Muchos han lamentado que la Corte Constitucional no hubiera permitido de inmediato que las parejas del mismo sexo ejerzan el mismo derecho que tenemos los que estamos en relaciones heterosexuales: el derecho a ser feliz (o a equivocarse, según el caso) contrayendo matrimonio. Quienes participamos en la demanda así lo hubiéramos preferido, para acabar de un tajo un trato discriminatorio que, como lo declaró la Corte, es contrario a la Constitución.

Pero como lo dijo en memorable frase un técnico de fútbol olvidable: perder es ganar un poco. En este caso, el fallo tiene dos efectos positivos fundamentales. El primero es jurídico; la sentencia deja claro que la población LGBT tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos colombianos, incluyendo la posibilidad de formar una unión matrimonial, como lo han explicado Camilo Sánchez (en este blog) y Rodrigo Uprimny (en reciente columna).

Quiero concentrarme en un segundo efecto saludable que ha sido menos discutido: el incentivo poderoso que creó la Corte para que todos los que creemos en un mundo sin discriminación –comenzando por la población LGBT— nos organicemos políticamente. Se trata del efecto de rebote de la decisión de la Corte de devolverle la pelota al Congreso y advertirle que tiene dos años para aprobar una ley que reconozca la unión de parejas del mismo sexo, con las mismas consecuencias (y, ojalá, con el mismo nombre) del matrimonio.

Así que la pelota está ahora en la cancha de la política. Y los jugadores no son sólo los congresistas, sino la sociedad civil aglutinada en organizaciones sociales, grupos de estudiantes, partidos políticos, redes sociales, medios de comunicación y muchos otros canales de opinión y participación.

Pero temo que el partido arranca con ventaja del equipo conservador. Basta ver el bloque sólido contra el matrimonio igualitario que han formado las mismas iglesias (católica, ortodoxa, cristianas) que han estado históricamente divididas en otros temas. O darse cuenta que –con las ventajas que dan el púlpito y los aliados poderosos en el Partido Conservador, el Mira y la Procuraduría— el bloque conservador está tan aceitado que acaba de presentar un completo proyecto de ley para echar para atrás los logros liberales de la Constitución de 1991 y devolvernos cincuenta años en asuntos como la eutanasia y el aborto.

Muchos han dicho que la cosa se complica aún más porque el Congreso ha sido un espacio contrario a las reivindicaciones de la población LGBT. Así es muy difícil ganar: es como jugar un partido en el que el árbitro se viste con los colores del equipo rival.

No es que Maturana me haya convertido en un defensor de la derrota, en un apologeta de la adversidad. Pero creo que aquí hay una oportunidad de oro para fortalecer el movimiento progresista, ese conjunto variopinto de ciudadanos y organizaciones que defiende la tolerancia y la diversidad. Porque quienes nos dedicamos a los vericuetos del Derecho somos los primeros en admitir que las vías judiciales son limitadas, y que nada reemplaza la movilización política de ciudadanos que convenzan a otros –en las calles, en los hogares, en los blogs, en los debates parlamentarios, en las universidades, en los medios­— de que la discriminación es insostenible. Ningún movimiento que quiera transformar un asunto tan controvertido como la familia puede poner toda su esperanza en los tribunales. La Corte ya hizo lo que pudo. Llegó el momento de la política.

Así que habrá que apoyar a organizaciones que han construido a pulso el movimiento LGBT, como Colombia Diversa. Habrá también que llegarle a congresistas favorables a la causa y otros que, sin estarlo, están abiertos a ser convencidos, ya sea con la fuerza del argumento o la del voto de los millones de ciudadanos LGBT o partidarios de la igualdad. Ahora que se fundió la ola verde, muchos de los progresistas desprogramados pueden reorientar su energía a una nueva: una ola arcoíris, que en dos años logre una ley de matrimonio igualitario y avance también contra la contrarreforma conservadora en otros frentes.

El modelo a seguir puede ser el caso reciente de Nueva York, donde fueron las estrategias políticas, lideradas por el gobernador Andrew Cuomo, las que finalmente lograron la ley del matrimonio igualitario, como lo mostró un detectivesco reportaje del New York Times.

Me tocó en suerte ser testigo en Nueva York del desfile del orgullo LGBT el pasado domingo 26 de junio, sólo dos días después de la aprobación de la ley. Ese día entendí por qué, en muchos idiomas, la palabra “gay” significa “feliz”. Una política feliz, una movilización arcoíris, puede lograr lo mismo aquí en dos años.