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Manifestación para exigir "el fin a los combustibles fósiles y para demandar al Gobierno mayor ambición climática", con motivo de la Conferencia de las Partes (COP 28) en Dubái. | Efe

La justicia climática pasa por una agenda de desarrollo desde el Sur

La COP 28 reveló las tensiones entre ambiciones climáticas y las acciones reales. ¿Cómo implementar estrategias de desarrollo y cooperación acordes con la justicia climática en el Sur Global?

Por: Sergio Chaparro HernándezFebrero 21, 2024

En los círculos climáticos, el 2023 cerró con los balances agridulces sobre lo ocurrido en la COP 28 realizada en Dubai. La declaración final habló por primera vez de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, pero variadas voces han cuestionado su lenguaje poco ambicioso y sus lagunas para mantener viva la meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. Se aprobó la estructuración del Fondo de Pérdidas y Daños pero los aportes voluntarios hasta ahora de 700 millones de dólares no representan ni el 0.2% de las necesidades estimadas a 2030. En materia de adaptación los débiles compromisos financieros arrojan un balance decepcionante y en temas de financiamiento buena parte de las decisiones claves se tomarán en 2024. 

Estos resultados reflejan una contradicción que se ha vuelto el pan de cada día de los espacios multilaterales en materia climática. La ambición expresada en la retórica de los países del Norte Global —que son los mayores responsables de la crisis climática—  no se corresponde con su disposición a asumir y honrar compromisos financieros o de otra índole en línea con la urgencia del problema y con sus responsabilidades históricas. Estos compromisos tendrían que evaluarse por el grado en que los países con mayor influencia avanzan en crear un entorno internacional propicio para que los países del Sur Global logren el doble objetivo de descarbonizar sus economías y garantizar el bienestar de sus poblaciones mediante una senda de desarrollo resiliente al clima que permita el cierre de las brechas de bienestar a escala global.

Superar los desencuentros potenciando los intereses comunes

Si bien es cierto que hay fracturas importantes entre los países del Sur Global en algunos temas, la necesidad de un bloque unificado para plantear reformas a la arquitectura global que impulsen sus posibilidades de desarrollo es una necesidad imperiosa. 

En la recta final de la COP 28, por ejemplo, quedó en evidencia la oposición de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a un lenguaje que marcara el final de la era de los combustibles fósiles. Esta posición contrasta con la de los países altamente vulnerables al cambio climático como los agrupados en la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) que han reclamado la necesidad de abandonar los combustibles fósiles de forma acelerada. Contrasta también con la de un país como Colombia que, siendo altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y carbón, decidió respaldar la iniciativa internacional por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Todos estos países, sin embargo, comparten el interés de exigir al Norte Global que asuma la deuda climática que le corresponde en términos de financiamiento, transferencia de tecnología y otros medios de implementación para llevar a cabo una agenda climática ambiciosa.

Una agenda de reformas a la arquitectura financiera global que les permita implementar estrategias de desarrollo acordes con la justicia climática es una prioridad estratégica para los países del Sur Global. Por ejemplo, reformas que amplíen el espacio fiscal y mejoren las condiciones de acceso al financiamiento externo y a la tecnología le permitirían a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles —como los agrupados en la OPEP— transitar hacia otro tipo de economías, lo cual contribuiría a mitigar los impactos sobre los países altamente vulnerables al cambio climático —como es el caso de los pequeños estados insulares

Este tipo de reformas le permitirían a estos últimos, a su vez, financiar sus políticas de adaptación en formas que no agraven su crisis de la deuda.  También implementar estrategias de desarrollo basadas en energías limpias y en apuestas productivas resilientes al clima para superar su posición subordinada en la economía global. Una agenda de esta naturaleza cobra más sentido ante la evidencia de que las estrategias de desarrollo que aplicaron los países del Sudeste Asiático para transformar sus economías en el siglo XX no auguran el mismo éxito para los países que intentan dar un salto similar en el escenario actual. 

