Santos le quiere meter el acelerador a los proyectos de ley de víctimas y restitución de tierras porque sabe que su Unidad Nacional está pegada con babas y es posible que no vaya más allá de la primera legislatura. Sabe que es ahora o nunca.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que toda medida que pueda llegar a afectar a las comunidades y pueblos debe ser consultada previamente, lo cual incluye a los proyectos de ley antes de ser discutidos en el Congreso.

Entonces, ¿Cómo sacar las leyes adelante sin desconocer los requerimientos de la Corte? En el Congreso se debaten cinco opciones:

– Retirar los proyectos, hacer la consulta y volver a presentarlos

– Seguir con los proyectos, defendiendo que son leyes generales que no los afectan

– Sacar de la ley a las comunidades étnicas para hacerles una ley específica

– Seguir con la ley y consultarle a cada comunidad cuando se les vaya a aplicar a ellas

– Hacer una consulta excepcional, paralela, y exprés para este caso

Las dos primeras opciones no parecen ser realistas. Primero, los pilares parecen ser tan importantes para Santos como fueron los huevitos para Uribe. Retirar los proyectos es arriesgarse a que nunca se puedan concretar. Segundo, intentar pasar de agache como si la ley no tocara a los indígenas y afros es un riesgo muy grande, y la Corte es cuchilla en estos temas.

La tercera opción es incluir un artículo que excluya de la ley a los grupos étnicos, los cuales serán consultados, pero para una ley posterior. Sin embargo, con esto se corre el riesgo de que esta ley nunca se consulte o nunca se discuta. Con eso las comunidades étnicas quedarían en el peor de los mundos.

La cuarta opción también es problemática. Si se expide la ley y solo se deja para consulta la aplicación, el marco para consultar sería muy reducido. Así la consulta ya pierde la gracia, no sería ni consulta ni previa.

A la última opción – que es la que acordó el Gobierno con los representantes de las comunidades la semana pasada – también le caben críticas. Empezar a admitir excepciones a derechos fundamentales puede generar más retrocesos que beneficios, sobre todo en este país en donde lo transitorio se termina convirtiendo en permanente.

¿Qué dicen los usuarios de LSV? ¿Cómo enfrentamos este dilema?