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La despenalización del aborto en Colombia: diez años de un derecho no realizado
Por: Dejusticia | Mayo 11, 2016
Han pasado diez años desde que la Corte Constitucional de Colombia, con la sentencia C355 de 2006, despenalizó el aborto en tres circunstancias concretas (cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o salud de la mujer; cuando la vida del feto sea inviable por cuenta de una grave malformación y cuando el embarazo sea producto de un acto sexual sin consentimiento, de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas, o de incesto).
Sin embargo, aunque el marco legal proporciona condiciones para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en tal caso que se encuentren en alguna de esas tres situaciones, en la práctica, múltiples barreras sociales e institucionales persisten y obstaculizan a las mujeres el ejercicio de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), especialmente a las mujeres rurales y las mujeres más pobres.
Según cifras del Instituto Guttmacher, el 53% de las mujeres pobres rurales sufren complicaciones graves al practicarse abortos de alto riesgo y las mujeres pobres en general tienden a no tener las condiciones necesarias para los cuidados post aborto y, generalmente, esto les genera graves problemas de salud a largo plazo, cuando no la muerte.
Además, de acuerdo con el Guttmacher, por año, en Colombia se practican aproximadamente 400.400 abortos, de los cuales solo 322 –el 0,08%- se ejecutan en el marco de la sentencia. Las constantes trabas institucionales, los prejuicios del personal médico, la estigmatización, la falta de recursos y oportunidades, son solo algunas de las limitaciones que las mujeres encuentran al momento de solicitar la interrupción del embarazo y que repercuten negativamente en sus proyectos de vida y en su salud.
Ante este panorama, Dejusticia tiene un compromiso con la superación de las barreras para la efectiva aplicación de la sentencia. Por medio de investigaciones y litigios estratégicos, Dejusticia ha contribuido al diagnóstico de la situación de las mujeres que buscan acceder a la IVE y al mejoramiento de las condiciones para que lo hagan. Un ejemplo de ello es el texto titulado “Los remedios que da el derecho. El papel del juez constitucional cuando la interrupción del embarazo no se garantiza”, publicado en 2015, el cual contribuye a fortalecer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a proveer a los jueces constitucionales de herramientas jurídicas útiles para la creación de remedios judiciales en los casos en los que el derecho a la IVE fue vulnerado.
De igual manera, Dejusticia ha intervenido en numerosas ocasiones ante las altas cortes para proteger el derecho a la IVE. Por ejemplo, en 2015, Dejusticia en alianza con varias organizaciones de mujeres, intervino ante la Corte Constitucional para garantizar el cumplimiento obligatorio del protocolo de atención en salud a las víctimas de violencia sexual. Parte de este protocolo es la garantía para las mujeres de poder interrumpir un embarazo producto de violencia sexual puedan hacerlo en condiciones óptimas. Con esto, se busca que las mujeres que provienen de contextos restrictivos y violentos -incluyendo aquellas que viven en zonas de conflicto armado- puedan ejercer su derecho y, con ello, la autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas, además de mitigar los efectos desproporcionados de la pobreza y la violencia sobre sus proyectos de vida.
Estos son algunos de los litigios, investigaciones y columnas que Dejusticia ha llevado a cabo en estos años en defensa del derecho fundamental a la interrupción del embarazo:
Nuestras últimas publicaciones:
– El ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco del conflicto armado
Nuestras últimas intervenciones
Nuestras últimas columnas:
– ¿Por qué tantas mujeres latinoamericanas aún se someten a abortos inseguros?