Vincular la agenda climática a otras áreas fundamentales para la agenda de desarrollo

Las negociaciones climáticas han tenido un giro considerable en los últimos años que las ha llevado a abordar temas que están a la base de este patrón de desarrollo desigual a escala global. Sin embargo, además de reformas que limiten la influencia de intereses corporativos en las negociaciones, es necesario ir más lejos en conectar la agenda climática con procesos de toma de decisiones en materia de comercio, deuda, tributación internacional, reforma al sistema financiero, entre otros temas. Esto permitiría brindar respuestas multilaterales que estén a la altura de lo que está en juego para superar la crisis climática. 

Hoy persiste una puja entre, por un lado, una agenda minimalista impulsada desde el Norte Global que quiere enmarcar las discusiones dentro de un ejercicio de contabilizar y ponerle precio a las emisiones de carbono, y una agenda que entiende que los países del Sur Global solo encontrarán creíble la promesa de un desarrollo bajo en carbono, en la medida en que exista un entorno internacional propicio y tengan las herramientas para transitar por esta senda sin sacrificar sus propias necesidades.

El liderazgo africano y la importancia de un bloque latinoamericano

Una iniciativa que plantea con claridad este vínculo entre la justicia climática y las agendas de desarrollo es el informe del Grupo Independiente de Expertos en Transición Justa y Desarrollo para África. Este informe es una invitación a distintos actores —gobiernos, sociedad civil, académicos, sector privado, medios de comunicación y a la comunidad internacional— a renovar el modelo de desarrollo con el que los países africanos proyectan su futuro en respuesta a la crisis climática de forma que puedan superar sus deficiencias estructurales en materia de soberanía alimentaria, energética y el bajo valor agregado de sus exportaciones en comparación con sus importaciones. Para ello proponen una hoja de ruta alternativa en términos de enfoques y prioridades de política, que debería combinarse con mecanismos de cooperación Sur-Sur más eficaces, y un papel de liderazgo de la Unión Africana en impulsar reformas a la arquitectura global como ha ocurrido en el caso de la apertura de negociaciones en torno a una Convención Tributaria de Naciones Unidas

Pese a su fragmentación política y a la débil integración regional, América Latina y el Caribe necesitan abordar la agenda climática desde un proyecto de desarrollo que permita fortalecer las complementariedades de los países de la región bajo lazos de interés mutuo. Los países de la región tienen diferentes ventajas que pueden combinarse: la abundancia de minerales críticos y el potencial para la generación de energías renovables en algunos países podría aprovecharse mejor si se consolida un ecosistema industrial regional con las capacidades instaladas que aproveche el acceso a un mercado regional ampliado y otras oportunidades derivadas de la proximidad a rutas comerciales estratégicas. 

Si la región no gana la confianza para afianzar su propia visión de desarrollo, esa visión le terminará siendo impuesta desde afuera, al costo de poner su enorme potencial al servicio de otros intereses. Avanzar en propuestas alternativas de desarrollo, que no necesariamente tienen que provenir de los gobiernos, puede ser una oportunidad para facilitar también la exploración de lazos de cooperación con África y otras regiones del Sur Global. 

Los impactos sobre los derechos humanos que producirá la crisis climática —como los derivados de la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos— podrán ser mitigados más eficazmente sólo en la medida en que los países avancen de forma pareja en estrategias de desarrollo compatibles con las metas climáticas que a su vez permitan garantizar los derechos que históricamente se le han negado a amplios sectores de la población en los países del Sur Global —como es el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Este vínculo entre justicia climática, desarrollo y derechos humanos debería llevar al reconocimiento de que las discusiones alrededor del alcance de las palabras en las declaraciones políticas seguirán teniendo mucho de retórica vacía en la medida en que no se creen las condiciones habilitantes y se provean los medios de implementación para una acción climática robusta. 

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