ES IMPORTANTE QUE LOS BANQUEros se preocupen de los problemas que aquejan al sistema judicial colombiano. Pero eso no significa que sus visiones y soluciones sean acertadas, como lo muestra la entrevista el domingo en El Tiempo de uno de los cacaos, Luis Carlos Sarmiento.
Tiene razón Sarmiento en que el sistema judicial colombiano tiene problemas graves de eficiencia y de falta de información, y que un Estado democrático requiere de una justicia pronta. Pero otra cosa es afirmar, como lo hace el banquero, que en Colombia no hay justicia y que eso explica la existencia de la guerrilla. Y que por ello es necesario darle a la justicia un tratamiento de choque, con los criterios de la empresa privada. Ahí hay al menos dos errores de diagnóstico y dos propuestas discutibles.

Primer error: a pesar de sus problemas, no es cierto que la justicia colombiana esté colapsada ni que el aumento de los recursos en los años noventa no haya traído ciertas mejoras. Por ejemplo, entre 1996 y 2000 hubo un incremento significativo de la productividad judicial. Los egresos en primera instancia en esos años aumentaron en más del 100%, pues se pasó de 683.038 casos en 1996 a 1’421.581 en 2000. Y eso sin hablar de lo que ha significado la tutela para muchos colombianos en la realización de sus derechos ni de la importancia de investigaciones judiciales como la de la parapolítica por la Corte Suprema.

Además, muchos análisis comparados muestran una mayor independencia y unos mejores desempeños de la justicia colombiana frente a muchos de nuestros vecinos. Por ello, si la justicia de Venezuela, Panamá o Ecuador no es mejor que la nuestra (que son los países citados por Sarmiento), ¿cómo argumentar que la falta de justicia en Colombia explica la existencia de la guerrilla? Segundo error de diagnóstico. ¿O estaría refiriéndose Sarmiento a otras formas de injusticia, como la extrema concentración de la propiedad y del ingreso en Colombia? No lo creo.

Las propuestas son además discutibles. La idea de aplicar criterios empresariales a la justicia es inaceptable, pues algo va de producir bienes de mercado a administrar justicia. Eso no significa que no deba buscarse eficiencia y eficacia en el sistema judicial; pero no con los criterios propios de la empresa privada. Y menos con aquellos del sistema financiero colombiano, que ha tenido una de las tasas de intermediación más altas del mundo.

Un tratamiento de choque puede sonar atractivo, pues es claro que la justicia colombiana tiene graves fallas. Pero si el mismo Sarmiento reconoce que no hay buena información judicial, ¿con base en qué diagnóstico se haría esa intervención de urgencia?

Además, la idea de dar tratamientos de choque a la justicia no es nueva. En Colombia esa fue la medicina usada, con pobres resultados, durante las largas décadas de estados de sitio permanente, entre 1965 y 1991, que llevaron a una justicia en permanente emergencia. Y en Venezuela o Perú, Fujimori y Chávez hicieron también tratamientos de “choque” a sus sistemas judiciales, con los resultados que conocemos.

Fuera de sus errores, las afirmaciones de Sarmiento Angulo son entonces preocupantes, pues dan la impresión de que el sistema judicial colombiano es, por usar esa horrible expresión, un “desechable”. Y eso es muy grave, pues se legitiman ataques de “choque” contra la justicia, con lo cual se ignora que uno de los grandes activos de nuestra precaria democracia es la existencia de un sistema judicial decorosamente independiente… al menos hasta ahora.