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La constituyente de Petro

César Rodríguez Garavito
marzo 25, 2014

Publicado en: El Espectador

Tiene razón Gustavo Petro al denunciar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos las decisiones ilegales de la Procuraduría y el Gobierno que terminaron con su mandato en la Alcaldía. Pero se equivoca al patear el tablero del juego que injustamente perdió y unirse al llamado a una asamblea constituyente.

 

En unos años, la Corte Interamericana probablemente fallará a favor de Petro y ordenará indemnizarlo por haber sido sancionado por un funcionario administrativo (el procurador) y no por un juez penal, como lo ordena el artículo 23 de la Convención Americana, que Colombia ratificó y está obligada a cumplir. También le dará la razón a la Comisión Interamericana, que dictó acertadamente medidas cautelares para evitar que se consumara el atropello.

Aunque tardía, esa es la solución última que prevé el sistema jurídico que el mismo exalcalde ayudó a construir y se comprometió a cumplir en 1991. En esa coyuntura histórica, el M-19 de Petro tuvo una representación cuantiosa en la asamblea constituyente, aupado por una movilización estudiantil y una indignación colectiva que no se han visto desde entonces. El resultado fue una constitución profundamente democrática e igualitaria —con instituciones como la tutela, un catálogo amplio de derechos y unos mecanismos generosos de participación popular—, en la que se reconocen ideas del M-19 y otros sectores progresistas.

Por eso es difícil digerir lo que Petro le dijo a este diario tras su salida del cargo: “25 años después de la paz con el M-19, creo que nos traicionaron […] pero hoy la vía no son las armas, es la constituyente”. Primero, porque lo que pasó no fue una “traición” innominada, ni un colapso de la Constitución que amerite otra constituyente. Lo que pasó tuvo origen en las acciones del procurador Ordóñez, que ha abusado una y otra vez de los poderes amplios que la misma Constitución le dio (con la venia del M-19) y del nombramiento que le hiciera el Congreso (con el voto de Petro).

Segundo, porque nada regocijaría más al procurador que una nueva constituyente, donde fueran recortados los derechos de las mujeres, los gais, los jóvenes, los defensores del medio ambiente y tantos otros que ha perseguido jurídicamente. Y que eliminara el artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos al sistema legal colombiano y que Petro está usando en su recurso ante el Sistema Interamericano.

Tercero, Petro tristemente se equivoca al responder con la misma moneda al Gobierno y al procurador: echando por la borda las reglas de juego y sacrificando los principios al frío cálculo político. ¿Cómo más entender su coqueteo con el uribismo y las Farc para ambientar la idea de la constituyente? Basta ver los resultados de la elección al Congreso para darse cuenta de que una nueva constituyente distaría mucho de la del 91. No existe hoy un movimiento de indignados con la contundencia del estudiantil de hace un cuarto de siglo, que desestabilice desde abajo las clientelas políticas. Lo más probable es que la constituyente se parezca al Congreso recién electo: una tercera parte de votos amarrados por la corrupción, otro tercio ubicado a la derecha y otro entre el centro y la izquierda. De allí saldría una Constitución mucho más parecida a la de 1886 que a la de 1991.

La Constitución está lejos de ser perfecta. Se puede mejorar con reformas puntuales, como la limitación de los poderes de la Procuraduría y las facultades de nominación de las cortes. En lugar de reemplazarla, una vez más, deberíamos intentar algo más difícil: cumplirla.

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