Hoy, Dejusticia intervino en la audiencia pública ambiental convocada por la ANLA, que pretendía informar la propuesta de modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) para el núcleo de Norte de Santander, que comprende los municipios de San José de Cúcuta, El Zulia y Sardinata. 

En nuestra intervención presentamos tres argumentos en contra de la aprobación de la modificación del PMA presentado por la Policía.

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El primero es que el procedimiento de aprobación de la modificación del PMA no ha garantizado la participación ambiental. Esta participación tiene que ser informada, adecuada, de doble vía, y tener realmente la posibilidad de incidir en la decisión sobre la aprobación de la modificación al Plan de Manejo Ambiental del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato”. También debe ser una participación reforzada para las comunidades que se verían afectadas por la actividad. No obstante, estas carecen de información y canales adecuados de participación para que puedan presentar sus opiniones e inconformidades.

El segundo argumento menciona que, en el marco del licenciamiento ambiental de actividades como las aspersiones con glifosato, se deben informar de forma veraz y completa los riesgos que puedan generarse y la forma de gestionarlos o evitarlos. No obstante, el procedimiento que lleva a cabo la ANLA ignora que existen riesgos que no se están informando de forma veraz y completa a la población. Los estudios sobre el efecto deriva demuestran un grave riesgo por residuos de glifosato en otras poblaciones, cuestión que la Policía Nacional en su proyecto de EIA no informa de manera adecuada.

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Por último, afirmamos que el PMA no debería ser aprobado ya que existen numerosos interrogantes sobre la participación de las poblaciones potencialmente afectadas por las aspersiones en la discusión de los denominados Planes de Manejo Ambiental Específicos para los municipios del núcleo de Norte de Santander. Desconocemos las razones por las que no existe un licenciamiento completo para la actividad de las aspersiones con glifosato como proyecto, tal como ocurrió durante el procedimiento de licenciamiento en 2020, y cómo operarían los procedimientos de aprobación de los Planes de Manejo Ambiental Específicos para el polígono de Norte de Santander. Existen dudas significativas sobre los vacíos de este procedimiento, ya que pareciera que la Policía es la que está determinando cómo funcionan los Planes de Manejo Generales y Específicos para cada polígono de aspersión, en vez de guiarse por las leyes y los decretos que deberían regularlo.

Por todo lo anterior solicitamos a la ANLA no aprobar la modificación del PMA del PECIG, dado que no cumple ni las exigencias en materia de licenciamiento ambiental, ni las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sus Sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021. Asimismo, le pedimos a la ANLA cesar la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, la participación ciudadana ambiental y al acceso a la información pública para la efectiva incidencia de la ciudadanía en las decisiones del Estado.

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