El paro agrario y el documental 9.70 en el que funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) son filmados destruyendo 62 toneladas de arroz en el Huila, cumpliendo con la resolución 970 de 2010, han puesto el tema de las semillas en el centro del debate público. La principal discusión ha girado en torno a cómo la 970 regula la producción, el uso y la comercialización de semillas en Colombia. El Gobierno la ha defendido a ultranza, tildado de inexacto e infundado lo que muestra el documental y argumentan los campesinos. Pero en lugar de desgastarse rechazando y defendiéndose de las críticas que resultaron ciertas, debería reconocer el error y avanzar hacia una solución que el mismo Gobierno parece estar pensando.

Como parte de los acuerdos celebrados entre campesinos y el Gobierno la semana pasada, el Gobierno prometió congelar la aplicación de la resolución 970 para las semillas nacionales. Aunque a primera vista esto puede verse como una forma de acatar los reclamos de los campesinos y la sociedad civil, no es claro cómo tal restricción resuelve los dos temas polémicos. Por un lado, si es legal el uso de semillas locales o criollas; es decir, las que han sido tradicionalmente utilizadas por campesinos y que se diferencian de las certificadas, que son las producidas por grandes empresas nacionales o extranjeras. Por el otro lado, si pueden los agricultores guardar parte de su cosecha para usarla como semilla en una futura siembra, una práctica tradicional que en los ultimos años ha sido perseguida.

Actualmente, la resolución 970 obliga a los agricultores a almacenar, comercializar, y usar “solo semilla legal”. Aunque no define explicitamente qué es una semilla legal, del artículo 15 se deduce que las semillas legales son las certificadas y registradas. Lo que significa que usar o comercializar las semillas locales es ilegal. No en vano, en un comunicado publicado poco después de la resolución, el ICA aclaró que “La normatividad busca ponerle tatequieto a la llamada semilla de costal y a las de contrabando”.

Con respecto a la reserva, la 970 permite a los agricultores guardar parte de su propia cosecha para usarla como semilla en una siembra futura, siempre y cuando (i) se trate de un agricultor con una extensión máxima de 5 hectáreas (es decir, un pequeño agricultor); (ii) la semilla provenga de una cosecha en que se haya usado una semilla legal; y (iii) se use solo para el consumo propio, no para comercializar. Esto significa nuevamente que todos están obligados a usar semilla certificada y que la reserva es un privilegio únicamente de los pequeños agricultores y bajo condiciones estrictas.

Los funcionarios del ICA han rechazado este análisis, tildando de desinformado el video y los reclamos. Y recientemente han vuelto a decir que la resolución en ningún momento prohíbe el uso de semillas locales y que es falso que no prohíba reservar parte de la cosecha.

Pero a finales de agosto, pocos días después de iniciado el paro, en la página web del ICA apareció colgada para consulta pública una propuesta de resolución que modifica la 970, pero que ha pasado sorprendentemente desapercibida.

Paradójicamente, los cambios que propone le dan la razón a los problemas que el documental, los campesinos y el análisis anterior resaltan. Primero, desaparece por completo el término “semilla legal.” Segundo, aclara explícitamente que tal resolución no aplica para semillas locales y reconoce su uso por comunidades locales. Tercero, permite reservar la cosecha unicamente al pequeño agricultor, pero no le exige que provenga de una cosecha con semilla certificada.

La propuesta de resolución no resuelve todos los reclamos. Pero ahora que el Gobierno prometió sentarse con los agricultores a analizar el tema de las semillas, bien haría dejando de defender la 970.

En lugar de ello, debería avanzar con la nueva propuesta de resolución que ya tiene redactada y que gira en la dirección que piden los campesinos y la sociedad civil en nombre de la seguridad alimentaria y la biodiversidad.