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La brecha entre el discurso y la práctica para la reforma de la política de drogas en América Latina

Isabel Pereira
abril 4, 2017

Publicado en: Global Rights Blog

El movimiento de reforma de la política de drogas, aunque con su diversidad interna, tiene una premisa principal: la prohibición de las drogas no ha logrado su objetivo de reducir la demanda y la oferta de sustancias ilícitas.

 

Los últimos años fueron emocionantes para la reforma de la política de drogas en América Latina. A pesar de que teníamos grandes expectativas y comprendido la profundidad de los desafíos que teníamos por delante, pensábamos que algo diferente estaba sucediendo. La narrativa parecía estar cambiando. Un signo evidente se produjo en la sesión de clausura de la VI Cumbre de las Américas, celebrada en abril de 2012 en Cartagena, Colombia, donde el presidente colombiano Santos dijo “Nosotros, los líderes de la región, tuvimos un debate muy valioso sobre el problema mundial de las drogas. Estamos de acuerdo en la necesidad de analizar los resultados de la política actual en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y hacernos más efectivos”.

Una serie de circunstancias permitieron que este relato tuviera resonancia en los foros multilaterales, y así, en diciembre de 2012, Colombia, Guatemala y México lograron llamar a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU ( UNGASS 2016 ) para “ revisar los avances en la implementación de La Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional para una Estrategia Integrada y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial contra las Drogas”.

El movimiento de reforma de la política de drogas, aunque con su diversidad interna, tiene una premisa principal: la prohibición de las drogas no ha logrado su objetivo de reducir la demanda y la oferta de sustancias ilícitas. Y ese fracaso ha tenido un costo doloroso, con consecuencias negativas masivas para los pobres y vulnerables, creando un mercado ilícito y alimentando el crimen organizado. Como región, los líderes estaban aceptando públicamente la idea de que era necesario encontrar caminos alternativos para que la sociedad manejara estas sustancias y sus daños relacionados.

Photo Credit: Ministerio de Justicia

Foto: Ministerio de Justicia

 

Casi cinco años han pasado desde los meses emocionantes de 2012, junto con UNGASS 2016, algunas reformas de cannabis, y muchas páginas de informes, declaraciones e investigaciones. ¿Dónde estamos hoy, al menos cuando hablamos de la aplicación de las leyes de drogas? ¿Cómo se materializó la narrativa que los líderes de América Latina defendieron en 2012 para mejorar la vida de las personas involucradas en la economía de la droga? No tan bien, de acuerdo con el informe más reciente del Consorcio de Investigación sobre Drogas y la Ley (CEDD) titulado “Los castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina”.

Este grupo de abogados y académicos, incluyendo miembros de mi organización, Dejusticia, se propuso estudiar las tasas de encarcelamiento y las características de la población carcelaria en diez países de las Américas – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú , Estados Unidos y Uruguay, con hallazgos que demuestran que a medida que el discurso de la reforma de la política de drogas se hacía cada vez más fuerte, la población carcelaria por delitos relacionados con las drogas crecía.

Las tasas de población carcelaria han crecido por encima de la tasa de crecimiento de la población promedio. Esto significa que en muchos países estamos poniendo cada vez más y más individuos en las cárceles. En Colombia, entre 2000 y 2015, la población carcelaria media creció en un 141%, mientras que la población penitenciaria relacionada con las drogas creció en un 289%. En el caso de Brasil, entre 2006 y 2014, la población carcelaria general creció en un 55% y la población de personas encarceladas por delitos de drogas aumentó en un 267%. En total, hay 2,7 ​​millones de personas en la cárcel en los países estudiados por el informe. De ellos, 572.000 están encarcelados por delitos relacionados con drogas. Los delitos relacionados con las drogas representan una de cada cinco personas encarceladas en las Américas.

El estudio encontró que esta población tiene características comunes en toda la región: individuos con bajos niveles de educación, en condiciones de pobreza, con empleos informales y de bajos ingresos. La evidencia es clara: en Argentina, el 85% de la población carcelaria no había concluido la escuela secundaria y el 31% no había concluido la escuela primaria. En Colombia, las tasas de educación son del 79% y 42%, respectivamente. Un número importante de las personas en la cárcel fueron capturados en flagrancia, y este era su primer delito, y en muchos casos, estos individuos son los consumidores, pero que terminan siendo perseguidos penalmente como si fueran distribuidores. En Colombia, este fue el caso del 78% de la población carcelaria, que estuvo allí por primera vez y sin concurrir a ningún delito violento.

La brecha entre el discurso y la práctica se demuestra en el hecho de que el crecimiento de la población carcelaria se atribuye en gran medida a los delitos relacionados con las drogas, incluida la posesión de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas y otros delitos menores. Esta situación se atribuye a leyes de drogas excesivamente punitivas que imponen severas condenas a estos crímenes, el uso de penas mínimas y el uso obligatorio de la prisión, en lugar de otros mecanismos por los cuales las sentencias pueden ser cumplidas, tales como servicio comunitario o arresto domiciliario. Como excepción, Costa Rica se destaca por llevar a cabo reformas legales para aplicar alternativas al encarcelamiento, teniendo en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres y su papel como cuidadoras y de tal forma beneficiando a 120 mujeres.

Mientras que el estudio muestra que tan lejos esta la realidad del discurso reformista, termina con una nota intencional, ya que el CEDD proporciona consejos para los caminos hacia la reforma que efectivamente pondrían el discurso a la práctica. En mi opinión, estas dos recomendaciones clave han sido el núcleo de la narrativa reformista, y su implementación tendrá un efecto transformador:

  1. Despenalizar el consumo de drogas, con el fin de sacar a los consumidores de drogas de los sistemas penales.
  2. Realizar las reformas necesarias para incorporar alternativas al encarcelamiento en el sistema penal, en diferentes etapas del proceso judicial. Tales alternativas incluyen mecanismos de desviación a los servicios comunitarios o sociales y deben aplicarse a los delincuentes no violentos.

Las drogas y sus políticas son polémicas. Los políticos usan medidas populistas tales como el aumento de penas y sanciones más duras en tiempos electorales. El momento previo a la UNGASS fue un tiempo para estudios y propuestas. Pero ahora, debemos pasar de la retórica a la acción, y asegurar la implementación de reformas que puedan efectivamente reducir los daños de la política de drogas.

 

Crédito de foto principal: WOLA 

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