulneraría derechos fundamentales como el acceso a la tierra, el trabajo, la alimentación y la vivienda digna. De igual manera, enfatizamos en que las comunidades campesinas, que han sido históricamente una población discriminada, requieren especial protección contra acciones que perpetúen desigualdades estructurales.

Además, subrayamos que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no exigía la restitución automática de bienes incautados, sino el respeto al debido proceso. Por ello recomendamos soluciones que no implicaran el desplazamiento de las comunidades y que garantizaran su participación activa en cualquier decisión que afecte su tenencia de la tierra.

Un compromiso con los derechos del campesinado en el Sur Global

Esperamos que la decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, teniendo en cuenta el contexto de seguridad en esta zona de la provincia de Guayas, no represente un incremento en las acciones de intimidación a las familias campesinas para despojarlas por la fuerza de las tierras en donde desarrollan sus actividades; y, el Ministerio de Agricultura y Ganadería otorgue, sin demora, los títulos de propiedad de la tierra a las comunidades.

Desde Dejusticia reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos del campesinado y los sistemas tradicionales de tenencia de la tierra. Seguiremos impulsando la justicia social en el Sur Global y apoyando a las comunidades campesinas en su lucha por un futuro más equitativo y sostenible.

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