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La alarmante tasa de mujeres presas por tráfico menor de drogas

Sergio Chaparro Hernández
febrero 10, 2016

Publicado en: Vice

En América Latina el uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres.

 

La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo (por ejemplo: distribución de drogas a pequeña escala o transporte de las mismas).

Estas mujeres, que rara vez representan una amenaza para la sociedad, terminan involucrándose en los mercados de drogas como una forma de enfrentar la pobreza o, a veces, porque un familiar las fuerza a hacerlo. Muchas de ellas son responsables del cuidado de niños y niñas, jóvenes, personas mayores o que tienen discapacidades. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encarcelamiento de mujeres están creciendo a una tasa más rápida: la población femenina en cárceles en la región ha aumentado 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20% para el caso de los hombres.

En Colombia, a finales de 2014, había 3.861 mujeres por delitos de drogas (el 46 % del total), de las cuales 3.153 (el 81 %) lo estaban por cultivar, procesar, portar o comerciar alguna droga, sin haber cometido una conducta violenta u otro delito, o sin que se les hubiera probado su pertenencia a una organización criminal. A las cárceles colombianas no van a parar quienes controlan las redes del narcotráfico en Colombia, sino las personas más vulnerables: 76% de las internas en Colombia ni siquiera habían podido concluir su bachillerato. Para mantener a cada una de estas mujeres en prisión, el Estado gastó 12.4 millones de pesos en 2014: un dinero que hubiese sido mejor invertido en brindarles alguna clase de apoyo y permitirles ganarse la vida de otra manera.

El grupo de trabajo “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento femenino en la Américas”, conformado por oficiales gubernamentales, abogados/as e investigadores/as en América Latina realizó visitas a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, Colombia, y San José, Costa Rica, y creó una serie de ensayos fotográficos que muestran los impactos que las políticas drogas en las Américas están teniendo sobre las mujeres encarceladas.

Está, por ejemplo, el caso de Ángela, veinticuatro años, madre de tres hijos, lleva cuatro años en la cárcel. Su historia es de violencia: su mamá la maltrató, el padre de su primer hijo también, a los 15 años conoció a otro y, desesperada, se fue a vivir con él pese a que la maltrataba. Luego lo metieron preso por hurto y la convenció de que le metiera drogas a la cárcel con la excusa de que, si no lo hacía, lo matarían adentro. En 2011 unos perros olfatearon la droga. Fue encarcelada.

Ángela lleva cuatro años en prisión. Le faltan dos para cumplir su pena.

Como Ángela hay miles de mujeres que han sido privadas de la libertad producto de la guerra contra las drogas. Para enfrentar esta situación, el grupo de trabajo publicó una guía de reformas a la política de drogas orientadas a reducir la población femenina privada de libertad en la región. Esta guía, escrita por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos y Dejusticia, plantea una serie de recomendaciones como brindar alternativas al encarcelamiento para estas mujeres, descriminalizar algunas conductas e implementar políticas más humanas, inteligentes y eficaces que la cárcel, como es el caso de los programas de inclusión social y laboral.

Tan solo con implementar alternativas para las mujeres que han cometido delitos de drogas (sin concurso con otros), el hacinamiento en cárcel femeninas en Colombia desaparecería e incluso se liberaría el 18 % de la capacidad actual.

Encuentre la Guía aquí.

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