La movilidad humana bajo amenaza: ¿Cómo responde América Latina?

El 15 de febrero de 2025 aterrizó en Ciudad de Panamá el último de tres vuelos con personas migrantes expulsadas por Estados Unidos bajo un esquema de deportaciones aceleradas. En apenas cuatro días, fueron trasladadas 299 personas provenientes de países tan diversos como Camerún, Haití, Venezuela, Nepal o Angola. Ninguna tenía vínculos con Panamá, más allá del hecho de haber sido enviadas allí por decisión de otro Estado.

Las imágenes circularon rápidamente: mujeres, hombres, niños y personas mayores, eran llevadas al hotel Decápolis sin pertenencias ni documentos, incomunicados y bajo vigilancia del Estado panameño. Posteriormente, muchas de estas personas fueron enviadas a una Estación de Recepción Migratoria en el Darién, donde permanecieron detenidas. Ante la presión de organizaciones sociales y una acción legal ante la CIDH, las autoridades panameñas ofrecieron una respuesta limitada: liberaron a las personas detenidas, les devolvieron sus teléfonos y les otorgaron permisos de estancia temporal por 30 días, prorrogables hasta 90. Pero con una advertencia implícita: ese tiempo debía usarse para abandonar el país, ya fuera regresando al de origen o buscando otro destino.

Este no fue un caso aislado. Es el reflejo de una gobernanza migratoria construida bajo una  arquitectura de control migratorio basada en la  contención, el castigo y la negación de derechos. Las personas migrantes no solo enfrentan fronteras físicas, sino también barreras jurídicas, institucionales, y culturales: obstáculos para acceder al refugio o la regularización, discriminación institucional, barreras para acceder a servicios básicos, y una presunción de criminalidad constante que recae sobre sus nacionalidades y sus documentos. Con frecuencia, son tratadas como amenazas, no como sujetos de derechos. 

Bajo estas circunstancias, ¿Cómo puede responder América Latina a políticas del Norte Global que agravan desigualdades, vacían la cooperación y reducen la migración a un asunto de seguridad y control? La región ha ensayado respuestas distintas, desde políticas de acogida y procesos de regularización que marcaron un giro regional, hasta redes de apoyo lideradas por la sociedad civil. Sin embargo, muchas de estas iniciativas atraviesan hoy retrocesos y cuestionamientos, en un contexto regional cada vez más presionado por la securitización.

Este blog analiza cómo, pese a estas tensiones, América Latina puede fortalecer y sostener respuestas basadas en derechos, en un escenario global que empuja en sentido contrario. 

Entre la contención y la criminalización: las barreras que impiden garantizar los derechos de quienes migran 

Hoy el tratamiento de la migración por parte de los gobiernos privilegia el control por encima de la protección. En el caso de Estados Unidos, la política migratoria ha sido históricamente compleja y ha atravesado diversos procesos de securitización, especialmente a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta lógica se ha intensificado de manera notable bajo la segunda administración de Donald Trump, que empezó en enero de 2025 y que ha impulsado un enfoque punitivo, estigmatizante y centrado en la externalización del control. Entre enero y abril de este año, se han emitido 142 órdenes y proclamaciones ejecutivas, y al menos 40 de ellas relacionadas con migración. Estas medidas no se limitan al ámbito interno: se proyectan hacia América Latina mediante acuerdos bilaterales que trasladan la contención migratoria a otros países. 

Estas prácticas contradicen los compromisos suscritos por los Estados de América Latina y afectan negativamente a las personas migrantes y refugiadas. La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados —que amplía la noción de protección internacional frente a contextos de violencia y violaciones masivas de derechos— ha sido ignorada. El Pacto Mundial para la Migración, aunque no es vinculante, ha sido vaciado de contenido y usado para priorizar el control sobre la cooperación. Más grave aún, se incumplen normas vinculantes como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, que consagran el principio de no devolución y establecen la obligación de garantizar, sin discriminación, derechos fundamentales como la libertad personal, la protección judicial, la integridad física y el debido proceso.

