Esta última, evidenciada con el escándalo de Villarraga, justifica los llamados urgentes de reforma. Sin embargo, algunas críticas recientes mezclan los problemas reales con factores que son grandes fortalezas y que vale la pena reivindicar para que solo lo malo de la justicia sea objeto de reproche y reforma.
Por ejemplo, con motivo de la decisión del fuero penal militar, la justicia ha sido acusada de usurpar las funciones del Congreso. Pero la decisión muestra justo lo contrario. El fuero fue declarado inexequible por no cumplir el procedimiento democrático, y la vigilancia de ese procedimiento es la labor que más respeta las funciones del Congreso, pues no interviene en el contenido de decisiones democráticas. Por ello, la decisión de la Corte podría ser criticada por la interpretación que hizo del vicio de procedimiento, pero no por metérsele al rancho al Congreso. La Corte colombiana ha sido considerada un modelo a seguir a nivel global por su rol de guardiana de la democracia en esta y otras sentencias.
De otra parte, la justicia ha sido acusada de estar politizada por meter a la cárcel a militares y políticos. Pero que los jueces se atrevan a encarcelar a miembros del Estado que ostentan altos rangos es, por el contrario, una muestra inequívoca de su independencia. En muy pocos países los políticos acaban en la cárcel por delinquir, pues su influencia amedrenta a los jueces.
Según Nieto Loaiza, que la justicia persiga a militares y políticos de derecha, mientras deja libre a Piedad Córdoba, evidencia una “deriva izquierdista del sistema judicial”. El argumento carece de sustento, pues que la justicia responsabilice más a gentes de derecha no quiere decir que sea de izquierda, sino tal vez que la derecha ha delinquido más. El informe de Memoria Histórica sugiere que ello es así, pues los niveles de atrocidad de los paramilitares superan con creces los de las demás partes del conflicto.
Además, es mucho lo que la justicia colombiana ha intentado responsabilizar a la izquierda armada y sus aliados. Hay gran cantidad de condenas contra la cúpula de las Farc por violaciones de derechos humanos. Y se han abierto múltiples procesos contra políticos sospechados de aliarse con la guerrilla. El caso de Piedad Córdoba es el más ilustrativo, pues es una de las personas a quien más se le han abierto procesos judiciales. Por eso, que no esté presa es tal vez más el resultado de que no haya pruebas en su contra y no de que la justicia esté sesgada a su favor.
Pero lo que mejor muestra que la justicia no tiene un sesgo de izquierda es que las propias Farc exigen no ser juzgadas por ella. La motivación es sorprendentemente similar a la de los militares y sus partidarios cuando defienden el fuero. Ambas partes proponen ser juzgadas por entes distintos, porque saben que la justicia no atenderá a sus intereses sino que aplicará normas que pueden estar en su contra. Es decir, temen a la independencia de la justicia.
La justicia colombiana tiene, pues, virtudes importantes. Es posible que su sostenimiento dependa de que la justicia se reforme para que las fallas no las opaquen o hagan inanes. Pero si hay reforma, es clave que no se pongan en un mismo costal las fallas y virtudes, sino que estas se resguarden y aquellas se solucionen.