La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, de la cual Dejusticia hace parte, presentó ante la Corte Constitucional su informe de respuesta al VI Informe de Seguimiento del Gobierno Nacional. | Dejusticia

La Comisión de Seguimiento a la crisis carcelaria presenta su VI Informe

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, de la cual Dejusticia hace parte, presentó ante la Corte Constitucional su informe de respuesta al VI Informe de Seguimiento del Gobierno Nacional.

Por: marzo 27, 2020

El Gobierno Nacional sigue presentando falencias importantes en su estrategia de superación de la crisis carcelaria y en el seguimiento a la situación de derechos humanos de la población privada de la libertad. La Comisión resalta que es necesario que exista un compromiso inequívoco para garantizar los derechos de la población reclusa.

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, de la cual Dejusticia hace parte, presentó ante la Corte Constitucional su informe de respuesta al VI Informe de Seguimiento del Gobierno Nacional. En este, entregado en septiembre del 2019, resaltó que la estrategia de superación de la crisis sigue presentando los mismos problemas de falta de claridad de los planes propuestos y de la información de seguimiento a la situación de derechos fundamentales en los centros de reclusión. Para la Comisión, la reiteración de estos problemas representa un obstáculo importante para superar la grave crisis humanitaria que afecta a más de 120.000 personas privadas de la libertad.

Para la Comisión, uno de los problemas más graves del VI Informe del Gobierno Nacional es la falta de claridad que ofrece tanto en su diagnóstico de la situación de derechos fundamentales como en sus propios planes para garantizarlos. Por ejemplo, no presenta datos que permitan cuantificar, por lo menos provisionalmente, el grado de afectación que padece la población reclusa en materia de alimentación o salud, no presenta de manera clara sobre los objetivos de reformas legales para reducir el uso excesivo de la prisión ni brinda información relevante sobre la actividad legislativa en materia penal. Así, el Gobierno Nacional tampoco incluye información sobre el hacinamiento en estaciones de policía o URIs (llamados centros de detención transitoria), sobre el uso de la detención preventiva en la Rama Judicial ni sobre otros aspectos relevantes para la crisis.

En esta medida, la Comisión concluye que el Gobierno Nacional no sólo no presenta información adecuada para el seguimiento, sino que sus propias estrategias de superación de la crisis son poco claras. En materia de los planes que se han anunciado (por ejemplo, el Plan Nacional de Política Criminal o el Plan Nacional de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario), el Gobierno ofrece muy poca información sobre el avance de objetivos sobre reforma a la política criminal, a la resocialización o al sistema de salud de los establecimientos, entre otros. Por su parte, el Gobierno Nacional sólo presenta datos concretos en los planes de ampliación de la infraestructura carcelaria, mientras que la implementación general del enfoque diferencial, el aumento de controles sobre los privados que prestan servicios de alimentación e incluso políticas de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son omitidos o tratados de manera superficial.

Para la Comisión, la ausencia de un diagnóstico claro (el cual, ante la falta de aprobación de indicadores, puede ser provisional) de la situación de derechos fundamentales es crucial para lograr identificar las dinámicas y problemas que enfrenta la población privada de la libertad para el goce efectivo de sus derechos. Más aún, el diagnóstico también es necesario para evaluar si las medidas implementadas por el Gobierno Nacional y otras entidades responden de manera adecuada a las problemáticas que presenta la crisis y si, por tanto, son viables para comenzar a subsanarla.

Por lo anterior, la Comisión presenta en su VI Informe de Seguimiento comentarios generales al Informe del Gobierno, así como un análisis detallado de los diferentes ejes en los que se presenta la crisis: política criminal, resocialización, acceso a la justicia y a la administración pública, derecho a la salud, a la alimentación, infraestructura, acceso a servicios públicos domiciliarios, enfoque diferencial y la prevención de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. El informe también incorpora comentarios específicos sobre la batería de indicadores diseñada por el Comité Interdisciplinario para el seguimiento de la crisis.

Consulte el informe completo aquí.

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