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La justicia transicional también es con la empresa

Daniel Marín
junio 24, 2016

Publicado en: Vice

Es claro que la paz va a traer beneficios económicos para la sociedad colombiana. Esa conclusión salió a flote durante varios paneles del Foro Económico Mundial para América Latina, que se llevó a cabo en Medellín la semana pasada. Como lo resaltó la misma directora de este foro, Marisol Argueta, la inclusión de territorios aislados del país a entornos productivos jalonará la economía, así como la creciente inversión en la agroindustria, la infraestructura y en el sector servicios.

 

Es claro que la paz va a traer beneficios económicos para la sociedad colombiana. Esa conclusión salió a flote durante varios paneles del Foro Económico Mundial para América Latina, que se llevó a cabo en Medellín la semana pasada. Como lo resaltó la misma directora de este foro, Marisol Argueta, la inclusión de territorios aislados del país a entornos productivos jalonará la economía, así como la creciente inversión en la agroindustria, la infraestructura y en el sector servicios.

Una mirada sencilla a los precios de la guerra parece sustentar aún más esta posición. Al menos 114.000 millones de dólares ha costado la violencia en Colombia. Esta cifra astronómica la arrojó el más reciente estudio del Índice de Paz Global (IPG), que cada año publica el Instituto para la Economía y la Paz. Además, esta organización ubicó a Colombia como el país más conflictivo de América durante 2016 y en los 16 más violentos de los 163 países que estudia.

Como no hay certeza de que los costos de la violencia, principalmente en el gasto militar, se reducirán en el corto plazo, no es posible afirmar que estos se trasladarán directamente al sector productivo o la inversión social. Más teniendo en cuenta que implementar lo acordado en La Habana es una tarea monumental y la reducción del gasto estatal está en marcha.

Sin embargo, los cálculos muestran que tan sólo con la desmovilización de la guerrilla habrá una mejoría económica. Como lo registró un estudio reciente de la  Universidad de los Andes, “si los ataques de la guerrilla se redujeran en un 100%, y todo lo demás permaneciera constante, entonces el PIB departamental aumentaría anualmente en promedio 4,4%”.

Esos recursos a otros rubros de la economía potenciaría la inversión en el país, eso también está más que claro. Roberto Junguito, exministro de Hacienda, destacó que el desarrollo de un proceso de paz en el país fue una de las variables clave que tuvo en cuenta la calificadora de riesgos Moody´s para mantener el grado de inversión de la deuda soberana colombiana. En otras palabras, reconoció que la consolidación de una paz estable en Colombia serviría al clima de negocios.

Estas oportunidades de negocio implican unos deberes para el empresariado –micro, pequeño, mediano y grande-. La sociedad colombiana del posconflicto exige un empresariado serio y moderno que esté a la altura del momento histórico que tiene al frente, uno que pueda llevar esos anhelos de paz con dividendos económicos hacia una sociedad más igualitaria y con plena vigencia del Estado de Derecho.

¿Cómo puede hacerlo?

Isaac Castro, Global Shaper del Foro Económico Mundial, presentó dos ideas en un blog que son esenciales y merecen ser discutidas en profundidad. Por un lado, propone que “para contribuir con la recuperación económica en nuestro país, Colombia necesita fomentar inversiones privadas en antiguas zonas de conflicto, y crear oportunidades de empleo para todos los ciudadanos afectados”. Es completamente cierta la relevancia que tiene mejorar las oportunidades de empleo en regiones víctimas del abandono estatal y la violencia generalizada. En el centro de las acciones empresariales debe estar la concertación con los habitantes de los territorios sobre los modelos de desarrollo que se impulsarán

No se trata de pensar que los territorios periféricos del país, al que el tecnócrata bogotano difícilmente logra comprender, por fin les va a llegar el desarrollo o van a tener empresas modernas. En los territorios olvidados por el centro siempre han existido dinámicas económicas- legales o ilegales- y el reto está en potenciar un empresariado que se ajuste a ellas. En últimas, que el desarrollo empresarial no se mida sólo en términos de eficiencia económica sino también en clave de la inclusión social.

