Las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para la superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas.

Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas.
Además, Colombia enfrenta la paradójica situación de tener que lidiar con la implementación de una serie de medidas de justicia transicional que llevan ya casi diez años de vigencia, mientras que, al mismo tiempo, negocia y diseña otra serie de medidas que permitan la negociación de paz con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la más grande y antigua del país.
Múltiples dudas han suscitado estas negociaciones. Más allá de la desconfianza propia de estos escenarios conflictuales polarizados, distintas dudas jurídicas se han levantado sobre los diálogos, particularmente sobre la fórmula jurídica que se debería aplicar a los futuros guerrilleros desmovilizados, y sobre los me- canismos de refrendación democrática de los acuerdos. En este artículo los autores se concentran en el primero de estos puntos a partir de cinco tesis que consideran centrales para la discusión.