El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, elaborado por Transparencia Internacional, lo encabezan Dinamarca, Finlandia y Singapur, catalogados como los países menos corruptos, con puntajes entre 84 y 90, en una escala de 0 a 100, siendo 0 el mayor nivel de corrupción. En contraste, los coleros de la lista son Venezuela, Somalia y Sudán del Sur, clasificados como los países con más corrupción, con puntajes entre 8 y 10. Colombia se ubica en el intermedio, con un puntaje de 39, superado por Italia que tiene 54 puntos. Estados Unidos, cuyas recientes medidas de suspensión del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) fueron analizadas en el texto “El abandono de Trump a la lucha global anticorrupción”, obtiene un puntaje de 65. 

Para el año 1995, cuando se lanzó el IPC, Italia era el país con mayor percepción de corrupción de Europa. En ese entonces, el país obtuvo una puntuación equivalente a casi 30 puntos. No obstante, en un periodo de 20 años ese puntaje ha aumentado progresivamente, llegando a 54. Colombia, en el mismo periodo, solo mejoró 5 puntos. 

Italia es un caso de estudio que nos deberíamos atrever a mirar con detenimiento, pues su contexto tiene algunas similitudes con el nuestro. La violencia, los cárteles y las mafias, que por desgracia compartimos, son realidades que influyen en los niveles de corrupción y en la percepción de la ciudadanía. Cuando hay presencia de estos fenómenos, la respuesta estatal requiere aproximaciones diferentes. No es lo mismo confiar en las instituciones o denunciar actos de corrupción en un país en que romper el silencio se paga con la vida. En estos contextos, hay una pugna constante para equilibrar la lucha contra la corrupción, la mejora en la seguridad y el respeto por los derechos humanos. Entonces, ¿qué estrategias y reformas adoptó Italia para mejorar su puntaje y reducir la percepción de corrupción?

• Codificación del delito de asociación mafiosa 

En un contexto de altos niveles de corrupción y de criminalidad organizada, Italia hizo reformas legislativas para incluir dentro de su Código Penal el delito de asociación mafiosa. Hay una asociación cuando hay tres o más personas reunidas con el mismo propósito y tiene carácter mafioso cuando se reúnen tres requisitos: la fuerza intimidatoria (capacidad de infundir temor), el sometimiento (coacción o carencia de libertad) y la existencia de un código de silencio. Las asociaciones mafiosas se reúnen para cometer delitos relacionados con gestión o control de actividades económicas, concesiones, licitaciones y servicios públicos, así como para obtener beneficios o ventajas indebidas, ya sea para sí mismas o para terceros. 

Este delito se castiga con penas de prisión que van hasta los 26 años, con la posibilidad de aumentarse por un tercio o la mitad cuando los grupos están armados. Los bienes jurídicos que protege el delito de asociación mafiosa son el orden público, entendido como el buen funcionamiento de la vida social en el estado, y la libertad moral de los ciudadanos de escoger libremente, especialmente en aquello relacionado con la vida económica. 

La tipificación de este delito, que ha sido modificado varias veces y  sometido a interpretaciones judiciales para incluir el concurso externo que recoge a terceros beneficiarios,  marcó un hito en la lucha contra las mafias italianas, permitiendo la judicialización de personas por el simple hecho de pertenecer a una asociación mafiosa o beneficiarse de ella. Junto con las modificaciones al régimen penitenciario, que buscan el aislamiento estricto de ciertos detenidos, estas medidas representaron una respuesta legislativa y jurisprudencial que buscó frenar directamente la impunidad de estos grupos criminales y afectar las estructuras mafiosas. Además, se amplió el espectro de personas que pueden ser condenadas, pues permitió la persecución penal de empresarios o políticos que beneficiaban a las mafias.  

Aunque pocos se atreven a cuestionar la eficacia de la inclusión de estos tipos penales y su tratamiento penitenciario para la lucha contra la criminalidad y la corrupción, hay quienes afirman que ha habido un exceso en la discrecionalidad de los jueces que ha conllevado interpretaciones judiciales amplías y disímiles de este delito que generan problemas de seguridad jurídica. 

