En respuesta a las críticas hechas al gobierno por su mutismo frente al acontecer judicial, que llevó a la Corte Suprema de Justicia a iniciar una serie de indagatorias a congresistas por vínculos con el paramilitarismo, el presidente Uribe propuso un «juicio al Estado» por haber generado las «condiciones para que todos estos terroristas se apoderaran de las regiones, porque el Estado ignoró la seguridad». Esta propuesta tiene cosas buenas, malas y feas que merecen ser puestas de presente:

Lo bueno del asunto es la coincidencia de la propuesta del Presidente con una vieja y conocida demanda de justicia a la que han apelado, desde tiempos inmemoriales, las víctimas de violencia política en Colombia, en muchos casos traducida en juicios de responsabilidad y condenas concretas al Estado colombiano en los estrados judiciales, nacionales e internacionales.

En tales decisiones se enjuicia al Estado por las acciones o las omisiones cometidas por sus funcionarios. Ejemplos al canto: la condena impuesta por el Consejo de Estado a la Nación como responsable de la desaparición forzada de algunos sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia en 1985, que salieron custodiados por el Ejército Nacional, y las siete sentencias de fondo proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano.

Si el ?juicio al Estado? propuesto por el Presidente quiere significar algo distinto de este tipo de responsabilidad estatal que declaran los jueces, con efectos esencialmente reparatorios e indemnizatorios, entonces lo que se está haciendo es una denuncia pública para que sean enjuiciadas política y judicialmente personas de carne y hueso, en cuyo caso hubo un pequeño olvido: los nombres de esos altos funcionarios que optaron por un programa de gobierno anclado en un valor social distinto al de la seguridad.

Y aquí ya empieza lo malo, porque al no ser así ?ni lo será?, la propuesta puede ser perfectamente leída como una cortina de humo que lanza el Presidente en el contexto del juicio penal seguido a los congresistas, con lo cual sigue en veremos la explicación que el gobierno le debe al país sobre la militancia en el uribismo de los congresistas llamados a rendir cuentas por la Corte Suprema, nada menos que por tener vínculos con el paramilitarismo. Sobra decir que el humero del cuento también pretende intoxicar, o por lo menos generar tos abundante en el momento de iniciar el próximo período de sesiones del Congreso que, según se dice, arrancará con juicios al gobierno, precisamente por la responsabilidad que le pueda caber en todo el entuerto de la para-política.

Es igualmente malo que el Presidente insista en echar mano de su conocida ?falacia del retrovisor?, al proponer una suerte de nivelación por lo bajo, de modo que si van a ser juzgados unos pocos hoy, pues por qué no juzgar de una vez todos aquellos que de alguna manera han contribuido con el mismo pecado. Allí la consigna parece ser: muera Sansón con todos los filisteos. Lo malo es que en Colombia se corre el riesgo de producirse el proceso inverso: que ni a Sansón le corten el pelo, ni los filisteos caigan.

Este distractor recurrente y cada vez más desgastado del Presidente, además de revivir las también cansinas puyas mutuas entre los ex presidentes Samper y Pastrana, no hace más que desviar la atención de la opinión publica ?los jueces no suelen caer en la trampa? respecto de un asunto esencial para la democracia, como es el juzgamiento de sus principales protagonistas políticos, los congresistas, y la aplicación responsable de la Ley de Justicia y Paz por parte de fiscales y jueces.

Y aquí aparece lo feo del cuento. Para sustanciar su propuesta, el Presidente afirmó que «serán los jueces de la República quienes en su sabiduría juzgarán por qué se dieron esas relaciones. Tendrán en cuenta el abandono del Estado a esas regiones, cómo el Estado renunció a la soberanía real; cómo fue sustituido por los poderes terroristas. Estoy seguro de que eso lo van a tener en cuenta los jueces de la República».

En cristiano, se trata simple y llanamente del alegato judicial que el Presidente ha presentado en tribuna ?por no decir en estrados? para que sea escuchado y tenido en cuenta por todos los administradores de justicia ?fiscales, jueces y magistrados? que en este momento están resolviendo casos de trascendencia política y jurídica; precisamente los procesos contra congresistas por paramilitarismo y contra paramilitares por crímenes atroces.

Que esto lo haga el Presidente de la Republica, en un país que reivindica y que necesita reinvidicar la autonomía judicial, en un momento asaz importante para su proceso de consolidación social y democrática, como dirían las señoras, es feo? cuando menos ¿no?