Dos enfoques opuestos políticamente, pero idénticos en su menosprecio por las instituciones.

Ante la avalancha de gente de todo tipo que está siendo vinculada al proceso de la ‘parapolítica’ -militares, empresarios, funcionarios, etc.-, algunos piensan que no es el Estado el que debe inculpar a la gente que colaboró con los ‘paras’, sino todo lo contrario: que es la gente que colaboró la que tiene derecho a acusar al Estado por no haberlos defendido cuando llegó la guerrilla.

Ese razonamiento se parece mucho a su opuesto político, es decir, al de quienes defienden -la guerrilla entre ellos- el derecho de resistencia frente a leyes injustas expedidas por el Estado. Cuando una norma viola derechos fundamentales, dicen, la gente tiene derecho a rebelarse, con armas si es necesario, para defenderse.

Desde la Independencia asistimos a guerras propiciadas por grupos que esgrimen estos dos razonamientos -falta de Estado o falta de justicia- para justificar la desobediencia o el levantamiento armado contra el Estado. Se trata de dos enfoques opuestos políticamente, pero idénticos en su menosprecio por las instituciones. La forma como el Gobierno ha manejado el actual escándalo de la ‘parapolítica’ es la manifestación más reciente de esa manera de pensar.

Con esto no quiero decir que la falta de Estado o la injusticia representen problemas menores. Se trata de asuntos muy serios y complejos. Lo que quiero decir es que es muy difícil construir una institucionalidad democrática en medio de una cultura política que supedita la validez del derecho a las razones morales y políticas que tiene la gente.

Desde luego, no todos los casos de desobediencia son iguales. Hay que distinguir dos situaciones. No es lo mismo resistirse a obedecer una norma que viene de un régimen totalmente ilegítimo, o incluso totalmente injusto, como el nazi, por ejemplo, que desobedecer una norma que se considera injusta en un régimen que, en términos generales, puede ser catalogado como legítimo.

Pregunto, entonces, ¿estamos en Colombia en un régimen globalmente ilegítimo? Algunos piensan que sí. No lo creo. No obstante sus enormes deficiencias, no me parece que el régimen político colombiano pueda ser catalogado de esa manera. Con este juicio no justifico las enormes injusticias que existen. Tampoco me refiero al gobierno del presidente Uribe; solo hablo del Estado: de la Constitución, de sus instituciones, de sus leyes.

La misma pregunta puede hacerse respecto de la desobediencia por falta de Estado. ¿Estamos frente a un Estado colapsado? Tampoco lo creo. A pesar de todas sus deficiencias funcionales, el Estado colombiano no puede catalogarse como simplemente ineficaz. El argumento de la ausencia de Estado es todavía menos aceptable cuando es esgrimido, como sucede hoy, por políticos y empresarios cuyas actividades dependen y se benefician grandemente de las acciones eficaces del Estado central.

El consenso sobre el carácter globalmente legítimo y eficaz del régimen político colombiano es indispensable para conseguir dos propósitos. En primer lugar, para consolidar el proyecto de sociedad plasmado en la Constitución de 1991. ¿Existe otro proyecto mejor?, ¿otro más democrático y más sensato que ese? No lo creo. En segundo lugar, para terminar de una vez por todas con esa violencia endémica, engendrada en la creencia de que todo levantamiento contra el Estado que se funde en razones de justicia o de eficacia es un acto de rebelión política y por lo tanto justificable.

La propuesta del Presidente de excarcelar a los congresistas presos por ‘parapolítica’, al preferir el perdón sobre la justicia, fomenta esa cultura de la justificación de la rebelión por razones subjetivas de justicia o ineficacia del Estado y, por esa misma vía, desvaloriza las instituciones y el derecho.