• Confiscación de bienes 

Otra de las herramientas usadas por Italia para fortalecer su lucha contra la corrupción fue la flexibilización de los límites de aplicación de la figura del decomiso, que permite confiscar los bienes del presunto delincuente, en aquellos delitos cometidos en contra de la Administración Pública. A diferencia de lo que ocurre cuando se investigan otro tipo de crímenes, cuando se persiguen actos de corrupción, la confiscación de los bienes no es opcional, sino obligatoria. Adicionalmente, en estos casos no es necesario esperar a que se dicte una sentencia condenatoria para confiscar bienes, sino que esta puede tener un carácter preventivo. Esta figura también puede ser aplicada de manera retroactiva e, incluso, en contra de herederos cuando el criminal ha muerto. Finalmente, otro factor diferencial es que los bienes confiscados luego son utilizados con fines sociales, pudiendo ser administrados por asociaciones u organizaciones sociales. 

Este tipo de medidas ha logrado impactar las economías corruptas, privando a los criminales del disfrute de las ganancias obtenidas ilícitamente; beneficiar la administración pública y al colectivo social, a través del goce de los bienes confiscados; restablecer el equilibrio económico y el status quo, devolviendo las cosas al estado como lo estaban antes de la comisión del delito;  y, por último, también ha surtido un efecto simbólico en relación con la lucha contra la corrupción. 

No obstante, hay quienes argumentan que a la aplicación de estas medidas les falta también la concurrencia de las garantías mínimas del decomiso y que esta flexibilización de requisitos tiene la potencialidad de violar el derecho a la tutela efectiva, a los principios generales de un juicio justo y a la efectiva contradicción entre partes. 

• Protección de testigos 

Considerando que las estructuras corruptas se desintegran mejor cuando se atacan desde adentro, Italia decidió fortalecer sus políticas de protección a denunciantes y arrepentidos. Así estableció una serie de medidas de protección que incluyen la reubicación de las personas, asistencia financiera y cambio de identidad. Asimismo, ofrecen una serie de beneficios y de reducción de penas para aquellos que participaron en la comisión de los delitos. En los inicios de estos programas hubo un auge del “fenómeno colaboracionista”. No obstante, con los años este se fue mermando, pues la legislación se volvió más exigente y restrictiva. Los colaboradores fueron de gran utilidad para la justicia, aunque hubo reservas en relación con la veracidad de las delaciones. 

Estas medidas, en conjunto con otras de carácter institucional como la creación de una Fiscalía Nacional Anticorrupción, el establecimiento de la Dirección Nacional Antimafia y de una Autoridad Nacional Anticorrupción; o la expedición del Código de Contratación Pública (con medidas anti corrupción), han sido determinantes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Además de la mejora en el IPC, han logrado resultados tangibles como la reducción significativa de la tasa de homicidios, la detención de miles de personas corruptas y la confiscación de más de 20.000 inmuebles que han sido usados con finalidades sociales y colectivas. 

No existe una fórmula mágica para luchar contra la corrupción y no se podría asegurar que la reforma institucional, de manera independiente, o la creación del delito de asociación mafiosa, por sí misma, fueron las que lograron estos resultados. Sin embargo, lo que sí es cierto es que todas esas estrategias en conjunto alcanzaron parte de los objetivos propuestos. En ese sentido, pareciera que una de las opciones viables y efectivas para la lucha en contra de la corrupción es adoptar medidas en frentes distintos. Avanzar en todas, sin descuidar ninguna. 

Por eso justamente, preocupa la decisión de Estados Unidos de suspender la aplicación del FCPA, como norma que sanciona el soborno y la corrupción en el extranjero, pues no parece muy acertado  impedir que se siga luchando contra la corrupción a través de mecanismos legales que ya estaban en marcha y habían demostrado ser eficaces. Luchar contra la corrupción requiere de multiplicidad de acciones simultáneas, de conciliar intereses de seguridad, anticorrupción y garantía de derechos humanos. 

Colombia también tiene ese reto y para enfrentarlo podría mirar lo que han hecho los otros, adaptar a su contexto e implementar. Nos urge seguir impulsando la protección a denunciantes; evaluar la posibilidad de entregar bienes confiscados por actos corruptos a causas sociales; y tener la apertura necesaria, no para copiar a Italia, pero sí para retomar las lecciones aprendidas a la luz de nuestro contexto e historia.  Varias de estas lecciones se podrán apreciar en el más reciente libro de Naomi Roht-Arriaza que responde a la entrevista de Vivian Newman a continuación.