El pasado 22 de octubre las familias de los comuneros de Pativilca pudieron finalmente, después de veintidós años, sepultar a los seis campesinos asesinados. Sus cuerpos sin vida fueron descubiertos en un cañaveral cerca de la carretera en Lima, Perú, en 1992. La historia de estas seis familias, como la de otras de las más de 69.000 víctimas que, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú (CVR), dejaron dos décadas de conflicto armado interno, es la de una lucha incansable por esclarecer la verdad y lograr justicia. Pero es también la historia de exclusiones y desigualdades que han perpetuado la impunidad frente a los crímenes cometidos en un conflicto que golpeó todos los rincones del Perú, en el que los más vulnerables sufrieron la violencia más intensa. Esas mismas poblaciones sufren también hoy los efectos más duros de la inequidad y de la creciente represión. Y en un contexto en el que la disputa por el relato del conflicto armado se mezcla con esfuerzos por acallar los reclamos de sectores excluidos, se promulgó la Ley 32107, también llamada «Ley de Impunidad», que podría echar tierra a los esfuerzos por construir una comprensión del conflicto que favorezca la reconciliación social y permita abordar los orígenes sociales del conflicto. 

¿En qué consiste la Ley 32107?

La Ley 32107, promulgada rápidamente el 9 de agosto del 2024, bloquea la posibilidad de investigar y sancionar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos antes de 2002, cuando Perú adoptó el Estatuto de Roma, que le otorga a la Corte Penal Internacional jurisdicción sobre estos delitos, siempre que las autoridades nacionales no estén dispuestas o sean incapaces de investigarlos y juzgarlos adecuadamente. Esta ley afecta tanto condenas ya aplicadas por hechos calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como investigaciones en curso. Por un lado, se abre la puerta a que personas ya condenadas o que aceptaron su responsabilidad por hechos sucedidos durante el conflicto queden en libertad. Figuras como Nelson Carbajal García, militar sentenciado por la masacre de la Universidad La Cantuta y acusado como coautor de la masacre de Pativilca; o Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de los campesinos de Pativilca y el homicidio de 9 estudiantes y un docente de La Cantuta, ya han solicitado que se archiven sus procesos, pues corresponden a hechos que la Ley 32107 impediría sancionar. Por otro lado, esta ley vuelve a dejar indefensas a las familias de las víctimas cuyos casos no han sido esclarecidos todavía, que son más de 600. 

El impacto de esta ley es profundo y, como el conflicto, golpea con más dureza a quienes ya han sufrido la violencia. Los delitos que quedarán sin castigo afectan principalmente a poblaciones estructuralmente excluidas: comunidades campesinas o pueblos indígenas, quienes vivieron en carne propia la violencia del conflicto y que ahora ven cómo se desvanece otra vez la posibilidad de justicia que tanto han esperado. A estas comunidades, la ley les envía un mensaje claro que ya se advertía desde la CVR: “para el resto del país, en particular para los principales centros del poder político y económico, lo ocurrido en sus pueblos, casas y familias sucedió en «otro país», en un Perú ajeno a la modernidad y el poder”, y al que una vez más va a hacerse a un lado.

¿Quiénes defienden la ley y por qué?

En el fondo, detrás de la promulgación de esta ley hay una disputa por la manera en que se entiende el conflicto armado y qué medios se consideraron legítimos para contener la violencia que sufría el país desde los años 80. Sus promotores insisten en que si hubo abusos cometidos por la fuerza pública durante este periodo fueron un mal necesario, el costo de pacificar un país al que el terrorismo desangraba. Este enfoque contrasta con las conclusiones del Informe Final de la CVR que documenta que agentes del Estado serían los responsables de más del 37% de los muertos y desaparecidos del conflicto, del 83% de los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de más de 7.300 ejecuciones extrajudiciales y 6.400 casos de tortura. 

