La miopía del procurador

Por: María Paula Saffon Saníndiciembre 14, 2013

El Procurador creyó jugar un as de diamantes al destituir a Petro.


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Pero la jugada podría hacerle perder la mano. Su decisión generó un momento de incertidumbre política propicio para realineamientos que pueden hacer que Ordóñez se debilite o incluso salga del juego político. Si es así, la destitución ofrecería un ejemplo clásico de miopía política, pues creyendo que la persecución del adversario lo fortalecería, el procurador podría haber cavado su propia tumba.

Como llevan diciendo hace años sus críticos, Ordóñez puso en evidencia lo descabellados que eran los poderes que la Constitución le había dado a la Procuraduría. Aunque esos poderes existen desde el 91, y algunos antes de eso, ningún procurador los había usado de la manera sectaria y arbitraria que lo ha hecho Ordóñez. Esos abusos encuentran motivación en la postura ideológica del procurador de que la Constitución solo debe amparar ciertas creencias, y de que es admisible y deseable para la democracia perseguir a la oposición y eliminar el disenso.

Pero los abusos solo fueron posibles porque la Constitución le otorgaba al procurador funciones suficientemente amplias para adelantar tales persecuciones y porque la Corte Constitucional las interpretó en el sentido de que podían incluir a funcionarios elegidos democráticamente. Eso hizo que muchos constitucionalistas y miembros de la opinión pública se dieran cuenta de la necesidad de reformar los poderes de la Procuraduría, por ser atípicos en perspectiva comparada y violatorios de principios constitucionales y tratados internacionales.

Sin embargo, hasta el momento esa postura no parecía tener posibilidades reales en el Congreso, para cuyos miembros la Procuraduría es un nicho clientelar apetecido. Tal situación podría haber cambiado con la destitución de Petro, que muestra con demasiada claridad que la Procuraduría es casi omnipotente, que puede remover del cargo a los más altos funcionarios de representación popular e impedirles que gobiernen durante más de una década con motivaciones ideológicas disfrazadas de débiles argumentos de legalidad. La súbita relevancia del tema, y la movilización política que está generando, podrían llevar a que el Congreso considere tal reforma como prioritaria.

Pero además, con su decisión Ordóñez generó una oportunidad para que la oposición y algunos sectores del establecimiento se unan en torno a la reforma de las funciones de la Procuraduría y de la presión para que Ordóñez se retire del cargo. Es difícil que este último resultado suceda, aunque si se usaran los laxos estándares que usó el procurador para remover a Petro, sobrarían las razones para sacarlo a él. Como sea, una eventual alianza contra la continuidad de Ordóñez podría convertirlo en una figura estigmatizada y con poca favorabilidad, y reducir así sus posibilidades políticas futuras, que son las que parecen orientar su ejercicio del cargo y que generan esperanzas para la extrema derecha del país. Una alianza de esa naturaleza podría permitir que la oposición sobrepasara sus diferencias internas y se aliara, si no como partido con coherencia ideológica, al menos como bloque contra el proyecto político que promueve Ordóñez.

Para que una alianza así prospere, conviene que el eje sea una defensa inequívoca de la institucionalidad, que le permita distinguirse de su adversario y criticar su decisión como una afrenta a la democracia. Las alusiones de Petro a la violencia pasada contra la oposición son por ello desatinadas, pues comparan cosas muy distintas y pueden generar más apoyo al procurador en lugar de socavarlo.

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