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La farsa del baldío

María Paula Saffon Sanín
agosto 24, 2013

Publicado en: El Espectador

Muchos individuoos dividían las tierras en pequeños segmentos para que sus amigos y familiares las reclamaran al Gobierno de conformidad con lo permitido por la ley.

 

Muchos individuoos dividían las tierras en pequeños segmentos para que sus amigos y familiares las reclamaran al Gobierno de conformidad con lo permitido por la ley.

Una vez adjudicadas, las tierras eran reconstituidas a través de documentos de venta ficticios”. Aunque lo parezca, esta descripción no se refiere a la apropiación de baldíos que recientemente hizo Riopaila, con la “sofisticada” asesoría (i)legal de Brigard & Urrutia. Se refiere a una práctica bastante frecuente de los especuladores colombianos a fines del siglo XIX.
Cuenta Catherine LeGrand que cuando el país vivió su primer boom exportador, los precios de las tierras aumentaron exponencialmente y, con ellos, los incentivos de apropiación de la tierra pública. Entonces, como ahora, las leyes no permitían la acumulación ilimitada de baldíos, pues buscaban garantizar el acceso equitativo a la tierra. Pero también entonces, como ahora, los incentivos de acumular tierras eran tan altos que los límites impuestos por las leyes se ignoraban o manipulaban, en muchos casos con la asesoría de diestros abogados y con la complacencia gubernamental.

Como según Marx la historia se repite y tras la tragedia viene la farsa, se dice que el Gobierno actual quiere legalizar las acumulaciones de baldíos que ya se realizaron para evitar inseguridad jurídica y conflicto social. Esto ignora que fue precisamente la validación de la acumulación ilegal de tierras lo que permitió la conformación de grandes latifundios y el despojo de colonos campesinos, que condujeron a un conflicto rural que desde hace 100 años no recibe una solución adecuada.

Los campesinos víctimas de los primeros despojos protestaron ante el Gobierno y los jueces, y ocuparon tierras de terratenientes alegando que los títulos a través de los cuales las habían obtenido eran ilegales. Como mucho había de cierto en ello, en 1926 la Corte Suprema ordenó que todas las tierras del país se presumieran baldías de modo que quienes se alegaban dueños tuvieran que probar (a través de títulos originarios) que las tierras habían salido legalmente del poder del Estado y que habían sido transferidas sin violar ninguna ley. La prueba ordenada fue considerada “diabólica” por los terratenientes, que en muy pocos casos tenían seguridad de haber obtenido sus tierras de modo legal. Dada la oposición terrateniente y la desidia frente a la situación del campesinado, el gobierno liberal no adoptó la fórmula propuesta por la Corte, sino que expidió una ley de reforma agraria que aceptó como válidos títulos de dudosa proveniencia. Con ello, permitió que muchos despojos fueran legalizados y que muchos colonos ocupantes fueran desalojados.

Por eso, muchos consideran que la reforma agraria en Colombia fracasó y que aún estamos en mora de resolver las injusticias del campo. El Gobierno parece aceptar esa tesis, pues discutió con las Farc el problema agrario y anunció haber llegado a soluciones concretas. Sin embargo, su aparente interés en convalidar las operaciones ilegales de baldíos que ya se realizaron borra con el codo lo que hace con la mano. Esa solución es una farsa, pues permitiría nuevas formas de concentración de la propiedad y facilitaría nuevos despojos, perpetuando así el conflicto rural.

Si no queremos repetir la historia y mantener vivo el conflicto, ¿por qué no invertimos la carga de la prueba, como lo proponía la Corte de los 20, y exigimos que, para conservar las tierras baldías del Estado, los sofisticados abogados de los especuladores deban probarnos que fueron obtenidas sin violar ninguna ley?

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