La Procuraduría intervino para apoyar nuestra tutela de cambio climático

Por: Dejusticiafebrero 2, 2018

El delegado para asuntos ambientales apoya la demanda de los 25 jóvenes y denuncia que el Gobierno no tiene una política clara para detener la deforestación, principal causante del calentamiento del país.


“No existe un control a la deforestación”… “La deforestación en la Amazonía incide directamente en el calentamiento global”…“La depredación de las especies vegetativas pone en riesgo y vulnera derechos fundamentales como el agua, la seguridad alimentaria, la salud, la dignidad humana, y un medio ambiente sano”. Estos son algunos de los argumentos que usó la Procuraduría en una coadyuvancia que presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá, para apoyar la tutela que 25 niños, niñas y jóvenes interpusieron el lunes 29 de enero en ese mismo juzgado, argumentando que la deforestación en la Amazonía y sus efectos en el calentamiento del país, están amenazando sus derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua.

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El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, expresó su apoyo a los niños y jóvenes, y solicitó que se le ordene al Estado colombiano tomar medidas contundentes para frenar la deforestación en la región más biodiversa del país. “Le asiste razón a los demandantes al indicar que los graves efectos de la deforestación en la Amazonía colombiana les está generando afectaciones a nivel de derechos fundamentales, materializadas en el hecho de sufrir las consecuencias del desabastecimiento de agua, de alimentos, riesgos asociados a las amenazas de la naturaleza; pero sobre todo, la imposibilidad de gozar de un ambiente sano que les garantice condiciones dignas de existencia en el presente y en el futuro, dado el efecto irreversible del calentamiento global”, señala el procurador Blanco Zúñiga en el documento.

También, asegura que los derechos fundamentales que están invocando los jóvenes “han sido gravemente vulnerados” por la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales; y las alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas de la Amazonía, que son las entidades demandadas en esta tutela apoyada por Dejusticia. Según la Procuraduría estas entidades han faltado a sus “funciones constitucionales y legales” de frenar la tala de bosque amazónico, que fue un compromiso ratificado por el Gobierno colombiano en la Cumbre de Cambio Climático de París del 2015. Además asegura que en el país no existe “una política clara de gobernanza forestal que conduzca a un manejo racional y sostenible de los bosques y de sus reservas forestales”.

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Una de sus principales conclusiones es que “la deforestación indiscriminada, es un gran problema para la sociedad actual y para las generaciones futuras”. Explica que esta actividad es responsable de la emisión de los gases causantes del cambio climático (el mismo argumento que los jóvenes reiteran en su demanda), y que además genera la pérdida de animales y especies, altera el ciclo del agua y genera erosión. “Todos estos efectos provocan el aumento de las inundaciones en época de invierno, la falta de agua en época de verano, y la restricción para producir alimentos”.

Por último, el procurador Gilberto Augusto Blanco pide que se amparen los derechos fundamentales de los niños y jóvenes demandantes a la dignidad humana, la salud, la alimentación, el agua y el medio ambiente sano; derechos que están “amenazados por las entidades públicas demandadas en razón a omisiones derivados de incumplimientos de sus deberes de protección, conservación, inspección y control sobre los bosques nativos de la Amazonía Colombiana”.

Además el ente de control pide que se reconozca la Amazonía Colombiana como una “entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, las comunidades étnicas y de los residentes en su zona de influencia”, así como ocurrió el año pasado con una tutela que pedía proteger al río Atrato de la minería; solicita que se le ordene al Ministerio de Ambiente formular una política de gobernanza forestal en un plazo de seis meses, y que las autoridades ambientales, gobernaciones y alcaldías contrarresten toda forma de deforestación en esa área.

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