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La aprobación democrática de la paz

Rodrigo Uprimny Yepes
junio 2, 2013

Publicado en: El Espectador

El acuerdo sobre tierras indica que las negociaciones en La Habana avanzan. Surge una pregunta importante: un eventual acuerdo entre el Gobierno y las Farc ¿debe ser sometido a una forma de refrendación o aprobación democrática, como una consulta popular?

 

El acuerdo sobre tierras indica que las negociaciones en La Habana avanzan. Surge una pregunta importante: un eventual acuerdo entre el Gobierno y las Farc ¿debe ser sometido a una forma de refrendación o aprobación democrática, como una consulta popular?

Como lo expliqué en un artículo en el periódico de la Universidad Nacional, creo que hay razones poderosas a favor de una refrendación democrática.

Primero, porque es jurídicamente necesaria pues un acuerdo entre el Gobierno y las Farc no tendría por sí mismo fuerza normativa, por lo que es indispensable recurrir a otros mecanismos, como leyes o referendos, para dotarlo de solidez jurídica.

Segundo, por transparencia. Un pacto de paz requiere reserva pues implica concesiones mutuas, que son prácticamente imposibles de acordar si los negociadores están hablando todo el tiempo para las tribunas. Pero este necesario sigilo negociador es incompatible con dos principios esenciales de la democracia: la publicidad y la transparencia. El acuerdo alcanzado en reserva debe entonces ser sometido a una discusión pública y transparente por toda la sociedad.
Tercero, para la sostenibilidad del proceso. En el futuro, es probable que algunos quieran revertir el acuerdo pues toda paz es polémica y no deja a todos satisfechos. La refrendación democrática limita ese riesgo pues confiere mayor solidez política y jurídica al proceso al mostrar que la paz no fue sólo una negociación reservada entre cúpulas sino una decisión avalada por toda la ciudadanía.

A pesar de todo, podría objetarse que la exigencia de refrendación democrática hace demasiado difícil la paz pues no basta que las guerrillas y el Gobierno lleguen a un acuerdo (lo cual no es nada fácil), sino que además es necesario que lo pactado sea aprobado por la ciudadanía, lo cual puede ser incluso más arduo e incierto. Sin embargo, esa dificultad política, que es real, opera paradójicamente como una restricción éticamente virtuosa.

La razón es la siguiente: las negociaciones entre las cúpulas de los actores armados están usualmente gobernadas por los intereses de los guerreros, que no obligatoriamente coinciden con los valores democráticos generales o con los intereses de grupos especiales de la población, como las víctimas o los grupos étnicos. ¿Imaginen en qué quedaría el tema de la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado si su futuro sólo dependiera de los actores armados? La perspectiva de la refrendación democrática obliga a que las guerrillas y el Gobierno vayan más allá de sus intereses recíprocos inmediatos e intenten un acuerdo realmente justo para toda la sociedad, pues saben que lo pactado deberá ser refrendado por la ciudadanía.

Es importante entonces que el Gobierno y las Farc sepan que la ciudadanía no aceptará cualquier paz. Y que empecemos a debatir cuál o cuáles son las mejores formas de refrendación democrática de un eventual acuerdo. Una discusión que no es fácil y que trataré de abordar en otras columnas.

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