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La paz querida (II)

Rodrigo Uprimny Yepes
julio 3, 2016

Publicado en: El Espectador

Continuando con mi anterior columna, explico las otras cinco razones por las cuales apoyo la “paz querida” y votaré afirmativamente la refrendación.

 

Un acuerdo de paz no acabará todas nuestras violencias pues subsistirán economías ilegales, como el narcotráfico, que alimentarán formas peligrosas de criminalidad organizada. Pero, y esa es mi sexta razón, la paz negociada, al permitir superar el conflicto armado político que nos divide, sacará la violencia de la política y le dará mayor cohesión y legitimidad democrática al Estado, que podrá entonces combatir más eficazmente las otras violencias.

El principal propósito de la paz negociada es terminar el infierno de la guerra, pero, además de superar ese mal, la paz traerá otros beneficios, por lo cual es necesaria también una visión positiva de la paz.

Así, en séptimo lugar, existen estudios sobre el “dividendo económico de la paz”, que han mostrado que una paz negociada, como la de Irlanda del Norte, trae mejores tasas de crecimiento, pues la seguridad favorece la inversión, disminuyen las destrucciones ocasionadas por la guerra y el gasto militar puede ser dirigido a campos más productivos, como la infraestructura. Aunque la paz requiera inversiones, es entonces razonable suponer que en el mediano plazo gozaremos del dividendo económico de la paz.

Octavo, existe también un “dividendo democrático de la paz”. La paz negociada permitirá que enfrentemos mejor las deficiencias democráticas acumuladas de la sociedad colombiana, como nuestra profunda desigualdad, que han alimentado nuestras violencias, pero que la guerra ha impedido solucionar. Por eso, aunque algunos sostengan que no puede haber paz sin justicia social, en Colombia la respuesta parece ser la contraria: no podremos lograr justicia social sin terminar la guerra.

Las razones anteriores muestran que la paz es beneficiosa incluso para quienes no sufrimos directamente la guerra, como somos la mayoría de la población urbana. La paradoja es que, a pesar de que el conflicto armado colombiano ha sido esencialmente rural, somos los electores urbanos quienes decidiremos la refrendación. Ello nos impone un deber ético de solidaridad con las poblaciones rurales que directamente padecen la guerra y es esforzarnos por detener la confrontación armada. Esa es mi novena razón.

Algunos podrían compartir casi todas mis anteriores nueve razones, pero en todo caso sostener que este acuerdo de paz es inaceptable por la impunidad que consagra, y que violenta los derechos de las víctimas. Pero no es así, pues el acuerdo sobre justicia, a pesar de ser imperfecto (¿pero cuál justicia transicional no lo es?), es respetuoso de las víctimas y de los estándares internacionales. Esa es mi décima razón, que discutiré en próximas columnas.

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