Por la cabecera del río Yarí, como lo cuenta Hernán Moreno, del Pueblo Nonova, avanza algo monstruoso y tenaz. Habla de la tala, del “monstruo de la deforestación” que se traga a los árboles y deja potreros vacíos, que baja hasta el río Caguán y de ahí hasta el sur de Miraflores, bordeando los límites de los territorios ancestrales de seis resguardos indígenas en la Amazonía colombiana. Han notado, cuenta, la llegada de los “negociantes del bosque”.

Los pueblos indígenas amazónicos de la cuenca media del río Caquetá, denominados como la Gente de centro, llamados así porque están en el corazón de la Amazonía, habitan casi tres millones de hectáreas al sur del país. En los últimos cinco años han visto cómo crece la frontera agrícola y cómo se incrementa la temperatura: se secan los cultivos tradicionales, la tierra es menos fértil, se han perturbado los ciclos naturales de los árboles frutales y de los peces en los ríos. 

Todo aquello agravado, por ejemplo, por problemáticas graves como la ganadería extensiva. Según datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, el número de ganado presente en el bosque amazónico colombiano y sus cercanías creció en un 30 por ciento entre 2016 y 2022. El desplazamiento, el asedio de multinacionales y la desatención estatal no son problemas nuevos.

Hernán Moreno, que durante 20 años ha sido uno de los líderes del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas en Colombia —CRIMA —, cuenta que su pueblo, Nonova (Nonuya), fue casi exterminado en la época de la bonanza cauchera. 

El riesgo mayor, sin embargo, es la indiferencia de un Estado que, mientras progresa la degradación ambiental en la Amazonía, parece mirar hacia otro lado: “Nosotros hemos vivido toda la vida, desde hace milenios, en nuestro territorio y hemos venido cuidándolo, protegiéndolo. No extraña que el gobierno y las instituciones no se dieran cuenta de que ahí habitamos pueblos que conservamos la vida. Ese desconocimiento nos preocupó y nos organizamos para hacer algo. Esto no está bien”.

Hace unas semanas, una delegación de autoridades tradicionales y representantes de los pueblos amazónicos Pɵɵsiɵhɵ (Andoke), Nonova (Nonuya), Feenemɨnaa (Muinane) y Uitoto de habla Nɨpode hizo un largo viaje hasta Bogotá para exigir, ante distintas instancias del Gobierno Nacional, una participación efectiva de los pueblos indígenas en lo relacionado con la  Sentencia 4360-2018, que ordenó al Gobierno crear mecanismos concretos para frenar la deforestación, enfrentar el cambio climático, y así salvaguardar a las generaciones futuras.

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Cinco años después del fallo no se han sentido ni consultados ni respetados en su implementación. La delegación, conformada por integrantes de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas —CRIMA—, también tenía como premisa exigir garantías al gobierno para ejercer sus derechos fundamentales: el ejercicio del autogobierno, la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.

Desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia y, en palabras de Jorge Ortiz, autoridad Tradicional del Pueblo Féénemɨnaa (Muinane), “queremos intercambiar saberes con la sociedad no indígena, pero muchas veces solo vienen a nuestros territorios para extraer recursos y buscar dinero” a pesar de los compromisos del Estado colombiano para detener la pérdida de los bosques.

En Bogotá, la delegación de la Gente de Centro asistió a una audiencia en la que presentó al Tribunal Superior sus peticiones para participar en la implementación y seguimiento de la Sentencia 4360-2018. Entre las tantas preocupaciones, manifestaron la necesidad de atender la dispersión de la información, la ausencia de repositorios o informes generales de avance del proceso. Asistieron a espacios de diálogo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los ministerios del Interior y Agricultura, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

En todas estas conversaciones subrayan cómo el retraso en la implementación, la deforestación sin frenos y el cambio climático vulneran el derecho fundamental a la vida de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, a la seguridad alimentaria y su pervivencia.

Hay cada vez más señales desalentadoras de la crisis climática, como cuenta Marcelino Fiagama, autoridad tradicional del Pueblo Nɨpodɨmakɨ: “El sol alumbra de día para que los pueblos de la Gente de Centro podamos trabajar en nuestros medios de vida y, en la noche, la luna alumbra más suave para que los árboles del bosque se enfríen y descansen, respiren y tomen agua. En la madrugada hay neblina que se dispersa, y luego sale el cielo azul reflejando el color de la copa del bosque. Ya vemos que en el día el sol calienta demasiado. No podemos trabajar en nuestros sembríos tradicionales después de las 8 a.m. Antes podíamos trabajar hasta las 10 a.m. Ahora el calor del mediodía calienta nuestra casa tradicional. Traspasa el techo. Antes no era así; la maloca se mantenía fresca durante todo el día. En nuestro análisis, la atmósfera alta se está dañado por la contaminación en el aire”.

Blasiney Moreno Gómez, de la comunidad indígena de Peña Roja del pueblo Nonova y coordinadora de Mujer y Género de CRIMA, menciona, además, cómo la afectación en los cultivos es también una pérdida cultural: “Estamos perdiendo algunas semillas de lo que es importante culturalmente. Hoy en día las comidas que salen de nuestras chagras no son iguales, ya no recogemos todo lo que es la yuca, los tubérculos … no es lo mismo”. 

Y, en todo caso, no hay protección futura sin saber escuchar. Hernán Moreno repasa lo que significa que las autoridades le den el lugar que merece al saber ancestral y espiritual de los pueblos indígenas: “cuando los pueblos indígenas hayan perdido el conocimiento, la Amazonía dejará de existir. Por eso lo que nuestros antepasados han recomendado es no perder el conocimiento. Reconocen la Amazonía como sujeto de derechos, pero no reconocen el conocimiento de los pueblos indígenas. Es como si la Amazonía se estuviera cuidando sola y, en la actualidad, la Amazonía se conserva gracias a los pueblos indígenas”.

¿Qué le propone la Gente de Centro al Gobierno nacional?

1. Un proceso de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, con garantías y recursos adecuados, antes de formular y ejecutar cualquier plan o acción que podría afectar a sus territorios de vida. Esto debe conectarse con todos los planes, programas, proyectos, medidas, ordenanzas, contratos, tratados internacionales, convenios y decisiones judiciales en los que se han tomado decisiones sobre sus territorios tradicionales y ancestrales.
2. El Gobierno Nacional, el Tribunal Superior de Bogotá y los órganos de control deben garantizar los derechos de acceso a la información y a la participación plena, efectiva y directa con la Gente de Centro. Esto a través de un espacio o mecanismo nuevo intergeneracional que les permita incidir en todos los procesos de la STC 4360.
3. Garantizar el ejercicio de sus derechos a gobernar, controlar y administrar los territorios de los cuatro pueblos de la Gente de Centro en todo plan, programa, medida o iniciativa nacional o internacional asociados con la Sentencia que podrían tener afectaciones (directas o indirectas) en su integridad cultural y territorial.
4. Que el Gobierno Nacional, las ONGs y los fondos internacionales para el clima y el medioambiente aseguren una financiación y asesoría técnica directa con los pueblos de la Gente de Centro, con el fin de apoyar iniciativas y sistemas de conocimientos ancestrales para cuidar la vida en los territorios.