LA PROPUESTA DE REFORMA JUDICIAL anunciada por el Gobierno es inoportuna para la sociedad colombiana. En cambio resulta funcionalmente oportuna para el Gobierno, pues genera un manto de duda sobre la imparcialidad de las investigaciones judiciales de la parapolítica, que han afectado esencialmente a miembros de partidos cercanos al presidente.

La reforma es inoportuna al menos por cinco razones: por su diagnóstico, por el momento en que se presenta, por su efecto distractor, por lo que propone y por lo que no propone. Veámoslo.

La reforma se centra en reorganizar las altas cortes, la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y la forma de juzgar a los congresistas. El diagnóstico del Gobierno es que estas modificaciones son necesarias para fortalecer la independencia de las cortes y despolitizar a la justicia. Pero, ¿dónde están los estudios que muestran que las altas cortes están politizadas y que ese hecho es el problema esencial de la justicia colombiana? El Gobierno no mostró ninguno.

Ese diagnóstico, fuera de poco sustentado, es presentado en el peor momento: precisamente cuando la Corte Suprema de Justicia investiga al Congreso por los eventuales vínculos de unos 70 parlamentarios con organizaciones criminales, entonces el Gobierno invita a esos mismos congresistas a que reformen a las cortes. Y a que modifiquen también el procedimiento con el cual estas cortes, supuestamente politizadas, los están juzgando.

La propuesta es también inoportuna porque distrae a la sociedad colombiana del debate esencial de cómo reformar la política, en especial para separarla de la influencia de las organizaciones criminales.

Muchas de las propuestas del Gobierno son además poco oportunas. Por ejemplo, se plantea revivir la cooptación, esto es, que los magistrados de cada corte elijan a sus sucesores. Este mecanismo, si bien puede evitar una injerencia de los partidos en la selección de los magistrados, corre el riesgo de congelar la evolución jurisprudencial y generar formas de clientelismo judicial. No parece la idea más apropiada para nombrar a los integrantes de las cortes.

La reforma es también inoportuna por lo que no propone, pues el sistema judicial colombiano dista de ser perfecto: los ciudadanos de a pie tienen muchos problemas para resolver judicialmente sus controversias. Pero la reforma del Gobierno no propone nada para facilitar al grueso de la población un verdadero acceso a una justicia eficiente e independiente.

Estas razones que hacen que la reforma sea inoportuna para la justicia, la tornan en cambio muy oportuna para el Ejecutivo. Gracias a la propuesta, el Gobierno logra sembrar dudas sobre la validez de las investigaciones judiciales sobre la parapolítica. El mensaje implícito es obvio: si es necesaria una reforma constitucional para despolitizar a las altas cortes, ¿qué valor puede dárseles a unos juicios adelantados por esas cortes politizadas?

En ese contexto, incluso propuestas inobjetables desde el punto de vista jurídico, como la doble instancia en los juicios a los altos funcionarios del Estado, se tornan inoportunas, no sólo por los efectos que podrían tener sobre las investigaciones de la parapolítica sino además porque parecen una retaliación para privar a la Corte Suprema de su facultad de investigar a los congresistas.

El Gobierno no presentó entonces una reforma a la justicia sino que usa el tema judicial para otros propósitos políticos. En este caso, el ministro del Interior y de Justicia, Valencia Cossio, actuó esencialmente como Ministro del interior, esto es, de la política, y muy poco como Ministro de Justicia. La justicia colombiana merece mucho más que eso.