Las Naciones Unidas declararon el 26 de junio como el “Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”. Más de 40 años de la guerra contra las drogas (desde ese día de junio de 1971, que el entonces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon utilizó por primera vez la expresión) solo nos han mostrado que un mundo libre de drogas es imposible e ingenuo.

Las drogas son parte de la humanidad como rito, ocio y expresiones sociales. Como sociedad civil queremos darle un revolcón al 26 de junio y decirle NO a las políticas fallidas de drogas y NO a la prohibición. Colombia tiene mucho por decir en este debate y muchos ejemplos para mostrar el doloroso costo de la prohibición. Los años de la guerra contra las drogas nos han dejado incontables muertos, desplazamiento, bosques y ríos contaminados. Los narcos se enriquecieron y los se campesinos empobrecieron. Las mafias crearon empresas criminales a prueba de todo y todos mientras los consumidores, perseguidos por la policía, siguen estigmatizados.

(En Colombia se llevará a cabo un evento especial en Medellín este viernes 23.)

Es hora de ser honestos y aceptar que las drogas están y estarán con nosotros, y pensar en formas más inteligentes para reducir el daño. Es hora de apoyar, en lugar de castigar, a quienes consumen drogas, trafican drogas por su condición de pobreza, o cultivan plantas prohibidas a falta de otras alternativas en el campo colombiano. Es la hora de hacer la paz con las drogas y dar fin a la prohibición.

1. “Fracasamos con la prohibición. Ensayemos la regulación” 

Colombia debe seguir pidiendo que se revise el régimen internacional contra las drogas, fundado en la prohibición, ya que ha tenido efectos muy pobres en la reducción de la oferta y el abuso de las drogas hoy ilícitas.

2. “Ni prohibición ni liberación. Regulación responsable para las drogas”

No podemos quedarnos en el falso dilema de “guerra contra las drogas” o “total liberalización del mercado”. Hay opciones intermedias de reducción del daño y regulación estricta de las sustancias psicoactivas, que han mostrado mejores resultados en salud pública y en respeto de los derechos humanos.

3. “Basta de prejuicios. Drogas no es igual a delincuencia” 

La prohibición ha hecho que en la práctica se trate a los consumidores como si fueran delincuentes. En el marco del régimen prohibicionista internacional de drogas, Colombia puede promover cambios profundos para avanzar hacia una política nacional fundada en un enfoque de derechos humanos y salud pública; en la evidencia y no en los prejuicios.

4. “No a la criminalización de la dosis personal”

El consumo de drogas no se debe criminalizar y debe cesar la persecución a los usuarios, como ha insistido la Corte Suprema de Justicia. Ese enfoque estigmatiza a los consumidores, desconoce su autonomía y los expone a mayores riesgos. 

5. “Primero la salud, el agua y la educación antes que la erradicación” 

Medir el éxito de la política de drogas por reducción de cultivos o número de capturas, ha sido un enfoque nocivo para las personas que derivan su sustento de la hoja de coca. Colombia debe evaluar el éxito con indicadores como la reducción de daños a la salud y el medio ambiente, o el acceso de cultivadores a servicios básicos como educación y salud, o la presencia de infraestructura (agua, carreteras, etc.) en las zonas que ellos habitan.

6. “Regulación = drogas limpias para consumidores responsables”

Los posibles efectos nocivos del consumo de drogas pueden ser minimizados, con programas como servicios de análisis de sustancias y sistemas de información para los consumidores. La política de drogas debe diferenciar en forma clara las estrategias para reducir el abuso de sustancias de aquellas destinadas a enfrentar la producción y el tráfico, especialmente cuando estas últimas tienen una vinculación directa con la criminalidad organizada.

7. “La atención integral para los consumidores implica derrumbar los estigmas”

La política frente al consumo debe incluir estrategias para reducir el daño, fortalecer la prevención y atender integralmente a los consumidores. Esto implica su inclusión social, la promoción de sus capacidades, su participación y la reducción del estigma y la discriminación.

8. “La coca, la marihuana y la amapola son plantas sagradas”

Las políticas para reducir los cultivos de uso ilícito deben tener un enfoque territorial y una intervención integral del Estado, que lleve a las poblaciones seguridad territorial, servicios de justicia, y bienes y servicios para su progreso. Además, deben promoverse los usos medicinales, industriales y ancestrales de las plantas de marihuana, coca y amapola.

9. “La cárcel no es la única respuesta. Sí a los beneficios carcelarios para las mujeres” 

En Colombia, cinco de cada diez mujeres encarceladas terminaron en prisión por delitos de drogas y muchas de ellas por delitos no violentos. La gran mayoría son madres cabeza de familia que se involucraron en este negocio por falta de oportunidades laborales. Deben buscarse alternativas a la persecución penal de cultivadores y de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico. También se debe reconocer el enfoque de género en la política de drogas y brindar alternativas para las poblaciones como las mujeres, que están en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.

10. “Que la lucha sea contra las estructurales criminales”

En el 2014 había 23.141 personas privadas de la libertad por delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, mientras que solo existían 244 personas por delito de lavado de activos. Esto refleja un desequilibrio en la política criminal, pues se castiga más y con mayor severidad aquellos delitos que tienen poco impacto en el crimen organizado. El Estado debe concentrarse en desmantelar las estructuras criminales, llenando los vacíos institucionales y organizacionales que permiten que estos grupos se reproduzcan.