La semana pasada el Senado de la República eligió con una cómoda y anunciada mayoría al Abogado Alberto Rojas como magistrado titular de la Corte Constitucional para un periodo de 8 años, es decir hasta principios de 2021. Con 61 votos, Rojas venció a la penalista Martha Lucía Zamora (que obtuvo 19 votos) y a Alejandro Linares (quien fue respaldado por 7 senadores).

La elección ha generado varios interrogantes, tanto por algunas denuncias que se realizaron al candidato durante el proceso de elección, como por el impacto que su nombramiento tendrá en la composición de la Corte Constitucional. Por ejemplo, el activista de derechos humanos Mauricio Albarracín se refirió al proceso de selección como un intento de “Volmarización de la Corte Constitucional”. Es decir, un esfuerzo por bajarle el perfil al trabajo de la Corte eligiendo magistrados por interés político y no por sus calidades jurídicas.

Que la elección de magistrados de la Corte Constitucional prenda las alarmas de la sociedad es completamente entendible. El rol que juega la Corte Constitucional en la democracia del país es central: se trata nada menos de la entidad encargada de garantizar la sujeción tanto de gobernantes como de gobernados a la Constitución y a la ley. Además, la Corte Constitucional, gracias en buena medida a la acción de tutela, ha sido la institución estatal que más ha logrado sintonizarse con las necesidades e intereses cotidianos de la ciudadanía.

Por ello no solo son comprensibles, sino además saludables estas angustias. Sobre todo en esta época en la que las altas cortes han sido más protagónicas por decisiones de tinte clientelista que por la probidad de sus sentencias. Múltiples casos de “manzanilla” judicial, carruseles pensionales, la lamentable defensa de los beneficios propios que se pretendían obtener con el apoyo a la reforma a la justicia, el “tú me eliges, yo te elijo”, el nepotismo que rodeó la nominación del Procurador General de la Nación, entre muchos otros etcéteras, han opacado la labor de la justicia en los últimos años.

Para sumar a la decepción y la alarma, el proceso de selección tuvo varios lunares. Por un lado, el Consejo de Estado dejó la Corte en una larga temporada de interinidad dada su incapacidad para establecer un mecanismo transparente y eficaz de selección. Por otro lado, el proceso en el Congreso no tuvo en cuenta el mérito, sino la capacidad de incidencia política. El día de la audiencia pública varios partidos, sin escuchar las presentaciones públicas de los candidatos, ya habían comprometido su voto. A los congresistas de estos partidos la calidad de la argumentación jurídica de los postulantes, o su conocimiento del derecho constitucional no les importó en lo más mínimo.

Por lo que se les extrañará a los magistrados salientes

El nombramiento de Rojas se suma a la reciente entrada de Luis Guillermo Guerrero al tribunal. De allí que se diga que es una “nueva Corte”. Estos dos magistrados reemplazan, respectivamente, a Humberto Sierra Porto y a Juan Carlos Henao, dos juristas que jugaron un papel fundamental en la arquitectura de las decisiones de la anterior corte.

En primer lugar, tanto Henao como Sierra Porto son académicos con trayectorias largas y serias, ambos graduados de doctorado. Tras su salida la Corte se quedó sin doctores (en el sentido académico del término y no en el común que se usa en Colombia para llamar a los abogados). Es cierto que algunos de los actuales magistrados han sido catedráticos de universidades, pero ninguno se ha dedicado a la academia de manera intensiva. Y si bien no es necesario que todos los integrantes de una corte sean consagrados académicos, que algunos de ellos lo sean garantiza una visión analítica en un tribunal.

En segundo lugar, los dos magistrados jugaron – cada uno en su estilo – un rol fundamental de balance político. Fueron un centro que intentó integrar con argumentos a bloques conservadores y progresistas. Por ejemplo, su papel fue fundamental para las decisiones finales en casos muy divididos y polémicos como en el del principio de oportunidad y matrimonio igualitario.

Con esto, los dos magistrados se destacaron por ser un centro conciliador estratégico que ponía la naturaleza del trabajo judicial y la labor de la Corte por encima de las preferencias ideológicas o de las ganancias coyunturales. Obviamente, se pueden hacer críticas y se puede discrepar de algunas de sus decisiones, o incluso del compromiso de Henao con la Corte tras su intempestiva renuncia. Sin embargo, en términos generales el aporte de estos magistrados fue central en el desarrollo del trabajo de la institución en los últimos años.

