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La batalla por las instituciones

Mauricio Albarracín
abril 20, 2016

Publicado en: El Espectador

El próximo año se juega la institucionalidad encargada de defender los derechos y la Constitución.

 

Se elegirán nuevo/a fiscal, procurador/a, defensora/a y cinco nuevos/as magistrados/as de la Corte Constitucional.

Por ello, la discusión sobre la terna para el o la fiscal general es solamente el comienzo de un cambio en la cúpula de las instituciones y es mucho más importante que una repartición milimétrica de poder entre los partidos de la coalición de gobierno. El Presidente Santos, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Senado de la República tienen la responsabilidad de fortalecer nuestras instituciones por medio de la elección transparente de las mejores personas para estos cargos.

Las instituciones en juego (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Corte Constitucional) son esenciales para la defensa y garantía de los derechos fundamentales. De hecho, las experiencias de los últimos años nos muestran que cuando estas instituciones se dedican más a las pugnas de poder, su trabajo en el avance de los derechos se disminuye sustancialmente. También ocurre que cuando se nombra a una persona abiertamente hostil a los derechos la institución se convierte en una poderosa arma para frenar el cambio legal y social, como ha ocurrido con la Procuraduría. Los electores de estos altos dignatarios deberían tener en cuenta nuestra experiencia reciente de abuso de poder, corrupción, mediocridad y repartición burocrática. Aplicar la misma receta para la elección de estos funcionarios conllevará a tener las mismas instituciones o incluso peores.

Otro tema estructural que deben atender los responsables de definir estos cargos es la equidad de género en la cúpula de las instituciones. Es increíble que nunca hayamos tenido a una procuradora general o a una defensora del pueblo, o que solamente tengamos dos mujeres en la Corte Constitucional. El presidente, las Cortes y el Senado tienen en sus manos el poder de revertir esta tendencia de elegir solamente hombres con buenas relaciones políticas y extraordinarias relaciones públicas y descartar a mujeres de las mejores calidades personales y profesionales.

Junto a los problemas institucionales, los debates que deberán arbitrar las personas que sean elegidas son múltiples, pero desde ya se pueden predecir al menos tres ejes de controversia. El primero será el proceso de paz y las normas y procesos políticos que surjan a partir de su implementación. Por ejemplo, la nueva Corte Constitucional que se consolidará a partir del segundo semestre de 2017 tendrá en sus manos la revisión de las normas que desarrollen los compromisos alcanzados en el proceso de paz.

Un segundo eje más tradicional será la profundización o retroceso de las libertades y la igualdad que se ha venido consolidando recientemente a través de decisiones judiciales, por ejemplo, la defensa de los derechos de las mujeres, derechos LGBT, nuevas perspectivas de la política de drogas, entre otros. En este campo es importante que se elijan personas que claramente estén comprometidas con la defensa de los derechos y el respeto por la jurisprudencia.

Recientemente, es más evidente una tercera discusión que será clave para el futuro del país. Se trata de la perspectiva que asumen las instituciones frente a la desigualdad y el modelo de desarrollo. Es claro que está surgiendo un nuevo debate entre instituciones y personas más proclives a favorecer los grandes negocios e inversión privada y otra tendencia de instituciones y personas más sensible a favorecer los derechos sociales y la protección del medio ambiente; es decir, que ya no basta preguntarse si los candidatos a estos puestos son “liberales” o “conservadores” -si se piensa en un eje moral-, ahora también es necesario conocer el vínculo que tienen con las empresas y los conflictos de intereses, el entendimiento de los problemas sociales y la fortaleza en áreas científicas como por ejemplo en debates sobre medio ambiente, tecnología, salud o economía.

Nos merecemos un/a mejor fiscal, procurador/a, defensor/a y magistrados/as. Para ello, debemos corregir los errores institucionales que se han creado por malas elecciones y por perder de vista los debates medulares del país. Sin embargo, los partidos políticos y los poderosos empezarán a feriarse las instituciones para dárselas a sus más fieles amigos. Esa batalla por las instituciones es la fórmula de un fracaso anunciado que estamos a tiempo de evitar.

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