La respuesta del pirata es legendaria: “Por la misma razón que tú sometes a pillaje toda la tierra; a mí me llaman ladrón porque lo hago en un pequeño barco y a ti te llaman emperador porque lo haces con toda una flota”.

San Agustín relata este pasaje para discutir un complejo y clásico problema de filosofía política: ¿qué diferencia al Estado de una banda de ladrones? Y concluye que es la justicia, pues un Estado desprovisto de justicia degenera en una banda de ladrones, pero a gran escala.

Esta centralidad de la justicia para definir un orden estatal legítimo ha sido retomada contemporáneamente por otros autores, como John Rawls, quien afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.

Estos dos autores, cuando afirman que la justicia es el presupuesto de un orden estatal legítimo, no se refieren al sistema judicial sino que aluden a una idea más abstracta: que el conjunto de las instituciones se inspiren y funcionen con base en ciertos principios básicos de justicia: los principios cristianos para San Agustín y para Rawls sus dos conocidos principios de justicia. Pero es posible defender también una tesis distinta aunque próxima: que la existencia de un buen sistema judicial es igualmente un presupuesto necesario de un orden estatal legítimo. Y la razón es la siguiente: sin un buen aparato de justicia no puede garantizarse que los principios de justicia gobiernen la sociedad, pues no existiría una instancia imparcial con capacidad de aplicar las reglas y principios de justicia que hayamos acordado. Un sistema judicial independiente y sólido es entonces un presupuesto de un orden estatal legítimo.

El sistema judicial colombiano tiene grandes fortalezas, como la tutela o su capacidad para controlar ciertos excesos presidenciales; pero igualmente tiene enormes debilidades y defectos. Y en este año que termina muchos de esos problemas se hicieron protuberantes, como lo mostraron varios escándalos en las altas cortes. Un propósito para el año que entra debería ser entonces que avancemos en las reformas necesarias para que la justicia colombiana sea de verdad independiente, eficaz, garantista e igualmente accesible a todas las personas.
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Y hablando de justicia, sería indignante que quedara en la impunidad el crimen del periodista Orlando Sierra. En el pasado, con Guillermo Puyana hicimos para Andiarios y la SIP un estudio detallado de las falencias legales y procesales que llevaron a que el autor material de ese crimen, que fue capturado en flagrancia y no hizo ninguna colaboración significativa a la justicia, tuviera una pena efectiva de sólo 5 años y 8 meses, gracias a una acumulación injustificable de rebajas punitivas. Por eso llamamos el estudio Injusticia premiada. Esperemos que no vivamos un nuevo y doloroso capítulo de esta historia de impunidad.