La realidad actual de la Corte

En la Corte Constitucional colombiana es difícil hablar de bloques consolidados de progresistas o conservadores, pues muchas veces los denominados “conservadores morales” (lo que se oponen regularmente a temas como aborto o derechos de parejas del mismo sexo) votan a favor de causas progresistas en algunos temas sociales o relacionados con víctimas.

A pesar de estas distinciones, se puede hablar de un bloque conservador moralista integrado por Nilson Pinilla, Eduardo Mendoza y ahora Luis Guillermo Guerrero. Estos magistrados tienen un amplio recorrido judicial y cuentan con el mayor experto constitucionalista de esta Corte que es el magistrado Guerrero. Con este bloque además vota regularmente el magistrado Jorge Pretelt.

Al otro lado del espectro está un bloque de magistrados con tendencia progresista y comprometido con el marco de principios de la Constitución conformado por María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio. Sin embargo, con las salidas ya mencionadas, este grupo pierde un importante apoyo académico (además ninguno de ellos tiene este filiación), lo cual puede ser peligroso pues este impulso ayuda a que la posición progresista tenga una visión más global del trabajo de la Corte y su proyección futura. Parecería vital entonces reforzar los equipos de trabajo, especialmente el equipo de magistrados auxiliares, con personas que vengan de la academia.

Y finalmente queda el magistrado Mauricio González, muy criticado por su poca eficiencia y compromiso con el trabajo de la Corte, más dos magistrados que han recibido distintos cuestionamientos que aún no han sido del todo aclarados: Pretelt y ahora Alberto Rojas.

Los retos de la Corte

Distintas voces han lamentado los cambios recientes en la Corte pues los han sentido como un debilitamiento del tribunal. Otros, durante la elección, señalaron que la orientación ideológica del nuevo magistrado era crucial, pues tendría que decidir en casos tan sensibles como el posible estado de cosas inconstitucional en las cárceles o el marco jurídico para la paz.

Unos y otros tienen algo de razón. Y es así porque esa es la labor cotidiana de la Corte constitucional: decidir casos sensibles que involucran a muchos sectores de la sociedad y que determinan el rumbo de nuestra democracia. Por ello, más allá de los casos puntuales de la coyuntura política actual, los retos generales de la actual Corte, como lo fueron de las otras cortes, deberán ser los siguientes.

La preservación de la independencia judicial: para que la Corte realmente pueda ser un contra peso del poder político del Congreso y del ejecutivo, debe ser independiente de los unos y de los otros; así como de los poderes económicos y fácticos. Una Corte de jueces permeados por estos poderes y que no deciden de manera independiente sería un enorme retroceso. De eso se trata la verdadera independencia judicial. No se trata, como lo defienden algunos magistrados de otras cortes, de un poder ilimitado de magistrados que se niegan al control político ciudadano de sus actos.

El mantenimiento de la altura jurisprudencial y académica de la Corte Constitucional colombiana: si bien la Constitución creó, a través de la forma de elección de los magistrados un sistema en el que se tiene en cuenta un balance político y técnico que alimente la composición de la Corte, es fundamental que prime lo meritocrático sobre lo político. La Corte se debe a decisiones sustentadas en derecho en donde se ponderen los intereses sociales y políticos de toda la nación. Que la Corte se aparte de esta línea (que le ha dado un reconocimiento casi universal como uno de los tribunales constitucionales más preciados por su jurisprudencia refinada y sustentada) sería un enorme retroceso.

Volver a posicionarse como un ejemplo de eficiencia y celeridad judicial: lamentablemente en época reciente la Corte se ha alejado de ese estricto cumplimiento con los plazos y con esa rapidez y eficacia en sus pronunciamientos que fue su característica fundamental por más de 15 años.

Mantener los mecanismos innovadores de protección de derecho que desarrollaron las cortes anteriores: la capacidad de la Corte para innovar y crear mecanismos que realmente garanticen que los derechos sean protegidos y el poder sea controlado, ha sido en últimas lo que ha catapultado su legitimidad en la ciudadanía. Esta Corte, por tanto, debe proteger mecanismos tan importantes como la figura del bloque de constitucionalidad, el seguimiento a las decisiones judiciales, la flexibilidad para establecer los efectos de las sentencias, entre otros. Y, obviamente, no debe darse por servida con éstos, sino que no debe cesar en la búsqueda de fórmulas que nos permitan acercarnos cada vez más a la sociedad que añora y evoca el texto de la Carta de 1991.

Edición N° 00347 – Semana del 19 al 25 de Abril de 2013