Pero que se tratara de los años más violentos del conflicto interno en el Perú no hace de estas graves violaciones a los derechos humanos un mal necesario. Esta violencia, ejercida por agentes del Estado no es justificable, sus víctimas tienen derecho a que lo que les pasó no quede en la impunidad, así en muchos casos los responsables mantengan estrechos lazos con el poder político. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público de la República del Perú advirtió que la Ley 32107 forzará a quienes todavía investigaban aproximadamente 600 episodios de violaciones graves ocurridas durante el conflicto a archivar los casos, incluyendo algunos emblemáticos como el de Manta y Vilca, Barrios Altos, Pativilca y más. 

La implicación más importante de la ley es sin duda la afectación a más de 550 víctimas y sus familiares, que una vez más ven frustrada la posibilidad de justicia y reparaciones por los crímenes que sufrieron. Además, en un escenario de mucha polarización en el que la memoria del conflicto está todavía en disputa, la sociedad en su conjunto pierde con esto la posibilidad de conocer la verdad sobre los hechos del conflicto y avanzar hacia la reconciliación.  

¿Qué se puede hacer?

En Perú ha habido voces de alerta frente a la ley y de reiterado apoyo a las víctimas y sus familias, en un momento que vuelve a abrir heridas que apenas empezaban a sanar. Pero con una sociedad civil debilitada y en un contexto de mucha volatilidad, la solidaridad y la presión internacionales son un elemento fundamental para prevenir los efectos más graves de esta ley. Además, existen precedentes que demuestran que esta presión puede producir cambios significativos y contribuir a fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto. De hecho, las leyes de amnistía promulgadas en 1995 y 1997 en Perú, que en algún sentido son precursoras de la Ley 32107, no tuvieron efectos jurídicos duraderos gracias a la intervención de la CIDH que las consideró incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y declaró que el Estado peruano tenía la obligación de investigar y sancionar esas violaciones de los derechos humanos. Es de esperar que los organismos internacionales se pronuncien y contribuyan a mitigar e incluso evitar los perjuicios que la ley pueda causar. De hecho, la ONU ya ha solicitado explicaciones a Perú sobre esta ley, a través del Comité contra la Desaparición Forzada, en un pedido presentado en octubre. 

En el nivel nacional, uno de los mecanismos más poderosos es el control difuso de las autoridades judiciales. Este principio permite que las y los jueces peruanos puedan no aplicar la Ley 32107 cuando consideren que contradice la Constitución o los compromisos internacionales de Perú. Esto crea un espacio de incidencia en el que las y los magistrados pueden decidir no aplicar la ley en casos específicos, siguiendo las directrices del derecho internacional, tal y como se inaplicó en el caso Huanta. De hecho, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la ley, lo que representa un esfuerzo clave para que la Corte Constitucional la revise y se pueda asegurar el acceso a la justicia para las víctimas. El fortalecimiento de la sociedad civil también es esencial. Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, deben continuar con sus esfuerzos para hacer visible el impacto negativo de esta ley y garantizar que las víctimas del conflicto armado interno no queden en el olvido. 

Las familias de los comuneros de Pativilca pudieron hace muy poco enterrar a sus muertos. Pero como tantas otras familias en Perú esperan todavía que se dicte sentencia sobre su caso, se conozca la verdad de lo que les pasó a sus seres queridos y se empiece a hacer justicia. Es crucial que la Ley 32107 no alargue más la incertidumbre y dolor de quienes ya han sufrido lo peor del conflicto.

*El pasado 29 de noviembre de 2024, se expidió la sentencia de Pativilca y la Cantuta. Esta sentencia es un hito importante, pues rechaza la aplicación de la controvertida Ley N° 32107. En su sentencia, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó por unanimidad a exmiembros del Grupo Colina. Este Blog Global fue escrito antes de esta importante decisión judicial, que reafirma el compromiso de algunos jueces y juezas del sistema judicial peruano con la justicia en casos de lesa humanidad.