La legalización del porte y consumo de mariguana en Colorado y Washington, como lo han señalado algunos analistas, puede ser el comienzo del fin del prohibicionismo, o al menos una oportunidad para debatir mejores alternativas de política, que sean menos costosas en términos económicos y de derechos humanos.

Sin embargo, el apoyo popular y las nuevas leyes, pueden no ser suficientes para motivar el cambio. La posesión de mariguana es todavía un delito federal. Además, el uso de cannabis y de las otras sustancias controladas está prohibido de acuerdo con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Las únicas excepciones son los usos medicinales y experimentales.

Por estas razones, el Gobierno Federal podría intervenir, e incluso persistir en la persecución de los delitos relacionados con mariguana en los Estados que la han legalizado. Hasta ahora las autoridades federales no se han pronunciado al respecto, y Obama podría decidir respetar la decisión de sus Estados, como lo ha hecho con la aplicación de las leyes sobre usos medicinales. Sin embargo, una actitud federal que refuerce el prohibicionismo, podría acabar con las posibilidades de la regulación.

También podría haber una intervención internacional, pues la JIFE, que es la instancia de Naciones Unidas que fiscaliza el cumplimiento de los tratados internacionales sobre estupefacientes, ha anunciado que las leyes aprobadas incumplen el régimen internacional. Y aunque no anunció medidas concretas, podría implementarlas.

Claro, a pesar del anuncio genérico de la JIFE, sancionar a los Estados Unidos, si el gobierno federal decide apoyar las nuevas leyes, parece políticamente difícil. Implicaría sancionar a uno de los países más poderosos del mundo, que además ha sido el motor del prohibicionismo en materia de drogas.

No es entonces claro cuál es el futuro que le espera a estas nuevas leyes. Pero si el Gobierno Federal termina por apoyarlas, o por lo menos decide no intervenir abiertamente en contra de su implementación, los temas más interesantes a discutir tendrían que ver con la regulación del mercado de la mariguana.

En un escenario internacional que abre nuevas oportunidades para las políticas de drogas, Colombia debería irse preguntando, por ejemplo, si la mariguana podría regularse como el alcohol, o si se requeriría un régimen especial. E incluso, si el Estado debería monopolizar su producción y distribución, como lo piensa Uruguay, o podría pensarse en un mercado en el que el Estado sólo controle.