La semana pasada el país presenció de nuevo al Presidente en actitud desaforada contra periodistas y magistrados. Ante las críticas que produjo su comportamiento, Uribe se defiende diciendo que lo suyo no es cólera, sino valor civil.

La actitud belicosa de Uribe contra la prensa -para no hablar de las ONG y de los líderes de la oposición- es, sin duda, preocupante. Pero lo es mucho más cuando esa actitud se dirige contra los jueces.

Para empezar, es bueno recordar que esta no es la primera vez que los magistrados son atacados por el Presidente. La Corte Constitucional era blanco casi permanente de sus críticas, hasta cuando se aprobó la reelección; desde entonces, la señalada es la Corte Suprema, a la cual Uribe califica, entre otras cosas, de estar sesgada políticamente. Por supuesto, un Presidente tiene derecho a criticar al sistema judicial y a proponer reformas para eliminar sus vicios, incluso cuando se trata de vicios que, como el clientelismo, también padece su propia clase política. Lo que no le queda bien al Presidente -no le luce, como dice León Valencia- es descalificar, con simples agravios personales y a viva voz, por la radio y la televisión, a magistrados que -ellos sí, con un gran valor civil- se encuentran investigando los vínculos entre el paramilitarismo y una parte importante de los políticos que acompañan al Presidente.

El derecho que tiene Uribe de defender su política de gobierno debe ejercerlo a través de los canales institucionales -La Fiscalía y la Comisión de Acusaciones- y no por medio de intimidaciones a los jueces. ¿O alguien podría decirme que para un magistrado encargado de investigar asuntos ligados al paramilitarismo y que afectan al Gobierno no es intimidante que Uribe lo llame por teléfono a pedirle explicaciones, o peor aún, que lo acuse de estar políticamente sesgado?

Hay quienes explican, y hasta justifican, la intemperancia del Presidente por la mala imagen que algunas decisiones judiciales han producido en el exterior, lo cual ha dilatado la firma del TLC. Si eso así, el presidente debería saber que, al menos en Estados Unidos -un país que tiene una cierta veneración por el sistema judicial- nada contribuye más a esa mala imagen que su actitud altanera con los jueces.

Pero lo que más preocupa es el efecto que todo esto va a tener en el proceso de paz con los paramilitares, hoy desmovilizados, pero reconvertidos en una mafia que corroe el sistema político. Sin una justicia independiente y poderosa -mucho más poderosa que la actual- no tendremos nunca la posibilidad de derrotar esa mafia creciente. Más aún, es poco probable que eso se logre sin una colaboración estrecha entre todos los poderes públicos.

Lo más triste es que, con Uribe, la historia reciente del país habría podido ser muy diferente. Un Presidente con su popularidad y su talento político habría podido encontrar en la justicia un aliado ideal para enfrentarse de manera radical y efectiva a esos poderes locales que engendraron la ‘parapolítica’. Al hacerlo, habría perdido muchos amigos, pero habría conseguido fortalecer no sólo al Estado -legitimando aún más su lucha contra las guerrillas- sino también su propia imagen de estadista capaz de ponerse por encima de las contiendas políticas. Desafortunadamente, Uribe parece tener todavía, a pesar de su enorme popularidad, demasiadas ataduras sicológicas y culturales con ese país arcaico, patriarcal y finquero que engendró la ‘parapolítica’.

Sea como fuere la manera como la historia lo juzgue, entre tanto, los jueces tienen derecho a exigir que el Presidente acomode su mal carácter a las reglas de juego institucionales y que no sean las instituciones las que se acomoden a su mal carácter.