El comienzo del tercer mandato presidencial de Luís Inácio Lula da Silva fue empañado por la acción violenta organizada de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. El 8 de enero en Brasilia, miles de personas invadieron los edificios de la Plaza de los Tres Poderes —en donde se encuentran los máximos organismos del Estado— para exigir a las fuerzas armadas la deposición del recién posesionado presidente, una afrenta directa a la democracia brasileña.

Han pasado algunas semanas y varias preguntas se mantienen en el aire. ¿Cuál fue el papel de las fuerzas armadas y de la policía de Brasilia en la invasión? ¿Cómo será el proceso judicial contra Bolsonaro, quien se niega a volver de los Estados Unidos? Y quizá una de las preguntas esenciales, ¿cómo actuarán los poderes del Estado para rastrear y juzgar a quienes invadieron las sedes del Gobierno, a la vez que fortalecen la democracia y el Estado de Derecho?

Un nuevo ataque a la democracia

En una macabra conmemoración, a dos años exactos de la invasión del Capitolio de los Estados Unidos por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, el mundo vio cómo un puñado de guardias fracasaban en evitar la entrada de miles de manifestantes a los edificios federales de Brasil. Las consignas eran las mismas: las elecciones presidenciales fueron un fraude orquestado por fuerzas contrarias al clamor de millones de seguidores del ex presidente.

Bolsonaro, al igual que Trump en su momento, alimentó ese discurso y animó a las fuerzas armadas a que apoyaran a sus seguidores para deponer a Lula y restaurar su posición de primer mandatario. Aunque la zozobra de la invasión fue enorme, los invasores fueron expulsados de los edificios y, hasta el momento, hay más de 800 personas detenidas.

Según Camila Asano, directora de la ONG Conectas, lo que ocurrió el 8 de enero no fue una sorpresa. Según ella, el intento de golpe “hace parte de un proceso antidemocrático que inició con el gobierno de Bolsonaro y cuyo mayor vocero era él mismo. Sabemos que, desde su posesión, el ex presidente posicionó una agenda antiderechos, que ahora se refleja, por ejemplo, con la crisis de salud que vive el pueblo Yanomami”.

Asano también aseguró que ese impulso contra los derechos de los grupos minoritarios incentivó a grupos radicalizados, los cuales, por lo demás, pudieron acceder con facilidad a armas gracias a las reformas que realizó el Gobierno. 

“Durante sus cuatro años de Gobierno, continúa Asano, Bolsonaro promovió las fake news. Un ejemplo, fue la desinformación y negacionismo que promovió durante la pandemia, que ubicó a Brasil como el segundo país con más muertes por Covid-19”.

Las extensas campañas de desinformación tuvieron su punto más álgido en las elecciones generales de 2022, cuando Bolsonaro no reconoció los resultados e hizo llamados constantes para que la victoria de Lula no fuese reconocida. Sin embargo, el 1 de enero, la transición de poder se dio sin mayor sobresalto.

Desde el año pasado, Bolsonaro se ha resguardado en Estados Unidos —en donde se encontraba de vacaciones— y contra él cursa una investigación por parte del Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo tribunal de Brasil, en cabeza del ministro Alexandre de Moraes; por su parte, el Gobierno ha indicado que identificará e imputará a los criminales, Lula ha removido la cúpula de todos los medios públicos del país,  13 militares del Gabinete de Seguridad Institucional han sido apartados por su omisión o connivencia con el llamado a un golpe de estado y el comandante de las fuerzas armadas ha sido reemplazado.

La Rama Judicial en Acción

Hasta el momento, el ministro Moraes estudia los casos de los detenidos en las protestas y el campamento que se montó frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia —quienes exigían al ejército realizar un golpe de estado—. Además, en una serie de medidas nunca antes vistas en Brasil, apartó al gobernador de la ciudad, Ibaneis Rocha, por 90 días y ordenó el arresto del ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, quien ejercía como secretario de seguridad de la capital, por no actuar ante la invasión.

Hasta el momento, las investigaciones avanzan y la Procuraduría General de Brasil recopila pruebas en contra de las personas investigadas. La hipótesis que se mantiene hasta el momento es que Bolsonaro, apoyado por un séquito de seguidores en altos cargos públicos, orquestaron un intento de golpe de estado. Además, contra el ex presidente ya cursan otras tres investigaciones y no se sabe si regresará a Brasil a encarar la justicia.

¿Un ministro todopoderoso?

En las últimas semanas, una polémica se ha alzado en contra de Moraes, la figura política más importante de este momento en Brasil, pues es el relator de las siete investigaciones que cursan en el STF. El ministro, quien también es presidente del Tribunal Superior Electoral, ha tomado las riendas de la lucha en contra de la extrema derecha. En 2019, Moraes lideró una investigación para desmantelar las redes de noticias falsas sobre el STF; asimismo, en 2020, Moraes fungió como ponente de la investigación para detener la financiación y organización de grupos antidemocráticos.

El ministro, por tanto, ha sido una figura muy importante en la política brasileña, en especial desde las elecciones generales en octubre del 2022. Así que, cuando se dio la invasión en la Explanada de los Ministerios, las decisiones que tomó fueron aplaudidas por los seguidores de Lula.

Sin embargo, el actuar de Moraes ha abierto la discusión sobre qué tan lejos se puede llegar para coartar la libertad de expresión y la organización de grupos que atentan de manera definitiva contra la democracia y el estado de derecho. En los últimos días, varios medios de comunicación (O Globo, The New York Times y el periodista Glenn Greenwald) han mencionado que Moraes ha tomado medidas excesivas bajo la excusa de respaldar la democracia.

Por lo pronto, las decisiones han sido respaldadas por el resto del STF, lo cual ha asegurado que las medidas no son arbitrarias y proceden de acuerdo al estado de derecho. El reto ahora es que los poderes públicos y las instituciones logren fortalecer una democracia carcomida por el extremismo y el autoritarismo.

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