El giro implicó alejarse de las tesis insostenibles y ofensivas para las víctimas, según las cuales en el Palacio no hubo desaparecidos, el esquema de seguridad de los magistrados era adecuado y no hay pruebas de que Carlos Urán (del cual Nieto tuvo el descaro de decir que no era magistrado auxiliar) haya salido vivo.
El Estado ahora está dispuesto a aceptar su responsabilidad directa por la tortura de dos personas y la desaparición de otras dos, así como por las omisiones en determinar qué sucedió con los demás desaparecidos y con el magistrado Urán. A pesar de este avance, la estrategia es aún muy problemática, pues busca reducir el alcance de la condena a como dé lugar. Tal intento es moralmente reprochable, pues revictimiza a las víctimas al minimizar la gravedad de lo sucedido. Pero además es poco fructífero jurídica y políticamente, pues la condena es inevitable.
El Estado busca restringir su responsabilidad por los desaparecidos no reconocidos y por la muerte de Urán al hecho de que todavía no se sabe qué sucedió con ellos. Pero su responsabilidad es mucho más amplia. Existen pruebas de que, durante la retoma, el Ejército controlaba la suerte de las personas que encontraba con vida; también de que seleccionó a los que consideraba aliados de la insurgencia y dispuso de las vidas de algunos. Y hay pruebas de que el involucramiento del Ejército ha sido ocultado por autoridades militares y civiles, que además han entorpecido las investigaciones. Por ello, es muy probable que la Corte IDH condene al Estado, no sólo por omisiones en la investigación, sino también por no garantizar la vida de todos los desaparecidos y de Urán en una situación en la cual tenía la capacidad de hacerlo, y por evitar activamente que se sepa lo sucedido.
El Estado intenta reducir su responsabilidad por las omisiones en la investigación anunciando una semana antes de la audiencia ante la Corte que emprenderá medidas contra la impunidad, como crear una unidad especial en la Fiscalía e investigar a los ministros en ejercicio durante la toma. Las víctimas han solicitado durante años esas medidas, y su adopción temprana habría permitido avanzar mucho más en el esclarecimiento de los hechos. Por ello, es posible que la Corte reconozca la importancia de las medidas pero declare su carácter tardío y ordene garantías para que sean puestas en práctica.
Así pues, la estrategia del Estado no rendirá mayores frutos ante la Corte, pero sí perpetuará la imagen de que aquel tiene un compromiso débil con los derechos de las víctimas. Con ello, el Gobierno actual desaprovechará la gran oportunidad que tiene de rechazar enfáticamente los abusos del pasado y lanzar el mensaje de que éstos ya no son admitidos. Eso podría lograrse a través del reconocimiento pleno de su responsabilidad y la propuesta de una solución amistosa.
Sólo así podría el Gobierno dignificar a las víctimas como se lo merecen, así como obtener legitimidad por hacerlo. Como lo muestra el caso argentino, la solución amistosa de la mayoría de casos ha permitido a los gobiernos recientes alegar creíblemente que están comprometidos con los derechos humanos y distanciarse así de los que cometieron abusos. Al parecer, el gobierno de Santos no se anima a tanto. Pero si no se anima, le quedará difícil continuar enarbolando la bandera de las víctimas porque pocos le creerán.