En la costa pacífica, entre Ecuador y los departamentos de Nariño y Putumayo, el pueblo binacional inkal Awá ha habitado por siglos. Es uno de los 64 pueblos indígenas en Colombia que todavía conserva su lengua nativa, el awapit, y que pervive gracias al esfuerzo de las 25.000 personas que lo hablan. El lugar en que residen los Awá se denomina Katsa Su, que significa Gran Territorio y representa una compleja red de interacciones entre las personas, los seres no humanos y los espíritus. Para el Pueblo Awá, el Katsa Su solo está bien si las comunidades pueden transitar a través de él y llevar a cabo sus actividades tradicionales.

Representación del Katsa Su. Fuente: Plan de Salvaguarda Étnica del Pueblo Indígena Awá. 2012.

Pero, desde los últimos 30 años, esto no ocurre. El Katsa Su también ha sido un territorio en disputa por parte de diversos grupos armados. En la lógica de guerra de estas personas, esa zona en el sur de Nariño es un lugar para producir y transportar droga, para extraer oro, y para robar petróleo del Oleoducto Transandino. En cada rincón del territorio, sus habitantes ven como, poco a poco, se exterminan los ríos y bosques. Y con ellos, su cultura.

Así que por años se han enfrentado a los agravios contra el medio ambiente, contra sus vidas, sus costumbres y su dignidad. Por ejemplo,  en 2009, 28 personas fallecieron en dos masacres cometidas por las FARC. Desde entonces, la Corte Constitucional ha buscado proteger al Pueblo Awá por medio de tres autos —el Auto 004 de 2009, el Auto 174 de 2011 y el Auto 620 de 2017—, y en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para acelerar procesos de desminado y cese al fuego por parte de los diferentes grupos armados que intentaban controlar el territorio.

Ninguna de estas medidas ha surtido efecto y por ello, en 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) intentó abordar la violencia contra el Pueblo Awá de otra manera, y acreditó en el Caso 002 al Katsa Su como víctima del conflicto armado. Desde entonces, las diferentes organizaciones indígenas que agrupan a los Awá —UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP— han trabajado junto a la JEP y la Comisión de la Verdad para esclarecer las consecuencias de la guerra en el Katsa Su y proyectar su cultura hacia el futuro.

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A pesar de que los avances han sido constantes y positivos, la violencia no cesa. El pasado 3 de julio, el gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta, Juan Orlando Moriano, fue asesinado por 10 hombres que lo interceptaron mientras se movilizaba en su vehículo. Junto a él murieron otros dos indígenas que hacían parte de su esquema de seguridad: John Faver Nastacuas y Carlos José García. La masacre ha puesto en alerta a autoridades de varias partes del país e incluso ha cobrado mayor significado tras las declaraciones hechas por el Ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que la muerte de Juan Orlando se debió a una disputa por los precios de la coca cultivada en la región.

Más allá de los comentarios estigmatizantes del Ministro de Defensa, voceros de la organización UNIPA han asegurado que el asesinato de Juan Orlando se debió a su fuerte liderazgo: él se encargaba de coordinar a las 1.600 personas que integran la Guardia Indígena ahí y era muy cercano a los procesos de educación de niñas, niños y jóvenes para evitar el reclutamiento forzado. Por ello, desde el mismo 3 de julio, se inició una minga humanitaria por el Pueblo Awá, la cual ha incluido una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales para llamar la atención de la grave crisis humanitaria y ambiental que vive el Pueblo Awá en Nariño.

El pasado 14 de julio, representantes de UNIPA realizaron una rueda de prensa para denunciar las nuevas agresiones en contra de las comunidades del Pueblo Awá, así como los intentos de los diversos grupos armados por resquebrajar la confianza entre ellas. Floriberto Canticus, Consejero Secretario General de UNIPA, expresó:

“Estamos realmente en riesgo inminente […] (Los líderes y lideresas) hemos sido y seguimos siendo objetivo militar para los actores armados. […] Nuestro Pueblo Awá está ubicado en una zona estratégica: tenemos salida a la costa pacífica, salida al mar; asimismo, somos un pueblo ubicado en la zona fronteriza con el Ecuador. Y en medio de tanta violencia nos han querido imponer esa política de la guerra ajena”.

Asimismo, la vocera Claudia Jimena Pai, lideresa del Resguardo Indígena Awá Chinguirito Mira y ex Consejera de Mujer y Familia, recordó que la JEP aún tiene el deber de enfrentar los casos de violencia sexual en contra de las mujeres, en especial de quienes hablaban en Awapit.

“Si miramos que ya dan las audiencias (en la JEP), en esta parte tampoco están contando la verdad. Están contando por encima. Además, hay más de 14 grupos ilegales que solo se cambian el nombre. […] Los victimarios, los que no se desmovilizaron, siguen rondando por el territorio y eso hace que a una como mujer le preocupen estas denuncias: que no se mire la garantía de protección (ni) desde la parte espiritual ni desde un enfoque étnico y de género”.

Ante estas problemáticas, la vocera Leidy Rosario Pai Nastacuas, Coordinadora de Familia, Cultura y Deporte de la Zona Telembí Awá, recordó que la desidia y abandono no ha sido solo de este Gobierno, sino que es estatal, sistemático e histórico. Por ello, desde UNIPA esperan que para hacer efectiva la seguridad de los habitantes del Pueblo Awá, el nuevo Gobierno implemente el Acuerdo de Paz y designe recursos para generar proyectos productivos. Desde Dejusticia nos sumamos a este llamado para que cese la violencia en las selvas y el campo, para que inicien los procedimientos de desminado, y para que los sujetos étnicos y culturales tengan derecho a vivir en paz y en un ambiente sano.

Descargue el comunicado de prensa de UNIPA