El Internet ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. Sin él, cada vez es más difícil gozar de derechos como la información, la libertad de expresión, la educación o el empleo. Por eso, la desigualdad en el acceso a Internet y a las tecnologías digitales no es un problema menor, menos desde que la pandemia virtualizó el mundo. 

El documento Desigualdades digitales: aproximación sociojurídica al acceso a Internet en Colombia aborda esta realidad y plantea la necesidad de reducir la brecha digital. Para ello intenta responder algunas preguntas: ¿el acceso a Internet debería ser reconocido como un derecho? ¿Cuál sería el contenido de este derecho? ¿Qué papel podría jugar este reconocimiento en el cierre de la brecha digital?

Aunque el problema de la brecha digital se hizo especialmente visible con la pandemia, lo cierto es que el acceso a Internet en Colombia nunca ha sido universal. En 2019, alrededor del 50% de los hogares más pobres tenía acceso a internet, mientras el 90% de los hogares más ricos disponían de ese servicio.

Detrás de esas cifras hay un abanico de factores como la alfabetización digital, la disponibilidad de dispositivos, la conectividad en los diferentes territorios y los precios del servicio, entre otras.

Esta investigación -que integra la más reciente colección de desigualdad de Dejusticia– parte de un diagnóstico sobre las brechas digitales en Colombia desde distintas perspectivas (territorial, edad, género, ingreso, etc) y plantea algunas hipótesis sobre los efectos de estas brechas en la desigualdad de oportunidades para el goce de los derechos. 

Un ejemplo de esto son los trámites públicos, uno de los usos que los colombianos le dan a Internet según el DANE. “Este punto debería llamar la atención en los análisis de las políticas públicas de digitalización de la administración pública, bajo los paradigmas de digital first y digital only, y el posible efecto en personas con ingreso más bajo cuando no se establecen alternativas efectivas analógicas”, dice el documento. 

Esos ejemplos se multiplicaron con la pandemia y pasaron a impactar la vida diaria de millones de personas. Los colombianos vieron la necesidad de trasladar a internet actividades como la compra de alimentos, la educación, la salud y el cumplimiento de obligaciones laborales.

¿Internet como derecho?

Luego de un recorrido por la caracterización jurídica del acceso a Internet en el plano internacional y local, el texto propone la necesidad de considerarlo un derecho fundamental. Y presenta dos argumentos:

Primero, que el acceso a Internet tiene una relación directa con la realización de la dignidad humana, ya que le permite a todo ser humano concretar su plan de vida y adelantar un papel activo en la sociedad. Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003 al definir qué es un derecho fundamental. Segundo, el acceso a Internet tiene una especial relación con el alcance de la igualdad real y con las condiciones necesarias para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales.

Reconocer el acceso a Internet como un derecho va más allá de lo simbólico y podría contribuir al cierre de la brecha digital pues enviaría tres mensajes:

1. El acceso a Internet es indispensable para que toda persona en Colombia pueda concretar su plan de vida y desarrollar un papel activo en la sociedad que habita hoy. 
2. El acceso a Internet es una obligación a cargo del Estado.
3. Toda persona puede buscar la protección judicial de este derecho y llamar a cuentas al Estado por su omisión o por sus retrocesos. Es decir, que lo ya alcanzado en materia de acceso a Internet se puede proteger mediante la acción de tutela.

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