El caso de Panamá, como otros en México o El Salvador, revela cómo la criminalización de la movilidad erosiona los derechos humanos y causa daños a las personas migrantes y sus vidas. El  discurso multilateral  persiste,  pero en la práctica prevalece una gobernanza centrada en la contención, la sospecha, la detención y la expulsión. 

Externalización, securitización del control migratorio  

Desde hace décadas, pero con un renovado énfasis en los últimos años, Estados Unidos ha profundizado dos estrategias complementarias: la securitización y la externalización del control migratorio. Por un lado, la securitización implica tratar la migración como una amenaza a la seguridad nacional. Esto se traduce en el uso de las fuerzas de seguridad para controlar fronteras, tecnologías de vigilancia, y medidas que imponen barreras para acceder al refugio. Por su parte, la externalización consiste en trasladar la gestión migratoria a terceros países. A través de acuerdos bilaterales, frecuentemente opacos, Estados Unidos financia medidas de contención y entrenan a los cuerpos de gestión migratoria en países de América Latina para que frenen los flujos migratorios antes de que lleguen a su territorio. 

Un ejemplo reciente es el Programa de Movilidad Segura (2023 – 2024), impulsado por Estados Unidos, con oficinas en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Guatemala. El Programa ofrecía procesar solicitudes de refugio desde esos países. Colombia se convirtió en un laboratorio de esta estrategia: fue el país con más solicitudes y personas procesadas. Si bien la iniciativa prometía una vía más expedita para procesar el reasentamiento de personas solicitantes de refugio y brindar información sobre vías de regularización en Estados Unidos, fue inaccesible y opaca. Muchas personas no sabían cómo aplicar o en qué estado estaba su solicitud. El acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos nunca fue  publicado, lo que dificultó una veeduría pública de su implementación. Al cerrar el Programa, tras las elecciones en noviembre de 2024, la falta de rendición de cuentas se hizo evidente: las responsabilidades habían sido tercerizadas y ningún Estado ha respondido ante las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de refugio, o a peticiones de información de la sociedad civil. 

Estas tendencias confirman una realidad preocupante: los  mecanismos efectivos de protección internacional están siendo debilitados o reemplazados por modelos de control. Incluso cuando se crean programas de regularización, estos suelen ser temporales, restrictivos y poco accesibles. 

De la contención a la protección: respuestas que ponen las personas y sus derechos en el centro 

A pesar de este panorama, América Latina es un espacio de resistencia y propuesta. Durante décadas, varios países han impulsado políticas de movilidad y protección internacional más abiertas y garantistas, basadas en la libre circulación de personas y la cooperación regional. Hoy más que nunca deben resistir la presión por replicar modelos securitistas y reafirmar enfoques centrados en los derechos. 

Las personas migrantes, refugiadas, comunidades organizadas y defensores de derechos están construyendo alternativas. Ante la inversión de flujos migratorios —con personas retornando al sur debido a las nuevas restricciones del norte— han surgido redes de solidaridad que buscan proteger y acompañar. Por ejemplo, una red que ha ampliado recientemente se trata de organizaciones desde todas las Américas que monitorea y denuncia el uso de tecnología para vigilar y limitar el derecho a moverse y la migración. Otro ejemplo es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en América Central y Sur que comparten novedades de política y gestión migratoria en tiempo real y desde sus países para todos mantenerse al tanto. Organizaciones humanitarias y de derechos humanos ajustan sus estrategias para responder a nuevas formas de violencia institucional. 

Hoy, frente al avance de políticas de contención impuestas desde el Norte, el Sur no solo resiste: propone. A través de litigios, redes de apoyo, procesos comunitarios y espacios regionales, se construyen respuestas que priorizan los derechos, desafían la criminalización de la movilidad humana y sostienen la posibilidad de una migración digna y protegida. No es un camino fácil, pero es urgente y posible.

No se trata solo de sobrevivir esta amenaza a la movilidad humana, sino de su abordaje político. El Sur puede y debe articular respuestas éticas y transformadoras frente a las políticas securitizadas y externalizadas del norte. Que pasemos del enfoque en control a la protección, de la criminalización a la garantía de derechos. Hay que seguir insistiendo que migrar es un derecho; el movimiento humano no es un problema que debe resolverse, sino una realidad que debe entenderse y protegerse.