En el centro de las acciones empresariales debe estar la concertación con los habitantes de los territorios sobre los modelos de desarrollo que se impulsarán. Más aún ante los nefastos resultados que ha demostrado la actividad empresarial en algunas regiones del país. Ejemplos como las agroindustrias de palma aceitera en los Montes de María, las carboníferas del César o las auríferas en Marmato deben prender las alarmas sobre un modelo ineficiente para las comunidades pues las está condenando a una vida de exclusión y carencia de derechos que no garantizan la ciudadanía plena en el posconflicto.

Por  eso, abrir espacios de diálogo institucionalizados entre las comunidades y los empresarios debe ser la prioridad. No cabe pensar en la imposición de un modelo de desarrollo sobre otro. Un país que se está repensando a propósito del posconflicto debe disminuir al máximo la excesiva tensión que se cierne sobre territorios denominados estratégicos para la explotación de recursos. La disposición de que la actividad empresarial sea compatible con los modelos de desarrollo locales es uno de los puntos a los que hay que apuntar.

Por otro lado, y quizá el punto más llamativo de la propuesta que hace Castro, es su posición sobre la aplicación de un modelo de justicia transicional. Apunta: “Se tiene que garantizar un modelo de justicia transicional ya que las partes interesadas del sector público y privado están dispuestas a acoger el proceso de paz. El modelo, formado específicamente para el contexto del conflicto en Colombia, necesita incluir actores nacionales e internacionales, de diferentes sectores como la academia, la justicia internacional, y las partes armadas y desarmadas del conflicto”. Debe haber espacios de diálogo entre los empresarios y las comunidades para disminuir la tensión en los territorios estratégicos para la explotación de recursos.

Esta idea de una justicia transicional para todos, término que acuñó en su momento el expresidente Gaviria y que se refleja en lo acordado hasta ahora en La Habana, es trascendental si se quiere garantizar que la atrocidad masiva y generalizada no se vuelva a repetir. Una sociedad que se rige únicamente por las reglas del mercado es odiosa como lo planteaba en su columna de la semana pasada Mauricio García Villegas. Existen imperativos éticos que no se rigen por los paradigmas del mercado y que tienen la capacidad de potenciar nuestra cultura civilista. Uno de ellos es la justicia.

En este punto el aporte de los empresarios es crucial. La garantía de un proceso de transición que consolide una paz duradera pasa por reconocer los aportes que ese sector ha tenido en el desarrollo del conflicto. Aquí no se trata de posiciones extremas, de blanco y negro, de víctimas o victimarios, sino de múltiples grises que se deben dilucidar. En palabras a la F.M. del empresario y ahora alcalde de Cali, Maurice Armitage, “nosotros como sociedad  tenemos la responsabilidad de la violencia que se ha causado… tenemos la responsabilidad de ser el sexto país más inequitativo del mundo”, por eso la importancia de asumirla y mirar hacia adelante.  

Son miles los que por el ejercicio de su actividad empresarial han sido víctimas de exacciones y de graves violaciones a los derechos humanos como el secuestro. Pero también hay muchísimos empresarios que se valieron del conflicto para acrecentar su poderío económico. La sentencia de la semana pasada contra el ganadero Miguel Nule Amín por determinar junto con el Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia la masacre de Macayepo, donde murieron 12 campesinos, es una muestra del nivel de compenetración del empresariado en el conflicto.

Un empresariado serio y moderno debe tener un compromiso fuerte con el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. La OCDE, ese selecto grupo de países al que Colombia pretende entrar, exige del sector privado acciones certeras en esta línea. Lo que en el contexto colombiano se traslada a un aporte sustantivo a los mecanismos de rendición de cuentas sobre los hechos del conflicto que revalide, a su vez, su compromiso con el Estado de Derecho. No se trata de una cacería de brujas sino de la posibilidad de reconocer los daños sociales de juntar la actividad empresarial con las acciones del conflicto.

Tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Comisión de la Verdad serán escenarios donde los empresarios podrán demostrar su compromiso democrático con la paz. No se trata de una cacería de brujas sino de la posibilidad de reconocer los daños sociales de juntar la actividad empresarial con las acciones del conflicto y, en los casos que corresponda, de dilucidar la victimización que sufrieron por los hechos de la guerra.

Un empresariado consciente de su rol en el conflicto no es sólo una garantía de que no van a volver a contribuir en la comisión de hechos atroces sino que, desde una mirada prospectiva, es una garantía de paz hacia el futuro que facilita la generación de empresa inclusiva y el impulso de la inversión, la verdadera recuperación económica en el postconflicto.

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