En realidad, son una excepción a la tendencia general de la corte presidida por el juez Roberts de desatender los derechos de los grupos vulnerables y defender los privilegios de los poderosos.

Es importante revelar esa tendencia para evitar que la corte obtenga más reconocimiento del que merece, cuando sus fallos están produciendo efectos muy nocivos para los derechos.

Los dos fallos sobre parejas del mismo sexo son un triunfo importante para el movimiento gay. Gracias a uno, el estado de California podrá continuar aplicando la ley que permite el matrimonio homosexual en ese estado. La ley había sido anulada mediante referendo, pero fue invalidada por una corte federal. La Corte Suprema ratificó esta decisión, pero lo hizo sólo por razones formales (la asociación que apeló no tenía legitimación). El otro fallo invalidó la ley federal “en defensa del matrimonio”, que impedía que las parejas homosexuales casadas gozaran de los beneficios federales ofrecidos a las heterosexuales. Las parejas gay podrán ahora obtener beneficios significativos, como permisos de residencia para extranjeros, pero sólo en los estados donde su matrimonio es permitido (que abarcan el 30% de la población del país).

A pesar de sus bondades, esos fallos no son suficientes para matizar el perfil conservador de la corte Roberts. El ejemplo más revelador es el fallo que invalidó la ley que permitía al gobierno federal supervisar los requisitos que los estados del sur imponen para ejercer el derecho al voto. La ley buscaba evitar que los estados con una historia de segregación impusieran restricciones al voto negro a través de exigencias como el alfabetismo o tener propiedades. Tal meta es aún importante, pues los estados sureños mantienen altos niveles de marginalidad socioeconómica de la población negra. Sin embargo, la corte consideró que la supervisión federal violaba la autonomía de los estados. El resultado temido es que los estados del sur impongan requisitos que excluyan a amplios sectores negros.

Asimismo, al menos cuatro fallos recientes consolidan una jurisprudencia excesivamente generosa con las empresas. El primero impidió que las compañías gringas que operan en otros países puedan ser demandadas por violaciones de derechos humanos para obtener compensaciones, lo cual significa que casos como el de la colaboración de Chiquita Banana con los paramilitares ya no podrán ser escuchados por las cortes en Estados Unidos. El segundo dispuso que las compañías que manufacturan medicamentos genéricos no pueden ser demandadas por los defectos de diseño de un producto, incluso si el producto desfigura al consumidor. El tercero estableció que las demandas de abuso sexual en el ambiente laboral sólo proceden cuando el abusador es alguien que puede tomar decisiones negativas contra el empleado. El cuarto impidió que se presenten acciones de grupo contra compañías prestadoras de servicios si se ha firmado con ellas una cláusula arbitral.

En Estados Unidos, la desigualdad está alcanzando niveles sin precedentes y los políticos defienden cada vez con menos pudor los intereses económicos de lo que Occupy Wall Street llamó el 1% de la población. Por eso, los fallos de la corte Roberts son una vergüenza para la democracia, pues afianzan las gabelas de los poderosos en vez de proteger los derechos de los grupos vulnerables, cuyo número aumenta sin cesar.