Confieso que me conmoví cuando los medios de comunicación informaron que, finalmente, las Farc estaban dispuestas a liberar unilateralmente al cabo Moncayo. Y más aún cuando oí a su padre por la radio tratando de contener la emoción que le causaba la noticia. Y no es para menos: ¡es que ya son más de once años de cautiverio!

Pero en este país no hay espacio para las ilusiones. Se me había olvidado que los secuestrados no son más que fichas descartables en la puja por la opinión pública entre el gobierno y la guerrilla. Muy pronto, el presidente Uribe dijo que no estaba dispuesto a seguir el juego de las Farc y la liberación del cabo Moncayo pasó al olvido.

Pobres secuestrados, sujetos a la mezquindad de ambas partes.

De las Farc poco se puede esperar. Al fin y al cabo, ellos son los secuestradores, y a través de los libros de los ex secuestrados ya hemos conocido sobre el trato inhumano que les han dado. Además, ¿qué podemos esperar de un grupo que no vacila en asesinar a sus cautivos para impedir que sean liberados, o que se niega a acatar las normas mínimas de humanización de la guerra?

Pero en el caso del gobierno la situación tendría que ser diferente. Él tiene la obligación constitucional de velar por los derechos de las personas, y en el caso del cabo Moncayo eso significa hacer todo lo posible para que una persona que lleva once años secuestrada pueda volver a la libertad y a su familia. Por eso, es indignante su indiferencia ante la situación de los secuestrados y de sus familias.

Entiendo que hay exigencias que son inaceptables. Pero en este caso la demanda de las Farc era simplemente que participara Piedad Córdoba en el proceso. Claro, la guerrilla también va a tratar de hacer un espectáculo con la liberación – y realmente la manipulación política de las liberaciones por parte de la guerrilla o del gobierno es siempre desagradable. Pero para un Estado constitucional – para el cual todo ser humano es un fin en sí mismo – todo eso es ínfimo si se compara con el objetivo de lograr la libertad del cabo Moncayo y de sus compañeros

El gobierno insinúa que no accede a las condiciones de las Farc para no brindarle espacios de protagonismo político ni a la senadora ni a la guerrilla. Esta razón es francamente ridícula. Primero, porque Piedad Córdoba ni siquiera se inscribió como precandidata presidencial y, además, no tiene mayores opciones de aumentar su caudal político.

Y segundo, porque todos los colombianos sabemos, y en primer lugar el Presidente, que la liberación del cabo Moncayo y de sus compañeros no va a cambiar el rechazo profundo que existe hacia las Farc. ¿Acaso no es claro que cuando las Farc intentan ganar protagonismo a través de asaltos y asesinatos siempre se elevan los índices de popularidad del Presidente?

También dice el gobierno que si las Farc quieren liberar a los secuestrados es suficiente con que informe dónde los va a dejar para ir a recogerlos. Este argumento es atractivo, pero no es probable que, en este momento, las Farc vayan a hacer eso, a pesar de que muy probablemente ya no les interesan el cabo Moncayo y sus compañeros del mismo rango. Y el costo de esa posición es que los secuestrados y sus familias siguen abandonados a su suerte.

La actitud del gobierno también responde a la concepción de que no puede haber ningún tipo de diálogo con las Farc hasta que no den muestras claras de estar dispuestas a detener la violencia. Pero esto también es irreal, pues, a pesar de nuestros deseos, el conflicto armado persistirá en el país. Y si ello es así, un gobierno comprometido con los derechos de las personas debe hacer lo posible para evitar que se prolongue el sufrimiento de aquéllos que llevan tanto tiempo secuestrados.

Por todo lo anterior, creo que los colombianos tenemos el deber de exigirle al gobierno que asuma una postura más abierta hacia la propuesta de las Farc para la liberación del cabo Moncayo, y quizás en el futuro cercano de varios de sus compañeros. Es lo mínimo que les debemos a ellos y sus familias, después de tantos años de secuestro.