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La ley para los enemigos

Mauricio García Villegas
abril 23, 2016

Publicado en: El Espectador

A Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, se le acusa de maquillaje fiscal y mal manejo en las cuentas públicas.

 

El partido de oposición (el PSDB) acaba de lograr, en la Cámara de diputados, las dos terceras partes de los votos que necesitaba para iniciar el proceso de su destitución ante el Senado.

Esto ocurrió el pasado 17 de abril en una votación que es ya una pieza clásica de la cultura política latinoamericana. En una trasmisión nacional de más de seis horas (parecía la final de un mundial de fútbol, con Brasil jugando), los parlamentarios desfilaron ante las cámaras de televisión para anunciar si estaban por el sí (destitución) o por el no y para decir el motivo que los impulsaba a decidir de esa manera.

Tratándose de un problema de corrupción, uno esperaría que la gran mayoría de los parlamentarios hubiese dicho que votaba para defender el Estado de derecho, la Ley o la Constitución. Pero no, hubo motivaciones tan insospechadas como las siguientes: por los militares que hicieron el golpe de 1964, por la ciencia y la tecnología, por el amor a la patria, por los doctores del Brasil, para impedir que terminemos como Venezuela o Corea del Norte, por los niños y los viejos, por los campesinos, por la iglesia evangélica a la que asisto, por la paz en Jerusalén, por mi madre de 93 años, por el fin de Petrobras, para que se acabe el comunismo en Brasil, por Dios que está en los cielos, por la memoria de mi padre, por los vendedores de seguros, por aquellos que se oponen al Estado de Israel, para darle fin al sindicalismo, por el control de armas, etc.

Galileu Nogueira, un tuitero brasileño, se dio a la tarea de ordenar por temas esta cantidad de motivaciones y encontró lo siguiente: de los 477 votos que obtuvo el sí, 92 dijeron estar motivados por la familia, 69 por el Estado, 60 por la democracia, 43 por Dios, 28 por el pueblo, 16 por el partido, cuatro por la libertad, etc. Solo uno dijo que lo hacía por defender la legalidad.

Así pues, todo indica que ante un problema institucional de esta magnitud, la mayoría de quienes van a destituir a Rousseff lo hacen en nombre de sus creencias (patria, Dios, democracia y familia), y no en defensa de la ley y del Estado de derecho. La lucha contra la corrupción parece interesarles menos que la defensa de sus intereses políticos o de su ideología. Así las cosas, ¿qué garantiza que esos parlamentarios no violen la ley cuando ella entre en conflicto con esos intereses o con esa ideología? Nada. Por eso, sin que yo sepa si la presidenta Dilma Rousseff está involucrada o no en hechos de corrupción, me parece que unos parlamentarios de oposición que tienen esas motivaciones para destituirla no son de fiar.

En Brasil ocurre lo que ocurre en tantas otras partes de América Latina: hay muchos que solo obedecen la ley cuando lo que ella ordena está en sintonía con sus intereses personales, con sus creencias religiosas, con su idea de democracia, o con la protección de su familia. De resto, cuando la ley es contraria a esos intereses superiores, es vista como una norma injusta. Y claro, cuando quieren acabar con esa ley o con las personas que se interponen en su camino gracias a esa ley, ahí sí se valen de los procedimientos legales y los usan hasta sus últimas consecuencias.

Esto me recuerda a Roberto DaMatta, el gran estudioso de la cultura brasileña, cuando muestra las implicaciones del viejo refrán latinoamericano que dice lo siguiente: “para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.

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